En la última sesión de Concejo Municipal, los regidores de la municipalidad de Huamanga no aprobaron el informe de la comisión que investigó la presunta utilización de una motoniveladora de la institución edil para trabajos en los terrenos del alcalde Amilcar Huancahuari. Este hecho no permitió conformar la comisión de ética, instancia que hubiera sancionado la falta cometida hasta con una suspensión en el ejercicio de su cargo.

Según indica el informe de la comisión investigadora presidida por el regidor Richard Llacsahuanga –que fue presentada en la sesión de concejo municipal del pasado 13 de febrero-, existen pruebas que determinan que el 31 de octubre de 2011 se “habría hecho uso indebido de la maquinaria de propiedad de la municipalidad de Huamanga, en el terreno privado del alcalde Amilcar Huancahuari, para fines ajenos a los institucionales”.

Asimismo la comisión llegó a determinar que para justificar el uso de la maquinaria, los funcionarios de confianza habrían procedido a regularizar los libros de ingreso de documentos del despacho de alcaldía, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Obras Urbano y Rural, para aparentar que la maquinaria habría sido solicitada oportunamente por el ciudadano Félix Ramos Huamán, presidente de la comunidad campesina de Rumichaca, utilizando los sellos oficiales de la institución.

¿Delito o falta?

Nolberto Lamilla, regidor de la municipalidad de Huamanga se abstuvo en votar porque había encontrado algunas observaciones al informe de la comisión investigadora, especialmente en la parte relacionada a las normas a la cual hacían referencia para intentar sancionar la supuesta falta del alcalde. Para Lamilla el alcalde sólo podría ser sancionado mediante dos normas: la Ley Orgánica de Municipalidades y el reglamento interno del Concejo Municipal.

“La comisión ha aplicado una ley que no corresponde. El código de ética si se puede aplicar a los otros funcionarios y no al alcalde. Por otro lado en el reglamento interno de Consejo Municipal no existe una falta grave que se aproxime al uso de una maquinaria a favor de un funcionario, eso es un delito y por ello se generó una discusión jurídica, en la sesión, de que si eso era una falta o un delito, entonces preferí abstenerme”, dijo.  
 
Para la regidora Elizabeth Prado, quien votó a favor de la aprobación del informe, hay algunos regidores que no entienden la condición de un alcalde “que además de ser miembro de un concejo municipal es un funcionario público y máxima autoridad administrativa, entonces está supeditado a las normas como funcionario “, por ello precisa que es posible que el alcalde sea sometido a una comisión de ética. “El concejo municipal no sanciona delitos, pero nuestra obligación y función es sancionar faltas que cometen sus miembros y en este caso la del alcalde”, dijo.
 
Acciones

Elizabeth Prado manifestó que en los próximos días presentará, conjuntamente con otros regidores, una queja a la Defensoría del Pueblo así como a la Comisión de Lucha Contra la Corrupción de la ODECMA en Ayacucho y ante la Fiscalía de Prevención del Delito del Ministerio Público. Asimismo, los miembros de la comisión investigadora pedirán en la próxima sesión de Concejo Municipal, una reconsideración y si no hay rectificación se seguirán los caminos legales respectivos.