Una reflexión motivada por la visión de Yanacocha

María Luisa Burneo

El tema de los conflictos sociales se ha convertido en uno de los más polémicos en el debate sobre las industrias extractivas en el Perú; en particular, sobre el sector minero. Entre las diversas posiciones sobre el tema, hallamos algunas coincidencias: 1) la gestión estatal de los conflictos no es eficiente; 2) hace falta mejorar los instrumentos y mecanismos existentes y llegar a consensos sobre la consulta y la participación ciudadana; 3) hay diversos criterios para ensayar tipologías de los conflictos, pero hace falta una mayor discusión sobre el punto. Esto último es importante, porque las recomendaciones y las formas de gestión de los conflictos también podrían pensarse en relación a las posibles clasificaciones.

Actualmente, en la mayoría de casos la respuesta desde el Estado es similar frente a diversas situaciones. En primer lugar, es reactiva y se enfoca en solucionar la crisis llegado el momento del “estallido del conflicto”. En segundo lugar, se utilizan básicamente dos mecanismos frente a las crisis: las mesas de diálogo y las actas de  compromiso -convertidas, en no pocos casos, en letra muerta-. Y es que los acuerdos que son producto de negociaciones bajo presión, desconfianza e insuficiente diálogo entre las partes, no tienen mucho sentido. Hay en el país casos excepcionales donde los procesos han sido largos y han construido cierta institucionalidad, que otorga respaldo a los acuerdos logrados ante situaciones de tensión.

Entre las instancias del Estado, existe una brecha entre los documentos donde se plasman sus enfoques y estrategias y lo que perciben algunos funcionarios sobre los conflictos; en muchos casos, estos siguen siendo vistos como situaciones coyunturales que “hay que resolver”. Apuntan, por tanto, a la resolución de una crisis, y no a la gestión del problema. En esto coinciden con algunas empresas privadas. Las empresas tienen sus propios imaginarios sobre los conflictos, y sus estrategias. Algunas perciben, por ejemplo, que hay una dicotomía entre “malos” y “buenos” o en sus términos “actores clave con quienes pueden tratar” y “opositores”. Consideran que ellos pueden resolver los conflictos, y ven al Estado como un último recurso -cuando el uso de la fuerza es imprescindible- para mantener el orden público. Ambas visiones, al menos en este sentido, se retroalimentan.

Tomando en cuenta lo anterior, es relativamente sencillo pensar que los conflictos vinculados al sector minero seguirán la tendencia que reflejan los informes de la Defensoría del Pueblo; o que tal vez aumentarán, considerando que se vienen tiempos donde la inversión proyectada para el sector supera los 8 mil millones de dólares. Y es que desde estos enfoques, no hay espacio para construir una institucionalidad que permita canalizar las incertidumbres, visiones distintas, posiciones contrarias y expectativas diferentes sobre el futuro de los territorios donde se realiza y realizará la extracción del mineral.

Los conflictos en el Reporte de Sostenibilidad de Minera Yanacocha (Mysa)

Revisando el Reporte de Sostenibilidad 2009 de Mysa encontramos una sección dedicada a la gestión de conflictos sociales (p.26-29). (1) Nos llamó la atención este término -cuyo uso compartimos- así como una división aparentemente interesante entre problema, conflicto y crisis. Sin embargo, lo que sigue del texto muestra una inconsistencia en la clasificación. A primera vista, se observa un desfase entre la propuesta y las acciones realizadas por la empresa frente a los conflictos que “gestionaron” en el año. A continuación, algunos puntos que llamaron nuestra atención:

1.    Se define a los conflictos como la oposición de intereses frente a aspectos vinculados a la minería y se aclara que su interés se centra en las poblaciones vecinas. Esto implica que su foco de atención y las estrategias de resolución estarán orientados a satisfacer las demandas puntuales y expectativas de estas poblaciones -definidas en el EIA por la propia empresa-. Sin embargo, dependiendo del criterio, podríamos decir que las transformaciones generadas por la presencia de Mysa en Cajamarca en el plano institucional, así como las posiciones encontradas, son de escala regional. (2) Esta visión reduce la idea de “oposición de intereses” a demandas puntuales de poblaciones locales; pasa desapercibido así, el conjunto de posturas que cuestionan la expansión de Mysa en Cajamarca y sus estrategias.

2.    Se distinguen tres categorías: problema (situaciones no resueltas); conflicto (cuando hay una parte que se opone y/o enfrenta a otra(s) –con intensidades baja, media y alta); y crisis (se rompe el diálogo, “hay violencia” como bloqueos de carreteras, invasión de propiedad u otros). Lo interesante que podría ser esta clasificación se diluye en su planteamiento de la “gestión” de estas situaciones. Se considera que en los dos primeros casos, el conflicto lo resuelve la gerencia de relaciones comunitarias –y si es muy grave, otras gerencias-, y sólo cuando hay violencia (crisis) se acude al Estado. Ello implica que se negocia demandas con las poblaciones pero no se construye canales de diálogo ni se participa de procesos institucionales. No se construye institucionalidad, sino que cada problema puntual que se convierte en conflicto es un arreglo privado que debe poder manejar una sola gerencia dado que se trata, fundamentalmente, de pedidos negociables.

