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La Justicia de Paz y el Proyecto de Ley Nº 2949

Enviado el 18/02/2009

Henry Alcántara Salazar
Asociación SER. Oficina Regional Cajamarca

La Justicia de Paz es reconocida como una instancia no formal de resolución de conflictos en el ámbito local y vecinal basada fundamentalmente en la conciliación y la equidad, que respeta las características de pluriculturalidad de nuestro país y contribuye a lograr que la justicia no sea un factor de exclusión y a superar las barreras geográficas, económicas, lingüísticas y culturales que la afectan, a pesar de su tan escasa normatividad que la ampara (1).

Actualmente la Justicia de Paz atraviesa un período de desarrollo estacionario, pues las medidas que el Poder Judicial ha ejecutado buscando su realce y fortalecimiento, sólo han tenido un impacto mínimo y a nivel interno.

Falencia de la normatividad:

Tanto la Ley Fundamental como las normas de desarrollo no recogen la esencia de la Justicia de Paz y le dan un espacio reducido y asistemático en su texto. El artículo 152° de la Constitución, por ejemplo, ubica a la Justicia de Paz en el capítulo del Consejo Nacional de la Magistratura y sólo dice que los Jueces de Paz provienen de elección popular y que dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración en sus cargos son normadas por ley.

Cabe rescatar de lo anterior que se establece la “reserva de ley” en materia de Justicia de Paz, esto es la restricción para una norma con rango de ley que regule sus diversos aspectos. Hasta la fecha sólo se han expedido las Leyes No. 27539 y 28035 para normar el proceso de elección de los Jueces de Paz, y no se ha previsto legislar lo demás.

La Ley Orgánica también trata muy superficialmente la Justicia de Paz, pues sin importarle las sustanciales diferencias que tiene con la justicia formal, le aplica su normatividad tanto en la delimitación de sus competencias por materia, la revisión de sus decisiones, el régimen de los magistrados, etcétera. Esta falencia en la normatividad provoca que los jueces de paz, cada vez estén más confundidos pues no logran diferenciar con facilidad sus funciones y competencias y producto de ello es que hay jueces de paz procesados por usurpación de funciones.

Este tema ha recibido la atención de un grupo de parlamentarios quienes el 18 de diciembre del 2008, presentaron un proyecto de ley de la Justicia de Paz, el cual busca normar de manera integral el régimen legal de la Justicia de Paz en nuestro país, teniendo como base el diagnóstico sobre las competencias de los jueces de paz y jueces de paz letrados realizado por Ana Teresa Revilla Vergara en 2007, como parte del programa de apoyo a la reforma integral del sistema de justicia en el Perú.

Marco general del Proyecto de Ley (2):

El proyecto de ley consta de 67º artículos, divididos en 4 Títulos. Define a la Justicia de Paz como aquella instancia en donde la población puede acudir ante un poblador o pobladora de su localidad investidos de autoridad para resolver con equidad los conflictos que le presenten. Esta autoridad resuelve los conflictos respetando los derechos humanos y en base al criterio común y en los casos que estime conveniente propiciará la conciliación.

Regula la función principal del juez de paz, la cual es administrar justicia respetando siempre los derechos de las personas y su dignidad, aunque no exija una motivación legal, que no son abogados ni están obligados a serlo, pero para la misma naturaleza de la justicia deben respetar lo que nuestra Constitución regula como derechos fundamentales de cada ciudadano, por lo que su protección debe estar garantizada hasta el lugar más recóndito del Perú sin discriminaciones de ninguna clase, a la vez de tener la finalidad de evitar los gastos que conllevan realizar diligencias judiciales. Asimismo, plantea que todos los gastos que incurran el juez por motivos como servicios notariales, inspecciones oculares u otros serán rembolsados por el Estado a fin de cubrir los gastos extras de la administración de Justicia de Paz, de la misma manera en los casos en que el Ministerio Público solicite la actuación de los jueces de paz para el levantamiento de cadáveres se les pague una tarifa aprobada en la que se agreguen los costos de traslado.

