"¿Cuánto creen que valen nuestros familiares, cuánto vale mi hija, es como revivir todo el dolor nuevamente, de ver que nos tratan nuevamente con tanto desprecio?”. Fue uno de los comentarios, con impotencia y lágrimas en los ojos, de la madre de una víctima del conflicto armado que escuché hoy en el encuentro nacional del Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita.

Era la respuesta al sorpresivo Decreto Supremo Nº 051-20011-PCM, publicado ayer y firmado por García Pérez y su primera ministra Rosario Fernández, decreto sobre las reparaciones económicas que violenta a todas las personas víctimas del conflicto armado interno y su derecho a la reparación. Sean víctimas de Sendero Luminoso, del MRTA, de los comités de autodefensa, de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú.

La reparación no es un regalo, es un derecho fundamental. Es una obligación internacional y un compromiso ético asumido por el Estado peruano frente a las víctimas del Conflicto Armado Interno. El gobierno se ha burlado de esto, otra vez.

El plazo final que establece el decreto de García para registrar a las personas con derecho a reparaciones económicas es el 31 de diciembre de 2011. Con esto, las víctimas que recién puedan inscribirse después del 31 de diciembre no conseguirán acceder a su derecho a una reparación económica. Es decir, podrán acreditarse como víctimas, pero el Estado les negará el derecho a su reparación, violando el derecho constitucional a la igualdad y no discriminación.

Lo denigrante es que el decreto señala como monto de reparación por desaparición forzada, muerte, discapacidad y violación sexual, la suma de 10 000 nuevos soles. Esta cifra ha sido  establecida arbitrariamente, sin ningún criterio técnico y de manera unilateral, desconociendo los múltiples esfuerzos realizados en este tema, y sobre todo, sin recoger la opinión de los afectados.

Pareciera que un día García amaneció iluminado y decidió que debía fijarse la reparación económica de una vida en diez mil soles, 2/3 del sueldo que le pagamos todas y todos los peruanos mensualmente, él gana al mes 15 000 soles. Este monto es un insulto al dolor y la dignidad de las víctimas y sus familiares.

Recordemos que las organizaciones de víctimas han hecho llegar en muchas ocasiones criterios para fijar el monto de las reparaciones. No las escucharon. Solo recibieron maltrato por parte del secretario ejecutivo de la CMAN, Jesús Aliaga. ¿Hasta cuándo las van a seguir maltratando?

Incluso el mismo gobierno presentó un informe por parte de una comisión técnica conformada por la PCM, el MEF y el MIMDES, en el cual se establecieron 4 propuestas de montos con sus respectivos sustentos técnicos, tampoco este informe se tomó en cuenta.

Como cereza del pastel, esta norma ha sido publicada sin conocimiento del pleno de la CMAN.

Durante los últimos 5 años, el gobierno de García no ha hecho casi nada para cumplir con las recomendaciones de la CVR y ha evadido su obligación de reparar a los miles de familiares y víctimas del conflicto armado. Publicar esta norma a cuarenta días de terminar su periodo es una vejación más a la dignidad las víctimas del conflicto armado interno.

Alan García, repitiendo su performance del Cristo de lo robado, no ha dialogado, no ha tomado en consideración a las organizaciones de víctimas ni al Consejo de Reparaciones ni a la Defensoría del Pueblo. Lo único que ha buscado (responsable de la CMAN incluido) aprovechando la necesidad de personas en situación de extrema pobreza, es tomarse una foto con parafernalia de feria incluida y satisfacer así su ego colosal.