Fernando Romero Bolaños

Una amiga nos hacía notar a los que participábamos en una reunión con una agencia de cooperación internacional sobre el  fracaso que han sufrido los proyectos, promovidos por organizaciones de la sociedad civil, dirigidos a apoyar el fortalecimiento de los partidos políticos. Su crítica no se dirigía a la calidad técnica de los mismos. Más bien se preguntaba si las hipótesis sobre las que estos proyectos se diseñaban correspondían con los problemas que se hallaban a la base de la crisis de los partidos en el Perú.

La multiplicación del número de candidaturas para estas elecciones subnacionales, la mayoría de ellas de movimientos independientes que dejarán de existir apenas haya terminado el proceso electoral, la existencia de agrupaciones “vientres de alquiler”, el escaso interés por contar con programas de gobierno de a verdad, la práctica inexistencia organizada de buena parte de los partidos políticos a nivel nacional, y el incumplimiento de los procedimientos contemplados en la ley de partidos para la  elección interna de sus candidatos,  son ejemplos  de la debilidad de las organizaciones políticas peruanas y del escaso resultado de los proyectos dirigidos a enfrentar estos problemas.

Aparentemente la realidad de la política peruana  no desvela a la mayoría de electores,  por lo que no serán ellos, por lo menos por el momento,  los primeros en  cuestionar a los políticos y a sus agrupaciones y menos en influir en que esto cambie.  Tampoco parece preocuparles a  los poquísimos partidos más institucionalizados,  en los que convive un lenguaje democrático con el enorme poder del caudillo. Lo mismo  sucede con las autoridades electorales quienes  por displicencia, desconocimiento  o temor  no obligaban a las agrupaciones a cumplir las normas establecidas.

Sin embargo, las decisiones que vienen tomando los Jurados Electorales Especiales en distintas partes del país, y las que podría tomar el Jurado Nacional de Elecciones en los próximos días, de no aceptar la inscripción de candidaturas que no cumplen con los requisitos estipulados en la ley electoral y en la ley de partidos, podría ser un precedente que influya en la manera como se desempeñen en el futuro  las agrupaciones políticas durante los procesos electorales.  Claro, si es que el JNE mantiene esta política para las siguientes  elecciones.  Es cierto también que esto no es suficiente para producir todos los  cambios necesarios.

Habría, por otro lado, que prestar atención a aquellas experiencias  que tratan de colaborar con  las agrupaciones políticas a mejorar su conocimiento y capacidad de propuesta respecto a temas específicos que afectan directamente en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, el análisis de la realidad de la educación  y la salud y la elaboración de propuestas de política que estas  puedan implementar  desde sus particulares puntos de vista, se convierten en la oportunidad de hacer del plan de gobierno algo menos gaseoso y  útil.  Tal vez este tipo de colaboración generen que ciudadanos se interesen por lo que proponen los partidos, en la medida que hagan referencia más clara no sólo a lo que proponen hacer sino también al cómo lo harán.  Alcanzar resultados  de este tipo necesita de tiempo y mantener una relación constante entre los involucrados en este proceso. No bastan iniciativas concentradas en las elecciones  que luego pierden fuerza, hasta el siguiente proceso electoral.

Tal vez la manera como se diseñan los proyectos debería también cambiar. Por qué no pensar en promover que sean las propias organizaciones políticas quienes  propongan las iniciativas para avanzar en su modernización y  democratización. Que los proyectos otorgados sean aquellos que demuestran tener un real apoyo de las  dirigencia y su militancia, o aquellos que sean más innovadores; y que a las organizaciones políticas que resulten seleccionadas se les permita elegir entre  un conjunto de organizaciones especializadas  a la que lleve a cabo la propuesta y gestione los recursos de modo tal que se use en la propuesta presentada.