Ruth Buendía, presidenta de la Central Ashaninka del Río Ene, aclara las dudas sobre su posición en relación a la Ley de Consulta Previa. Además comenta sobre el Acuerdo Hidroenergético Perú-Brasil.

En torno al debate que hay sobre la Ley de Consulta, ¿cuál es la posición de las organizaciones de los pueblos indígenas. Al parecer no se han puesto de acuerdo.
En Lima, en el Encuentro Nacional que se ha desarrollado hace algunas semanas, la mayoría de las organizaciones representantes de los pueblos indígenas han aprobado que debería modificarse la Ley de Consulta antes de hacer su reglamentación.

¿Por qué?
Porque la Ley no tiene el espíritu del Convenio 169, ni de la Declaración de las Naciones Unidas. De esa forma, de aplicarse como está, afectaría a las comunidades nativas. Queremos que se modifiquen los artículos 1, 7, 15 y la segunda disposición complementaria.

Hay algunas organizaciones que han dicho que se modifique la ley pero que se continúe con la reglamentación.
En el Encuentro, la mayoría aprobó la modificatoria de la ley antes de su reglamentación. Sólo la CCP y la CONAP están en contra de ese sentimiento mayoritario expresado en el Encuentro Nacional.

¿Por qué no se han puesto de acuerdo?
Todas las organizaciones que pertenecen a AIDESEP están de acuerdo en la modificatoria de la ley. La CONAP siempre ha estado del lado del Estado.

Lo más probable es que el gobierno nacional continúe con la reglamentación y que no se acepte la modificatoria a la ley. ¿Qué harán frente a eso?
AIDESEP presentará una acción de amparo contra el Estado para prevenir todos los abusos. Nosotros respaldaremos esta acción.

¿Qué esperan de la Ley de Consulta Previa para el futuro?
Lo único que queremos es que primero se modifique y luego se reglamente. Que se integre al Convenio 169 y a la Declaración de Naciones Unidas. Queremos que toda la jurisprudencia defienda nuestros derechos como pueblos indígenas.

Acuerdo Hidroenergético Perú-Brasil

CARE ha pedido que se suspenda el Acuerdo Hidroenergético entre Perú y Brasil a través de una demanda al Congreso de la República. ¿Qué es lo que se espera de ello?
El día 16 de febrero, como colectivo hemos interpuesto una acción de amparo contra dicho Acuerdo. Nosotros sabemos que a pesar de que una de las empresas –Odebrecht- ha dejado de realizar acciones en relación a la central hidroeléctrica de Tambo 40, el Estado tiene todavía en cartera muchos otros proyectos. Por eso, nosotros no vamos a permitir que se hagan centrales hidroeléctricas que nos afecten. Que una empresa se retire no quiere decir que el Estado va a dejar de hacer el proyecto, quizá lo proponga con otra empresa, o con la misma pero con diferente fachada.