Se cae, pues, en cierta contradicción con la misma definición planteada líneas arriba, ya que no queda espacio para discutir los intereses distintos en procesos de debate y consensos. Ello implica ver sólo una parte de la complejidad social, buscando salidas a corto plazo. Finalmente, el Estado en el escenario ideal de esta visión no debe intervenir en los conflictos, reforzando así la idea de que se recurra a él cuando se necesita la fuerza. Así no será posible la prevención. Esta imagen distorsiona la función del Estado; se desconocen los procesos políticos regionales donde se busca construir consensos sobre los usos del territorio; el Estado no gestiona los conflictos, opera para desactivar la crisis que se sale de control.
 
3.    La gestión de conflictos se plantea como una actividad que busca prevenirlos y resolverlos para promover la convivencia respetuosa. Básicamente podríamos estar de acuerdo con este enunciado; el problema es que no encontramos en el reporte un intento más elaborado por proponer qué hace (haría) falta para ir en ese camino. Mysa ha firmado los llamados principios voluntarios; sería interesante conocer si ello ha implicado algún cambio en la percepción de las poblaciones locales sobre la empresa. (3)

Para Mysa, los conflictos abarcan distintos niveles: desde desacuerdos hasta la renuncia al diálogo donde debe intervenir un tercero. Las preguntas que surgen son: ¿para qué? y ¿por qué no antes? El para qué lo responde en el mismo texto: “En nuestro caso, la mayoría de conflictos durante el 2009 han sido de baja intensidad y obedecen a situaciones donde la negociación se plantea a través de demostraciones de fuerza que no han requerido, sin embargo, la participación de terceros. Excepcionalmente hemos tenido que solicitar la participación del Estado para garantizar el ejercicio de nuestros derechos y el de los vecinos” (p.27). Es decir, el Estado es visto como el ente represor y funcional a la empresa; no es un garante de derechos de todos y todas. Este enfoque, en nuestra opinión, representa un problema. La pregunta por el antes no tiene respuesta en el texto.
 
Finalmente, se señala que el año 2009 empezó con seis “situaciones problema” y culminó con 23; ello, se dice con una valoración positiva, se debe al trabajo de las relaciones comunitarias para convertir conflictos en problemas (p.29). Este final nos devuelve al inicio de la nota: se considera positivo resolver la crisis, más no se ve la importancia de construir un camino hacia una institucionalidad más fuerte, que permita llegar a consensos sobre temas claves en el futuro para el sector minero y para la región: ¿hasta donde avanzará la minería en Cajamarca?, ¿cómo conciliar este avance con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad regional?, ¿cómo se articulan las propuestas de la empresa en sus distintos espacios –incluyendo el Fondo de Solidaridad Cajamarca- y las políticas regionales, los planes de desarrollo territorial y los procesos de gestión del territorio?. Temas que deben pensarse de forma articulada; si no se construye ese camino, para los próximos diez años y la expansión de la minería en la región, no bastarán soluciones temporales y pequeños acuerdos privados locales donde el tira y afloja sólo construye relaciones de clientelismo, control y dependencia. (4)

Notas:

(1) Reporte de Sostenibilidad 2009. Minera Yanacocha, 2010.

(2) El proceso de Zonificación Ecológica y Económica y Ordenamiento Territorial conducido por el gobierno regional con la participación de un importante grupo de instituciones regionales, y el debate que se viene dando entre estos y las empresas mineras –encabezadas por el Grupo Norte y otros- es muestra de ello. Para información sobre el proceso ver: http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/

(3) Mysa podría explorar ese tema, ya que una convivencia respetuosa requiere, entre otras cosas, del respeto a los derechos humanos de las poblaciones de su entorno. Hay puntos aún no esclarecidos en la historia de Mysa –como el reglaje a líderes ambientalistas de la región y el caso del campesino muerto en el conflicto de Combayo- sobre los cuales ésta aún no se ha decidido a hablar.

(4) Un punto aparte que llamó nuestra atención es que se afirma que hay una “densa trama cultural que hace más difícil analizar esos conflictos”; señalando que en ciertos casos existe “preocupación ambiental que es central para sus actividades (sic)” y en otros se busca exponer “necesidades sociales”, lo cuál resulta razonable si se vive al lado de una explotación minera. Pero no queda claro a qué “densa trama cultural” se refieren ¿A la cultura política nacional, regional o local? ¿A algún tipo de cosmovisión de las poblaciones rurales de su ámbito de influencia? ¿A la micro política local y los, digamos, usos y costumbres de la gestión pública de las municipalidades distritales? Sería bueno desarrollar un contenido que permita al menos comprender el vínculo que se plantea entre ésta y los conflictos.

Articulo publicado en la Revista VOCES. Nro. 31. Noviembre 2010. Cajamarca. Asociación SER.