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De nuevo, la pérdida

Enviado el 17/04/2013

Jacqueline Fowks

Desplazados de Chungui, deudos de víctimas de la violencia, aún ignoran el destino de otros familiares

Varias veces al año, deudos de víctimas de la violencia se reúnen, convocados por el Ministerio Público y otras instituciones sociales, alrededor de ataúdes blancos y pesados, sellos y oficios, en Huancavelica y Ayacucho, a recoger los restos de sus familiares desaparecidos  durante la violencia, entre 1980 y 2000.  

La entrega de restos  identificados es una obligación administrativa del Estado, luego seguida por una ceremonia religiosa, íntima o familiar, y el entierro. Sin embargo, en enero, durante la entrega de restos de personas asesinadas en Chungui entre 1984 y 1985, algunas familias dieron a conocer que otros de sus seres queridos nunca reaparecieron. Y se lamentaron de no haber recibido nunca alguna atención por parte del Estado.

Las actividades del 25 de enero organizadas por la fiscalía, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el gobierno regional de Ayacucho, las municipalidades de Huamanga y Chungui, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y el Centro Loyola, entre varias otras organizaciones, tuvieron un componente distinto a otras restituciones de cuerpos realizadas en los últimos años. Las 78 personas identificadas en varios lugares de entierro, fueron muertas en diferentes hechos de violencia, a manos de Sendero Luminoso (SL), el Ejército y los Comités de Autodefensa.  Hasta antes de esta ocasión, las entregas de restos correspondían a víctimas de un solo hecho y un solo perpetrador.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se ha referido a Chungui como el lugar del Perú donde ocurrió la mayor inhumanidad en el período de la violencia y el lugar con el mayor número de sitios de entierro y víctimas del país. Según información de COMISEDH, hay 300 sitios de entierro en ese distrito, en particular en la zona conocida como Oreja de Perro.  Un joven suboficial de policía que prestó servicio en la zona hace un par de años, comentó que durante un patrullaje vieron algunos restos humanos que sobresalían de la tierra, pero que su superior prefirió no dar parte al volver a su base.

Las exhumaciones y posterior identificación de los restos devueltos en enero son producto de diligencias referidas a una denuncia que presentó COMISEDH en 2011, por el asesinato de 114 personas de comunidades de Chungui, por parte de miembros de SL y del Ejército, en 24 eventos. Las diligencias han estado a cargo de la fiscal Jhousy Aburto. Los responsables de dichas muertes serían el mayor EP Pedro Baca Doig y Óscar Ramírez Durand, entonces mando político del Comité Regional de Sendero Luminoso en Ayacucho. Aún no hay acusación fiscal.

El día de la entrega de los restos, en presencia de autoridades fiscales de Ayacucho y del fiscal Víctor Cubas Villanueva de Lima, en el laboratorio Médico Forense en Ñahuimpuquio, las indicaciones y el protocolo empezaron en castellano. Un momento del programa se realiza en un auditorio techado, luego la entrega de documentos y de los féretros transcurre bajo un toldo que no protege a todos del sol. Poco a poco, las autoridades de la fiscalía se van retirando y alguien tiene el buen tino de pasarle el micrófono a un trabajador quechua-hablante de la fiscalía. Él insiste en la importancia de no extraviar el papel que les han entregado y las únicas palabras que no pronuncia en quechua son fotocopia y defunción-certificado.

Las masacres y los perdidos

Si bien la restitución de restos es una importante medida de reparación a las víctimas, especialmente para pueblos en los cuales la muerte es un elemento central de las costumbres y la cultura, el entierro no permite concluir la historia y el sufrimiento de la violencia para algunas familias. Es el caso, por ejemplo, de la viuda y los huérfanos de Pablo Díaz Guevara: Sabina Maytan Salas (66), Rigoberto (42) y Marina (36).  Díaz fue víctima de Sendero Luminoso hace 30 años y los hijos fueron testigos también del asesinato de otros vecinos de sus padres.

“Nunca hemos ido a un psicólogo, y ahora todo esto vuelve”, explica Rigoberto en tono de reclamo, acompañado de su hermana. “Yo tenía seis años. Mamá y mi hermanito menor se pusieron mal después de lo que pasó. Estaban nerviosos, asustados, enfermos. Un día a un helicóptero del Ejército pedimos que se llevaran al bebito a un hospital en Huamanga porque en Chungui no había nada. Mamá empeoró, no nos podía cuidar, nosotros éramos niños, no sabíamos qué hacer, a dónde ir, dónde buscar. Nunca más hemos sabido de nuestro hermanito”, agrega Marina y se echa a llorar.

Éste no es un caso aislado. Una trabajadora del sector Salud de Ayacucho ha referido a trabajadores y asistentes sociales que en aquel tiempo, llegaban en helicópteros a Huamanga niños heridos o enfermos, o porque su comunidad era arrasada, y luego no los devolvían: pasaban a orfanatos, sin nombre, y más tarde los trabajadores los inscribían, hasta con sus propios apellidos.

Artículo publicado en revista RETABLO. Nro. 51. Abril 2013. Ayacucho. Asociación SER.

 

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