Ricardo Soberón

Durante  la campaña electoral, todos los aspirantes a la Presidencia de la República y al Congreso se esforzaron en dejar en clara su posición de luchar frontalmente contra el narcotráfico. De otro lado parte de la campaña fue influenciada por el tema del consumo de drogas de algunos de los candidatos –prácticamente todos se tomaron el examen de laboratorio para demostrar su “inocencia”-, así como por la penetración de dineros a las finanzas de ciertos grupos politícos.

Pasada la primera vuelta, lo primero que debemos señalar es que el próximo gobierno (2011-2016) existe una enorme necesidad de hacer cambios institucionales, de procedimiento y de verificación de resultados. Como lo hemos sostenido en otros trabajos, una de las constataciones es que los esfuerzos realizados por el esquema AID-NAS-DEVIDA-UNODC, ha fracasado en todo el espectro de la prevención, el desarrollo rural alternativo, en el campo de la interdicción de drogas como de precursores químicos. Particularmente, el fracaso lo ha dejado notar el gobierno de García, Pizarro y DEVIDA del 2006 al 2011. Ese sistema simbólico, efectista, no solo tiene cada vez menos recursos sino que no tiene como sostenerse.

Por otro lado, la corrupción es cada vez más profunda a distintos niveles de la administración pública. Mientras los esfuerzos de la Policía y el Ministerio del Interior se muestran fundamentalmente en las zonas productoras de coca, las rutas, los almacenes, los puertos son penetrados por intereses oscuros y no existe organismo del Estado que pueda impedirlo. El tejido social e institucional está podrido. Ahora bien, ¿quién podrá acometer dicho esfuerzo?

Dadas las características de un Congreso dividido en tres bloques, la primera mayoría estará en manos de los 42/46 parlamentarios de “Gana Perú”. A despecho de su anterior mediocre gestión, la primera tarea fundamental de este bloque  es dirigir y conducir las agendas y los destinos de las principales Comisiones Parlamentarias, entre ellas, la de Justicia y la de Seguridad y Defensa (entre otras), que permita priorizar los dictámenes necesarios. Generar consensos en torno a esta imperiosa necesidad, resulta fundamental en la primera legislatura parlamentaria.

En el campo de las drogas y el narcotráfico, a nivel parlamentario, observamos hasta tres tareas: i) revisión y reforma de los marcos jurídicos institucionales de DEVIDA; ii) el seguimiento a la reforma procesal penal, particularmente en los casos que permitan una adecuada persecución del crimen organizado alrededor del tráfico de drogas, y, iii) los cambios y seguimiento necesarios a las tareas y competencias de los organismos encargados de controlar el desvío de los precursores químicos.

De cara a la segunda vuelta, y viéndolo desde la perspectiva de la lucha y control del narcotráfico, la primera constatación que hacemos es que mientras “Gana Perú” ofrece un conjunto de medidas en todos los componentes y ámbitos del circuito: en desarrollo, en salud y educación, en interdicción y justicia, el fujimorismo no ofrece una sola cosa, más allá de los consabidos clisés de “guerra a muerte” o “guerra frontal”, que no dicen mucho.

Peor aún, el fujimorismo tiene toda una trayectoria que mostrar mediante la cual el padre de la candidata permitió que durante su gobierno ocupara la segunda posición Vladimiro Montesinos quien se ocupó de tratar y hacer arreglos económicos con verdaderas firmas y carteles de narcotráfico, incluido el caso del avión presidencial, permitiendo que la Policía y las FF.AA abdicaran de sus funciones convirtiendo al Perú en un país sólido para los negocios de los traficantes. En este contexto, la pregunta clave que surge es, ¿quién tiene las mejores credenciales para conducir al país en este tema, en circunstancias que el contexto global (oferta y demanda) lo está convirtiendo en un principal proveedor de drogas, principalmente cocaína? La respuesta parece ser muy clara y evidente. No vemos ni a Kenji, ni a Yoshiyama, y menos a Martha Chávez, repitiendo el plato.