Tras la publicación del Decreto Legislativo 1099 en el diario oficial El Peruano, el pasado 12 de febrero, norma que aprueba las acciones de interdicción de la minería ilegal en el departamento de Puno y la remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches, diversas fueron las reacciones de los dirigentes y autoridades consultados por Noticias SER. Estos consideran que si el gobierno no implementa presupuesto para ejecutar estas acciones, poco o nada contribuirán a combatir la minería informal en dichas cuencas.

Opiniones

Sabino Soncco, ex dirigente de la cuenca Ramis dijo: “Desde el año 2005 se han emitido alrededor de 5 decretos con el fin de combatir la minería informal en el río Ramis, sin embargo estas normas no han sido efectivas para resolver el problema. Ahora este nuevo Decreto me parece que tendrá el mismo efecto, ya que no resuelve el problema de fondo, porque no se aplicará en toda la cuenca sino en zonas específicas, mientras que los mineros informales han extendido su actividad a otros lugares”. Añadió que los pobladores afectados se reunirán para analizar dicho decreto y luego se pronunciarán.

Max Cáceres, alcalde del distrito de Crucero expresó: “Hay tres temas fundamentales en esta norma;  primero, la interdicción de maquinarias y equipos, en ese sentido si se ejecuta tal como señala el decreto puede en parte solucionar el tema de la contaminación; segundo, el financiamiento, en el decreto no aparece un presupuesto especial para la interdicción, sólo refiere que los sectores tienen que asumir los gastos y eso siempre ha sido un obstáculo, porque los sectores no tienen recursos para movilizarse; finalmente, la asignación de 140 millones que se logró con el decreto 035 no aparece en esta nueva norma, por tanto es importante que el Poder Ejecutivo aclare estos temas con el fin de que haya una solución integral”.

Luís Antonio Aguilar, director regional de Energía y Minas de Puno, indicó: “Es una norma importante porque permitirá realizar acciones concretas en el tema de la minería informal en el río Ramis. Tenemos 15 días para entregar la documentación que se nos pide, el problema radica en el financiamiento para realizar dichas acciones”, aclaró.

Jorge Caro, representante del Gobierno Regional Puno en la comisión multisectorial de la cuenca Ramis manifestó: “El dispositivo define el ámbito de intervención, pero en el tema de presupuesto hay preocupación porque no dan una partida específica para las acciones que se deben realizar. Por lo pronto ya remitimos el dispositivo a los alcaldes y representantes de la sociedad civil para su análisis y convocaremos a una reunión la próxima semana con el fin de tomar determinaciones”.

Fidel Huisa, consultor en temas mineros refirió: “Este dispositivo amplia y focaliza las áreas de intervención para que el Ministerio Público conjuntamente con la Policía realice las acciones de intervención, pero al mismo tiempo no dice nada sobre el fortalecimiento de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), un punto importante para resolver el problema ya que es la entidad encargada de aprobar y evaluar los Estudios de Impacto Ambiental. Esto traerá problemas porque según esta norma, si un usuario que tiene todos los documentos para su formalización, no es evaluado a tiempo por la DREM, entonces será considerado como informal según esta norma”, alertó.