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Recordemos al “Doctor” Montesinos en 1990

Enviado el 20/09/2017

Durante las elecciones presidenciales 1990, el sociólogo Francisco Loayza, profesor de geopolítica en la Dirección Naval de Inteligencia, se unió a la campaña de Fujimori apenas un mes antes de la Primera Vuelta.  Para ayudar al candidato a resolver denuncias de fraude fiscal, que hubieran podido afectar la participación de Fujimori en la Segunda Vuelta electoral, Loayza llamó a un amigo abogado con contactos en el Servicio de Inteligencia (SIN) y en el Poder Judicial.  El abogado se llamaba Vladimiro Lenin Montesinos Torres, tenía 45 años de edad, y había sido oficial del Ejército Peruano hasta su expulsión de la institución en 1978.

Del libro ‘El espía imperfecto: La telaraña siniestra de Vladimiro Montesinos’ (Lima: PEISA, 2003), de las periodistas de investigación británicas Sally Bowen y Jane Holligan,  provienen los siguientes párrafos.

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“Montesinos salió de la prisión [militar] a comienzos de 1978 desacreditado, desempleado y con un difícil futuro.  El Ejército, que había sido su vida desde su juventud, lo había condenado al ostracismo.  Tenía que comenzar todo de nuevo.  Rápidamente formalizó su título de abogado, y su primo Sergio Cardenal lo llevó a su estudio.  Al principio, el trabajo era escaso y se vio obligado, por poco tiempo, a hacer de taxista, pero luego de unos seis meses, el negocio comenzó a mejorar.  Sus contemporáneos señalan que el abogado relativamente inexperto comenzó a tener clientes, ya sea a través de [Jorge] Whittembury [ex teniente coronel del Ejército, expulsado por vínculos con el narcotráfico] o de la embajada de los Estados Unidos.

“Vladimiro no era un abogado común.  Decidido a amasar una fortuna en el más breve plazo, estableció sus contactos.  Debido a su persistencia y a su costumbre de compartir las ganancias que le reportaban los procesos, constituyó una bien engrasada maquinaria de policías, fiscales y jueces que le pasaban el dato cuando se presentaban «negocios» interesantes que resolver.  A fines de los setentas y durante los ochentas, eso significaba, por lo general, tomar a su cargo los casos de gente que estaba detenida por narcotráfico.

“Montesinos obtenía información de la Policía, se movía, escogía nuevos clientes y, haciendo uso de sus contactos policiales, judiciales y gubernamentales, les resolvía sus problemas.  Rara vez se le veía en los tribunales.  «Negociaba», como diría un ex colega.  «Ya en 1980 ó 1981, la Policía estaba a su servicio».  Montesinos sacaba a sus clientes del apuro y se aseguraba de demostrar su gratitud hacia aquellos que lo habían ayudado.  En algunas ocasiones, actuó inclusive como garante de narcotraficantes.  Eso fue lo que hizo para uno de sus clientes que necesitaba tomar en alquiler un departamento” (p. 73).

“Una fuente de negocios para Montesinos fue «la embajada de los Estados Unidos [que] comenzaba a enviarle todos los casos de ciudadanos estadounidenses que enfrentaban cargos por narcotráfico.  Eran una especie de ‘burriers’, una categoría inferior de narcotraficantes», según Rafael Merino.  Para éste, ello constituye la prueba de que existía «algo» en la relación entre Montesinos y los Estados Unidos” (p. 74).

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“Montesinos tuvo un temprano golpe de suerte cuando uno de los capos colombianos del narcotráfico, Evaristo Porras Ardiles, fue capturado por casualidad en Lima en 1978.  Porras Ardiles era uno de los doce miembros más importantes y poderosos del cártel de Medellín.  Conocido como «Papa Doc» en todas las redes de drogas extendidas por Colombia, Porras se convirtió en uno de los más buscados por la Interpol, por la Oficina de Narcotráfico de los Estados Unidos y por el sistema judicial colombiano” (p. 76).

“Si bien durante muchos años Porras fue el representante en el Perú del cerebro de la red colombiana de la droga, Pablo Escobar, aún no era una figura prominente en el mundo del narcotráfico de Colombia.  Fue posteriormente, en 1983, que ganó notoriedad […]” (p. 77).

“[…] Montesinos, quien ya tenía cierta reputación entre los cárteles colombianos como mediador, había establecido contacto con Porras.  Los resultados fueron inmediatos.  El colombiano fue transferido del riguroso Lurigancho al Hospital Carrión del Callao, donde su internamiento fue considerablemente más confortable.

“Hacia la navidad de 1981, el narcotraficante caminaba libremente por las calles. […] Para Montesinos, a quien se le acreditó el planeamiento del escape, éste fue un momento decisivo.  Había probado su valía ante la mafia colombiana.  A partir de esa fecha, recuerda un contemporáneo suyo, Montesinos tenía la fortuna asegurada, era el mediador de confianza, en Lima, uno de los principales barones del narcotráfico” (p. 78).

