Desde fines del año pasado el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, ha venido afrontando varias denuncias por su actuación frente al proyecto minero Conga, entre ellas, resistencia a la autoridad, ocasionar disturbios, entorpecimiento al funcionamiento a los servicios públicos y usurpación de funciones. Santos ha señalado que responderá a todas la acusaciones pero también aclara que con todo esto lo que se busca es debilitar las protestas del pueblo cajamarquino en contra del proyecto Conga.

Santos enfrenta grave denuncia

El contralor de la República, Fuad Khoury denunció al gobierno regional de Cajamarca por hacer uso indebido del dinero destinado a mejorar  la calidad educativa de la región y ser utilizado en la promoción de manifestaciones y paros el pasado 9 de noviembre del 2011. Según manifestaciones de Khoury en un medio nacional, existen documentos obtenidos por los auditores que demostrarían que dicho dinero fue destinado para movilizaciones. Ante ello, Gregorio Santos ha dicho que la auditoria que viene realizando Contraloría es una muestra clara de la persecución política administrativa y penal que sufre por parte del gobierno. Khoury respondió que la Contraloría no tiene absolutamente nada que ver con temas políticos. “Hemos rechazado enérgicamente cualquier suspicacia que hay en ese sentido... Nos debemos al mandato constitucional y a los ciudadanos que exigen una respuesta inmediata a los casos de corrupción”, dijo.

Respuesta del gobierno regional

En conferencia de prensa, Gregorio Santos dijo que el informe del contralor es incompleto y no se ajusta a la verdad. “Ahora que critiquen y que digan por qué se imprimieron folletos, volantes. El gobierno  central paga millones en propaganda a medios de Lima para decir que la minería es responsable. El pueblo de Cajamarca tiene que responder ante estas transnacionales", dijo. Dijo también que Cajamarca para movilizarse cuenta con el apoyo y sacrificio de su propia gente como los los transportistas y demás gremios.

Mientras tanto el vicepresidente regional, César Aliaga Díaz, frente a las denuncias, dijo que por mandato legal, la Contraloría debería comunicar a la institución investigada primero, para luego dar a conocer la denuncia a los medios de comunicación. “El señor Khuory ha faltado a la ley y lo vamos a denunciar. Lo que se ha sacado en el programa Cuarto Poder es un informe de unos profesores que fueron contratados para organizar las redes educativas. Ellos además de informar sus actividades mensuales vinculadas a mejorar la calidad educativa en nuestra región informaron que también  habían participado en la marcha del 9 de noviembre”, enfatizó.

Defienden a Santos

El vicepresidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Gabriel Gonzáles, señaló que las denuncias que se ha hecho al gobierno regional son una patraña del gobierno. “La población es conciente, no ha recibido ni un solo sol del gobierno regional. Pido a la población no caer en estas artimañas que tratan de desestabilizar las luchas”, refirió. De igual forma, el presiente del Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, Idelso Hernández negó que las marchas hayan sido financiadas por el gobierno regional.

Opinión

En conversación con Noticias SER, el analista político Pedro Sánchez Legrás, dijo que el gobierno regional de Cajamarca tiene que demostrar eficiencia y capacidad de gestión, para hacer un contrapeso a la serie de denuncias. También indicó que es importante que se tenga el personal más idóneo para poder llevar adelante las tareas que se les encomienda. “Las contrataciones de cierto personal que el gobierno regional ha hecho parecería que ha sido con fines políticos lo cual desmerece su seriedad. Pero también existe la posibilidad de que el gobierno central esté utilizando a Contraloría para hacer un seguimiento político al gobierno regional por haberse convertido en su opositor”, finalizó.