Fernando Romero Bolaños

Los recientes sucesos ocurridos principalmente en Cajamarca, traen nuevamente al centro del escenario el cuestionamiento a la actividad minera.  A diferencia de lo ocurrido en el pasado, el “caso Conga” comienza a ser visto por el gobierno como una oportunidad para marcar un rumbo distinto a la manera en la que se tratan los conflictos sociales.

Apagando incendios

Y es que en el pasado la política predominante ha estado caracterizada por “echar agua al incendio”, y por interpretar que la causa principal del conflicto era la presencia de grupos politizados que pretendían hacer daño al gobierno de turno, negando así las demandas generalmente legítimas de la población.
   
Desde un enfoque conspirativo  de los conflictos,  en la medida que se consideraba que la razón que los explicaba era “política”,  la estrategia predominante para resolverlos era recuperar el orden público firmando actas que en la mayoría de casos no se cumplían,  pero que conseguían  que la presión social disminuyera.  También se buscaba debilitar a los líderes  bombardeándolos con innumerables denuncias  judiciales y en el peor de los casos con represión violenta.

En la mayoría de los casos, esta manera de actuar no creaba una nueva situación en la relación entre los actores involucrados: no institucionalizaba reglas,  no definía nuevos roles, no reconocía derechos, no aumentaba la confianza.  Dejaba las cosas en una suerte de “calma chicha”, de incertidumbre,  que  permitía que, según la fuerza de los actores involucrados, el conflicto  “prenda”.  Ejemplos de ello son Majaz (río Blanco), y más recientemente Tía María.  Sin duda, el que este enfoque predominara, no significa que no hubiere excepciones, y algunas de ellas muy importantes.  Ejemplos de esto fueron:  La decisión gubernamental de declarar como zona de exclusión minera áreas de Madre de Dios que venían siendo depredadas por la minería ilegal, y  el establecimiento de mecanismos de negociación y acuerdo entre mineras, comunidad y Estado relacionados a la promoción del desarrollo llamados Fondos Sociales.  Estos últimos no están exentos de problemas,  y de críticas por haber sido “privatizados”,  pero en los casos en los cuales existe un acuerdo sobre la presencia de la actividad minera, han colaborado a que las manifestaciones más violentas  del conflicto ya no se presenten.  Los Fondos Sociales de Las Bambas. Rio Tinto y Las Lagunas son una prueba de ello.       

Nuevos vientos   

Las declaraciones de Salomón Lerner y la estrategia que ha venido implementando el gobierno alrededor del proyecto Conga,  pueden darnos algunas muestras que un modo distinto de tratar los conflictos que está gestándose:

1.    El Presidente del Consejo de Ministros no niega el interés por promover la inversión minera, ya que el gobierno la requiere  para poder contar con recursos para  llevar a cabo las políticas que ha propuesto.

2.    Promueve espacios de trabajo  en los que los representantes de las organizaciones sociales, comunidades y empresas puedan expresar sus puntos de vista e intereses, persiguiendo que se analicen los temas que están a la base del conflicto, que en el caso del proyecto Conga son el tema ambiental y el hidrogeológico.   

3.    Busca involucrar a las autoridades locales y regionales en el diálogo y los compromisos que se van estableciendo.

4.    Ofrece una revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y de la manera como se llevó a cabo la Audiencia Pública en la que éste fue presentado.

Esta misma estrategia ha sido la que se viene implementando en Tacna y Moquegua, habiendo constituido  sendos espacios en los que se vienen trabajando temas como el de la provisión de agua en ambas regiones y la manera como los distintos actores involucrados van a participar en su resolución.

Sin embargo, las oportunidades plantean retos que hay que resolver para poder  aprovecharlas: uno  clave es el de la forma como se enfrenta a los actores políticos involucrados en el desarrollo de los conflictos. Durante la semana en distintos análisis relacionados con el tema, se ha hecho evidente que el gobierno requiere disputar políticamente con estos sectores el respaldo de la población, mostrando que sí es posible hacer cambios en las políticas públicas  y que éstas sí pueden ser producto de un diálogo que involucre a las empresas y la sociedad civil.  Para lograr esto  se  requiere de una activa presencia de los cuadros políticos del nacionalismo y de sus aliados en los lugares donde se producen estos conflictos.

El otro es  evitar cometer el error de gobiernos anteriores, que  respondieron  reactivamente a los conflictos. Para ello se requiere,  identificar  las causas comunes que se hallan a la base de los mismos y promover las políticas necesarias para transformarlas.  En esa perspectiva se halla,  la  consulta previa- cuya reglamentación  se viene  avanzando según los calendarios establecidos- ,  pero también hacer realidad las propuestas  de promover el ordenamiento territorial, revisar los  procedimientos de otorgamiento de concesiones y aprobación de EIA y  fortalecer las relaciones entre los tres niveles del  Estado.   

De otro modo, Conga tal vez podría iniciar sus actividades de explotación, pero en un escenario sumamente incierto.

Ante el peligro que se multipliquen escenarios como ese  se viene proponiendo  promover un nuevo pacto social respecto al rol de la minería en el desarrollo del país, que tendría que ser convocado y liderado por el gobierno nacional.  Sin duda son procesos que pueden tomar un tiempo pero, sin duda, permitirá construir un escenario con más certidumbre para todos los peruanos.