Ronald Gamarra, abogado y especialista en temas de derechos humanos, opina sobre el caso Chehade, la inscripción del MOVADEF y las observaciones del Estado peruano a la CIDH.

¿Cuál es su opinión sobre el caso Chehade? Como sabemos, ayer con 13 votos contra 12, se salvó de la acusación constitucional que recomendaba su desafuero, destitución e inhabilitación por 5 años para cargos públicos.
Creo que es lamentable el comportamiento de la bancada oficialista y sus aliados en el tema de la lucha anticorrupción. Están abandonando este tema mucho antes de iniciarlo. Es un mensaje equivocado que se lanza a la sociedad en el sentido de que la impunidad continúa y que finalmente las cosas no cambian. Ha sido un evidente acto de blindaje a quienes son parte de su agrupación política. 

¿El Poder Judicial podrá abrir una investigación a Omar Chehade?
Eso ahora va a ser tema de discusión. Pero más allá de lo sucedido ayer lo cierto es que actos de corrupción no deben permanecer en la impunidad por lo que el Ministerio Público, y en este caso, el Poder Judicial también, deberían llevar adelante una investigación seria y efectiva, en este como en cualquier otro caso.
 
¿Podemos decir que la política anticorrupción en el país se ha venido abajo?
Aquí no hay una política publica anticorrupción, no hay una Plan Nacional Anticorrupción, no se sabe qué entidad es la que lidera la lucha anticorrupción, y por su puesto no hay ninguna medida de carácter preventivo ni represivo que uno pueda considerar realmente. Lo único que se ha hecho es designar al procurador y conformar algunas comisiones investigadoras, pero nada más.

MOVADEF

¿Cómo evalúa el pedido del MOVADEF para convertirse en partido político?
Está claro que hay una articulación orgánica e institucional entre el MOVADEF y Sendero Luminoso. En estas condiciones es evidente que más allá del amplio juego democrático que supone un Estado de derecho, la democracia no puede ser suicida; en ese sentido, con base en los principios del derecho es evidente que sí se puede prescribir a una organización como el MOVADEF. Yo creo que las instituciones del Estado están tardando en declarar que una entidad que esta al margen de la ley y la democracia, no puede bajo ninguna circunstancia ser inscrita como partido político.

Los líderes del MOVADEF han dicho que muchos de sus miembros ya participan de la vida política y democrática del país. Incluso hay algunas autoridades ediles y regionales integrantes de este movimiento que han sido elegidos postulando por otros partidos. ¿Cómo ve esto?
Sí, claro, pero ellos no se presentaron formalmente como MOVADEF. Las personas que les dieron su voto no se lo dieron a Sendero Luminoso. Estoy convencido que muchos de los ciudadanos que han votado por estas autoridades que están vinculadas a esta organización, no lo hubieran hecho si conocían de su articulación con Sendero Luminoso.

Entonces, bajo ninguna circunstancia el MOVADEF debería convertirse en un partido político.
Ninguna organización que ha recurrido al terrorismo como método de acción, y que no haya pasado por un proceso sincero de arrepentimiento, que haya dejado las armas, que haya reconocido sus errores y roto sus vínculos con las prácticas del pasado puede pretender convertirse en un partido político.

En junio del 2013, está prevista la libertad de Osmán Morote, que es uno de los líderes históricos de Sendero. ¿Qué puede significar esto para el MOVADEF?
Lo primero es que vivimos en una democracia y toda persona que cumpla con su pena debe ser excarcelada. Nos guste o no nos guste, una persona que ha cumplido con su condena debe ser excarcelada. Lo otro es que evidentemente, Morote va a ser un factor de mayor dinamismo a lo que ahora es el MOVADEF. En ese sentido, creo que en general hemos perdido muchísimo tiempo en cuestionamientos minúsculos al Informe Final de la CVR y no hemos predicado suficientemente sus conclusiones. Por supuesto en eso tiene mucha responsabilidad lo que ahora se denomina como “Derecha Bruta y Achorada” que con sus críticas extremas, radicales e inaceptables no ha permitido que se conozca entre los sectores jóvenes la verdadera faz de Sendero Luminoso en su predica fundamentalista, de su propuesta de un Estado totalitario, de métodos de acción reñidos con la democracia y con la vida en paz.

El Perú y la CIDH

El Perú planteará este 25 de enero ante la OEA sus observaciones y una serie de modificaciones respecto al funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Qué significa esto para nuestro país?
Todavía no se conocen con exactitud cuáles son esas propuestas. Y, en verdad, la CIDH como todo mecanismo de promoción y protección de derechos humanos está sujeto a críticas y requiere de una serie de modificaciones. El movimiento de derechos humanos en el Perú, entiendo, que está de acuerdo con muchas de las modificaciones, si eso va a significar, por ejemplo, que los comisionados trabajen durante todo el año, o si va a haber mayor participación de las víctimas en el proceso ante la comisión, pero si se van a plantear reformas para afectar a la comisión, allí tendremos un problema, porque creo que la apuesta de hoy y de siempre debe ser fortalecer esos mecanismo de protección a los derechos humanos.