Asimismo la presente propuesta de ley plantea que para garantizar la mayor cobertura de los servicios de justicia se establece que en cada lugar haya al menos dos jueces de paz, debiendo ser uno de ellos mujer, ya que el artículo 61 de la Constitución sólo contempla un juez de paz en cada centro poblado que alcance el volumen demográfico.

En cuanto a la elección de los jueces de paz, la ley plantea dos modalidades de elección: 1) por asamblea vecinal, en poblados con cinco mil o menos habitantes, que es la forma como las comunidades campesinas eligen a sus autoridades y 2) elección realizada por el JNE, en poblados con más de cinco mil habitantes, donde de no obtenerse la mayoría de votos implicaría la no elección de los magistrados, pudiendo ratificarse a los jueces anteriores. Asimismo, los magistrados ocuparán el cargo por un período de 3 años con opción a ser reelegidos, es decir se plantea un año mas de ejercicio de sus funciones a diferencia de lo que contempla la actual Constitución (Articulo 69º)

En cuanto a las materias específicas los jueces de paz, según el Proyecto de Ley tendrían competencia en las siguientes materias: Alimentos (cuando el vinculo parental esté debidamente comprobado), Conflictos Patrimoniales (Hasta una UIT), Faltas, Delitos de injuria y ya la vez se le concede competencias notariales (legalizaciones, escrituras imperfectas, dar fe de las decisiones que toman las organizaciones sociales, protestos por falta de pago en letras de cambio), facultad de emitir medidas de urgencia para evitar que se produzcan o se sigan produciendo lesiones físicas que pudieran causar daños mayores, asimismo se establece que sólo proceden cuando un niño o adolescente esté en situación de peligro o desamparo o en casos de violencia familiar. Igualmente, cuando un miembro del hogar es maltratado, las medidas urgentes consistirán en retirar del lugar al agresor o en todo caso dictar su detención hasta por 24 horas, para ello podrá contar con el apoyo de la policía o de las organizaciones del lugar como las rondas campesinas.

En materia constitucional se le otorgará la facultad de ver procesos de habeas corpus previa delegación del juez penal y que se justifique en la urgencia de la medida. Como vemos el Proyecto de Ley amplía las competencias para los jueces de paz comparando con el artículo 65 de nuestra Constitución Política.

En cuanto al procedimiento, el Proyecto de Ley plantea que todo proceso ante juez de paz se inicie con la recepción de la demanda o denuncia, la que deberá notificarse a las partes para hacer valer su derecho de defensa y citar a audiencia única que pueda ser en varias sesiones, ya sea para la exposición de los hechos como para las posibles soluciones y acuerdos, levantándose las respectivas actas de los acuerdos tomados o de la falta de estos, siendo factible que con esta acta cualquiera de las partes se dirija a una instancia superior para hallar la solución a sus problemas. Por último a solicitud de parte el juez de paz notificar al demandado o denunciado para que cumpla con el acuerdo dentro de los 3 días, de lo contrario se ordenará la ejecución forzosa, otorgando para ello la oportunidad a que reflexione y cumpla con lo acordado, antes de tomar medidas para asegurar el cumplimento de la decisión judicial. Si se persiste el incumplimiento otra de las facultades que planta el Proyecto de Ley en mención será que el juez de paz pueda trabar embargos como secuestro o retención de cualquier bien del obligado.

Si el Proyecto de Ley en mención desarrolla todo lo que concierne a la Justicia de Paz ampliando en varias sesiones su accionar, tanto el Estado, jueces de paz y población tendremos la responsabilidad de comprometernos a ejecutar, difundir y respetar esta norma aportando a una Justicia de Paz efectiva.

Notas

(1) Marco jurídico de la Justicia de Paz : Artículo 152º de la Constitución Política del Estado, el artículo 61º y siguiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial; el Reglamento de Jueces de Paz de 1854 y algunas disposiciones adjetivas en materia civil y penal.

(2) Proyecto de ley Nº 2949-2008-CR

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