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“El colombiano Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín y el principal barón de la cocaína en el mundo en la década de los ochentas, solía llamar «Montecristo» a Vladimiro. […] En 2002, a casi 10 años de la desaparición de Pablo, muerto por la policía colombiana en 1993, su hermano Roberto, instalado en un departamento de Medellín, recuerda a Montesinos y su nombre clave” (p. 81).

“Según Roberto, la relación con el habilísimo abogado peruano se inició aun antes de que éste se encargara del caso de Evaristo Porras.  Los mensajeros del cártel de Medellín ya habían identificado a Montesinos como alguien que podría serles útil.  En esa época, el narcotráfico aún no estaba en el centro de la atención pública, ni los jefes de la droga eran tan conocidos ni se hallaban bajo intensa investigación.  Ello significaba, manifiesta Roberto, que «era fácil sacar (de prisión) a una persona desconocida».  La rutina era simple.  Algunas veces detenían a los colombianos con droga y otras veces eran localizados por la Policía en hoteles cuando despertaban sospechas.  «Inmediatamente llamaban a Colombia», dice Roberto: «Llamaban a mi hermano, mi hermano llamaba a Montesinos y hablaban entre ellos»” (p. 82).

“Al principio, la labor de Montesinos consistía en utilizar su influencia y sus conexiones con los jueces para sacar de la prisión a la gente de Escobar o resolver otros problemas legales.  «Luego, ya se convirtió en un apoyo más fuerte, logístico», dijo Roberto.

“La relación de Montesinos con los narcotraficantes colombianos se intensificó a lo largo de toda la década del 80.  Había probado una y otra vez su valía al cártel de Escobar y, en lo que concernía a los colombianos, Montesinos estaba adentro.  La relación con Pablo, señala su hermano Roberto, «se fue dando con el tiempo», conforme evolucionaban «las circunstancias del trabajo y el poder».  Ya en la década de los ochentas, dice Roberto, Montesinos tenía «amigos políticos».  Finalmente, Escobar llegó a considerar a Montesinos como un «socio» de su negocio, el encargado de la seguridad en el Perú y que ayudaba al cártel de Medellín «con el poder»” (p. 83).

“Pablo Escobar estaba convencido, dijo su hermano, de que Montesinos, inclusive entonces [en los 80], tenía «el poder de acceso directo a las autoridades [peruanas]» y era, en verdad, «el hombre duro y de confianza entre los militares» que él decía ser” (p. 86).

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“En julio de 1985, la explosión en una casa de un distrito residencial de Lima, que resultó ser un laboratorio clandestino de cocaína, puso al descubierto la red peruana de narcotráfico más importante que operaba por esas fechas.  El caso se conoció simplemente como « Villa Coca».  El cerebro de la banda, Reynaldo Rodríguez López […] conocido como «El Padrino» […] era el cabecilla de una organización de narcotraficantes que se las había arreglado para penetrar en lo más profundo de la jerarquía policial, militar y política del Perú.  Tal como lo demostraba su libreta de direcciones, la banda de Rodríguez López gozaba de la protección de un considerable número de policías y generales del Ejército, a muchos de los cuales se les formularon cargos criminales como consecuencia de la redada” (p. 98).

“El Padrino no fue detenido sino recién a fines de ese año y, en 1989, finalmente, fue sentenciado a 25 años.  Sin embargo, varios oficiales policiales corruptos del caso Villa Coca tuvieron mejor suerte.  Aun cuando la investigación tuvo un inicio vigoroso bajo el impulso de un general de la Policía, se vio interrumpida abruptamente cuando en forma sorpresiva éste fue denunciado ante una corte militar.  De manera inusual, el general de la Policía fue acusado de «insulto al superior» porque había permitido que los demás oficiales fuesen puestos en el banquillo de los acusados.  El abogado que asumió la defensa de los corruptos oficiales de la Policía fue Montesinos.  El absurdo juicio militar prosiguió durante un buen tiempo, entrampando los procedimientos paralelos que se seguían en el juzgado civil.

“Cuando [durante el gobierno aprista 1985-1990] se designó a Hugo Denegri como nuevo Fiscal de la Nación, el poder de Montesinos se incrementó aún más.  Daba la impresión de que Denegri había tomado a Montesinos como su asesor tras bambalinas.  Los resultados de la asociación pronto se hicieron evidentes.  El general de la Policía que llevaba el caso Villa Coca enfrentó acusaciones de narcotráfico, mientras que, al mismo tiempo, la mayoría de oficiales implicados en el caso eran absueltos.  Era la versión local de «Alicia en el País de las Maravillas», y Montesinos fue proclamado por los liberados oficiales de la Policía como el hombre que podía poner el mundo al revés” (p. 99).

Esta historia continuará.

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