Vera Lucía Ríos, Sebastián Muñoz-Najar y Gabriel Salazar
Grupo Memoria IEP

El sábado 14 de enero se reunieron en la gobernación de la ciudad de Huamanga los representantes de las organizaciones de afectados de la región Ayacucho. Desde la plaza llegaba la música en celebración de la bajada de reyes, mientras que en el salón de la gobernación la atmósfera era tensa; el sentimiento general podía traducirse en una frase sencilla: “Hemos retrocedido”.

Hacia finales del año pasado, la comunidad del movimiento de Derechos Humanos esperaba la revocatoria del Decreto Supremo 051-2011-PCM. Este decreto fue aprobado el 16 de junio con el objetivo de establecer el cierre del Registro Único de Víctimas (RUV) para fines de la reparación económica. Esta medida produjo perplejidad e indignación entre los afectados, los funcionarios del Consejo de Reparaciones (CR), y los activistas. Pero el Estado no acogió la solicitud para la modificación del artículo décimo, que entre otros, consideramos, es el más preocupante (1).

A consecuencia de este decreto, las víctimas que se inscriban a partir del reinicio de las actividades del RUV, el 9 de enero, no serán elegibles para la reparación económica individual. Así pues, esta medida se instaura como traba legal a un proceso que hasta la fecha había demostrado notables avances. Tal como explica Jairo Rivas, secretario del CR, si bien en el 2011 el Registro concluyó con los barridos de inscripción de víctimas en las zonas más golpeadas por el conflicto armado interno, este debería permanecer abierto, no solamente por ley, sino porque aún no se han registrado todas las víctimas.

Sin embargo, la CMAN informó a finales del 2011 que para el año siguiente el presupuesto para la reparación de las víctimas de la violencia sería cinco veces mayor al  anterior y garantizará la cobertura del 50% de las demandas ya registradas ¿Por qué, entonces, clausurar artificialmente un proceso que avanzaba de manera positiva? A nuestro parecer la clausura del Registro para fines de la reparación económica es consecuencia de un notable vaivén en la voluntad política hacia los afectados por el conflicto armado.

Algunos hechos políticos recientes ilustran claramente dicho vaivén. Por ejemplo, en su discurso del 28 de julio, el presidente Ollanta Humala hizo mención a su compromiso para con las víctimas del conflicto armado; luego, el ex-premier Salomón Lerner se mostró dispuesto a trabajar en una política de reparación más inclusiva. A consecuencia de esta buena disposición, se nombró como Secretaria Ejecutiva de la CMAN a Isabel Coral, aliada de larga trayectoria en el movimiento de derechos humanos. Es entonces que, a nivel organizativo, las buenas voluntades no lograron cuajar en un programa de trabajo de largo aliento.

Durante el breve periodo de Coral, se tuvo como principal propuesta de reforma estructural la fusión de la CMAN con el Consejo de Reparaciones. Sin embargo, esta medida fue aplazada; y algunos expertos esperan que se implemente una vez que ambas entidades terminen su traslado al viceministerio de Derechos Humanos, en el Ministerio de Justicia. Lo cierto es que la CMAN entró desde entonces en un complejo periodo de desorganización; en el que destaca el hecho de que esta entidad carece desde el 16 de diciembre de un secretario ejecutivo.

De manera que la posibilidad de una reorganización efectiva reside en la forma que se lleve a cabo el traslado al Ministerio de Justicia dictaminado por el Decreto Supremo 102-PCM-2011. No obstante, quedaría aún pendiente implementar un mecanismo de coordinación integral entre políticas afines a la Reparación y Memoria; un ejemplo claro de esta necesidad es que la comisión para la construcción del “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la inclusión social” no se encuentre todavía articulada a una política pública integral, en la que, creemos, deberían estar también incluidas la CMAN y el CR. ¿Hasta cuándo vamos a esperar esta articulación en políticas públicas nacionales?

“Hemos retrocedido” es quizás una reducción del complejo proceso de estas políticas públicas que, como hemos visto, está sujeto al vaivén de muchas voluntades en conflicto. Tras una animada discusión los dirigentes reunidos en la Gobernación de Ayacucho arribaron a una conclusión que no es nueva: “Debemos continuar luchando”. Este  sentimiento resuena en el movimiento de derechos humanos de esta y otras regiones, por lo que en los próximos meses posiblemente tendremos noticias de movilizaciones a nivel nacional. Es así que tras un balance crítico del último año para las políticas de Reparación y Memoria debemos concluir que aún hay una enorme tarea pendiente y que, tal como explica Jairo Rivas, “las reparaciones, la justicia y memoria no sólo dependen de los presupuestos sino de la exigencia ciudadana y de una buena respuesta del Estado”.

Nota:

(1) Artículo 1o.- Conclusión del período de determinación e identificación de los beneficiarios del programa de reparaciones económicas. El proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas, previsto por el artículo 41o del Reglamento de la Ley No 28592 – Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, aprobado por Decreto Supremo No 015-2006-JUS, concluirá el 31 de diciembre de 2011, fecha en que se procederá a su cierre.
 

Nota:

Los autores agradecen la observación hecha por Cecilia Pacheco. La información ha sido corregida.