Ricardo Morel

La luna de miel se convirtió en hiel demasiado pronto. Han pasado sólo 100 días y ya el nuevo poder Ejecutivo sintió la “pegada”. Algunos  Gobiernos Regionales y Locales en Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna y Ucayali han generado actos de protesta “pulseando” al nuevo Gobierno. La otra mitad del país está a la espera de estas respuestas del Ejecutivo, que marcarán el destino de nuestros próximos años.

El proceso de descentralización del país ha venido avanzando hasta llegar a niveles críticos. Los Gobiernos Regionales reclaman para si una serie de competencias que no estaba previsto transferir, al menos por ahora. Hubo falta de claridad en “rayar la cancha”, lo que generó altas expectativas.

En el sector minero se han transferido competencias para gestionar regionalmente la pequeña minería, pero sin transferir recursos. Vemos a las Direcciones Regionales de Minería (DREM) sin personal, presupuesto ni equipamiento.

En este escenario la minería ilegal quedó en una especie de limbo -sin supervisión- que le permitió crecer a niveles inmanejables.  Se estima en 400 mil personas que vienen directamente de la minería ilegal en el Perú y sigue creciendo, generando un desastre ambiental, prostitución, trabajo infantil, etc. en “zonas liberadas”, donde ni la policía puede ingresar.

El Ejecutivo ha renegociado con las empresas formales un gravamen minero para compensar la oferta de campaña del impuesto a las sobre ganancias, pero por el apuro se olvidó de consultar esta negociación con los Gobiernos Regionales, algunos de los cuales, como Moquegua, ya levantó la voz reclamando que su canon minero disminuirá bajo el nuevo modelo. Los demás parece que aún no se han dado cuenta.  Más del 60% de nuestras exportaciones son mineras y buena parte del presupuesto nacional y de los programas sociales comprometidos por el Presidente Humala dependen de la minería.

Ahora Gobiernos Regionales, como Cusco y Cajamarca, que apostaron abiertamente por Gana Perú en las elecciones presidenciales, reclaman su parte y dentro de ese reclamo exigen autonomía y en este caso potestad para aprobar y revisar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los que actualmente aprueba el sector (en el caso de la minería es el Ministerio de Energía y Minas - MINEM). Como una forma de mostrar su fuerza, ambas regiones apuntan incluso a revisar EIA ya aprobados en el gobierno anterior y en el caso de Cajamarca se propone declarar inviable un proyecto minero autorizado y en construcción, siendo una región que vive de dicha actividad y constituyendo esto una seria amenaza a nuestra reputación internacional y a la sostenibilidad del propio país.

Son muchos los actores que hablan de conflicto de intereses en el MINEM, pues por un lado promueve la actividad minera y por otro aprueba los EIA. En paralelo el Ministerio del Ambiente (MINAM) plantea participar más activamente en la revisión de los EIA y asumir el liderazgo en la gestión del agua.

Las empresas se oponen a que se revisen los EIA ya aprobados, pues esto podría abrir la puerta a desconocer toda legalidad en cualquier proceso y generar caos.

¿Qué hacer ante esta situación donde aparentemente no hay coincidencias entre los actores?

Definitivamente todos debemos ceder buscando la empatía, es decir colocarnos en los zapatos del otro para tratar de entender las posiciones y los intereses que hay detrás de ellas.

Por ejemplo, el Gobierno Central podría coordinar con los Gobiernos Regionales la mejor distribución del gravamen y del canon minero. También podría revisar las instancias donde se aprueben los EIA, incorporando al MINAM y a los Gobiernos Regionales en este proceso.

Los Gobiernos Regionales podrían flexibilizar su posición, colocando en agenda no sólo su injerencia en los EIA, sino en temas como la Consulta Previa, las concesiones y la gestión descentralizada del conflicto social.

Las empresas podrían, sin tener que anular sus licencias, facilitar monitoreos, revisiones o supervisiones de sus procesos legales, entre ellos los EIA, dando claras muestras de total transparencia y ayudando a fortalecer las relaciones con las autoridades.

Adicionalmente todos juntos podíamos trabajar en formalizar la minería ilegal y en buscar formas creativas de mejorar la distribución de beneficios que generan los proyectos mineros, llegando a un verdadero “chorreo” que tenga por objetivo central la erradicación de la pobreza en el país.