Las diversas movilizaciones que vienen ocurriendo en Puno ponen en cuestión nuevamente la política de promoción de la inversión privada implementada por el gobierno peruano y la absolutamente ineficaz gestión de conflictos que atraviesa a todas las instancias encargadas; pero también revela la injustificada complacencia de la mayoría de la elite política y económica limeña con un Alan García que acaba su segundo mandato más preocupado en instalar monumentos innecesarios y hacer grandes anuncios –lejanos de la verdad- como el que señala que su gobierno ha erradicado el analfabetismo.

Durante los cinco años de gobierno aprista, la Defensoría del Pueblo se ha encargado de recordarnos mes a mes que más allá de la capital, la persistencia de los conflictos revelaba las limitaciones de una forma de gobernar que se reduce a entregar concesiones mineras, petroleras, hídricas, etc., desde la comodidad de los escritorios del Ministerio de Energía y Minas, a una serie de empresas ávidas por exportar nuestros recursos naturales, aunque para ello deban acabar reemplazando al Estado en las zonas donde desarrollan sus operaciones.

Esta ecuación ha llegado a sus límites en el caso de Puno, como lo muestran en extremo los pedidos de cancelación de las concesiones mineras y, sobre todo, los acontecimientos ocurridos el día de hoy en Panamericana Televisión, donde el dirigente Walter Aduviri se ha resistido a obedecer una orden judicial dictada en su contra por una magistrada puneña.

Para quienes hemos venido siguiendo el conflicto puneño desde que se encontraba focalizado en el distrito de Huacullani, pasando por las pugnas de poder entre el Consejo Regional y el Presidente Regional, el bloqueo de carreteras en el sur, la llegada de miles de manifestantes a Puno, las negociaciones en Lima en vísperas de la segunda vuelta, el reinicio de la huelga en Desaguadero y el surgimiento de nuevas protestas con diversas reivindicaciones, queda clara la existencia de un sector que plantea una serie de demandas extremas cuya solución escapa al actual gobierno.

En tal sentido, corresponderá al nuevo gobierno plantear una plataforma que permita superar los agudos conflictos que atraviesa Puno, definiendo de manera coordinada con las autoridades regionales y locales, una posición clara sobre las condiciones en que debe desarrollarse la inversión privada. Así mismo, es imprescindible que de una vez por todas, se enfrenten los recurrentes problemas de la contaminación minera informal, el contrabando y el narcotráfico que constituyen la principal amenaza para la plena vigencia del estado de derecho en dicha región.

Por ello en Noticias SER consideramos que es urgente que antes que el Presidente electo Ollanta Humala inicie una nueva gira por países vecinos dé un mensaje claro al pueblo puneño que votó masivamente por él, y que es consciente que ya no puede esperar nada de un gobierno como el actual, que ignoró por completo los graves problemas de la región. Puno no puede perder otros cinco años más.