Eduardo Villanueva Mansilla

El modelo de desarrollo promovido desde comienzos de la década pasada podría ser denominado como el "acuerdismo": si se firman suficientes acuerdos comerciales, el país logrará generar un sector exportador dinámico que impulse al resto de la economía, y que con calma pero sin pausa, nos lleve al desarrollo.

Una discusión sobre la pertinencia de estas premisas escapa a esta columna; baste decir que la apuesta por tratados bilaterales tiene la consecuencia, no muy grata, de colocarnos como país en una posición precaria de negociación, sobre todo cuando se tiene al frente a un país con experiencia, excelentes recursos humanos, y claridad política. El caso del tratado de libre comercio con los EEUU es el mejor ejemplo: propuesto como la puerta de entrada al mercado de los EEUU, vino “con mucho hueso”, ante lo cual el estado peruano no tuvo buenos argumentos.

El modelo propuesto puede simplificarse así: acceso a mercados a cambio de protecciones a las actividades económicas consideradas como críticas. El TLC impone una serie de criterios respecto al tema general de propiedad intelectual que efectivamente impiden el desarrollo de políticas públicas propias frente al tema; en otras palabras, los tratados supranacionales se convierten en una camisa de fuerza para enfrentar problemas que pueden ser relevantes para el país, y la propiedad intelectual sirve como demostración de ello.

No se trata únicamente de los acuerdos bilaterales: dos ejemplos particularmente importantes son el ACTA y el TPPA. El primero, el Acuerdo de Comercio Anti Falsificación, ha sido negociado sólo entre los miembros de la OCDE, un club de países desarrollados o casi. Entre otros aspectos, plantea extender las protecciones aduaneras mediante una noción muy flexible de "bienes falsificados", que deja de ser aquello que se hace con la intención de engañar al público, para convertirse en toda copia no autorizada por el titular de derechos intelectuales. En otras palabras: las copias de un CD, que pueden ser consideradas legales en ciertos países, pueden ser vistas como falsificaciones en otros, y el intento de cruzar fronteras con ellas, impedido administrativamente por la autoridad aduanera.

Como el mecanismo más común de transporte de estos "bienes falsificados" es el uso de redes de telecomunicaciones, el ACTA autoriza a las aduanas a analizar y penalizar el tráfico de bits a través de fronteras. Se trata de un cambio radical de la definición de frontera, y crea un enorme problema para aquellos que adquieren bienes -como música- a través de redes de intercambio: el ACTA los vuelve contrabandistas.

El promotor de esta norma es obvio: la industria global de contenidos que desde los años noventa demanda altas protecciones. Su peso político en muchos países desarrollados, comenzando por los EEUU, es tal que ha cambiado los términos de la política pública de derechos intelectuales a su favor hasta extremos impensables, y sin fundamento en la lógica original de la ley. Si bien el Perú no es firmante del ACTA, bien podemos terminar cubiertos por él, y no me imagino a ningún político peruano articulando un mensaje claro de por qué no deberíamos firmarlo.

Ahora mismo, estamos ante las negociaciones del Trans Pacific Partnership Agreement, que tendrán lugar en Lima, la semana del 24 de octubre. ¿De qué se trata?

Como en muchos otros casos, se plantea al TPPA como un acuerdo de libre comercio. Los diez países que negocian este acuerdo son miembros de APEC, que  buscan a través del mismo aumentar el acceso a los mercados. El problema de siempre es que se frasea algunas cosas como "barreras al comercio" cuando se pueden leer como "políticas públicas". Las limitaciones a la inversión extranjera, a las patentes médicas, a la extensión de protección patrimonial en el derecho de autor, todas pueden ser políticas públicas para un país que quiera desarrollar ciertas industrias con capital local, facilitar el acceso a la información a los estudiantes universitarios, o ampliar el acceso a medicinas reduciendo el plazo de ciertas patentes.

El TPPA es parte de la tendencia ya mencionada, de usar el comercio como pretexto para proteger a las industrias con mayor peso político en países como los EEUU. No cabe duda que puede tener algunos beneficios para el Perú, pero con costos enormes al reducir la autonomía del estado para tomar decisiones.

Como en todos los casos anteriores, la ausencia de debate público es impresionante. Sería ideal que el estado peruano explique qué busca lograr, y como piensa compensar las limitaciones que el TPPA podría imponer para las políticas públicas. Y también sería ideal que el gobierno nos diga si su interpretación del desarrollo pasa por la sumisión ante el fantasma del libre comercio, o si cree que hay áreas “grises”, que bien pueden requerir más sutileza que la firma de un tratado negociado para el interés de las industrias que dominan ciertas actividades económicas.

Más información:

Sobre el ACTA:
http://evillan.blogspot.com/2010/01/acta-contra-esto-hay-que-luchar.html (comentario de hace casi dos años)

https://www.eff.org/issues/acta (crítica de la Electronic Frontier Foundation)

Sobre el TPPA:

http://bit.ly/r3JQQ0 (mirada crítica desde Nueva Zelandia)
http://www.ustr.gov/tpp (versión oficial del gobierno de EEUU)