Ana María Vidal Carrasco

“Debemos poner fin a las secuelas de la violencia terrorista que vivimos y cumplir con las reparaciones individuales y colectivas. Es necesario, es necesario que las víctimas y deudos rehagan sus vidas personales y familiares, que miren con otros ojos su futuro porque viven en la patria que los incluye y que los reconoce como peruanos y no los tiene que discriminar”.

Discurso del Presidente de la República, teniente coronel (r) del Ejército Peruano del arma de artillería Ollanta Humala Tasso.

No es una frase de campaña, no tenía que ganar votos, ya había ganado. La frase la dio en su discurso de asunción de mando. Esa fue su palabra.

Las reparaciones

Las víctimas del conflicto armado interno tienen derecho a reparación, esto no es un regalo ni un beneficio. Son obligaciones y recomendaciones jurídicas, sobre la base de compromisos internacionales asumidos con Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La doctrina y la comunidad internacional han entendido que solo un Estado que cumple con reparar a las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, puede reconciliarse de manera efectiva con toda su población.

Un Estado que no repara a las víctimas de un conflicto armado interno no reconoce sus derechos como ciudadanas y ciudadanos, está condenado a no superar el miedo ni los traumas que dejó la guerra y repetir la violencia que vivió.
El Decreto Supremo Nº 051-20011-PCM(1), publicado el 16 de junio y firmado por el ex presidente García Pérez y su entonces primera ministra Rosario Fernández, estableció criterios arbitrarios y absurdos para todas las personas víctimas del conflicto armado interno y su derecho a la reparación. Sean víctimas de Sendero Luminoso, del MRTA, de los Comités de Autodefensa, de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú.

Esto lo dijeron y lo vienen diciendo las víctimas desde el primer momento: Es una norma que no les fue consultada, que no fijó criterios técnicos para determinar el monto a reparar, que no reconoce las distintas vulneraciones de las personas, como por ejemplo la violencia sexual, además que vulnera la dignidad de mujeres y hombres que sufrieron la violencia. El Estado vuelve a maltratarlas y maltratarlos una vez más.

A la fecha, este nuevo gobierno -que ya parece viejo- no ha derogado esta norma. Después de 5 meses no hay una señal clara de querer dar el dinero necesario para lograr una reparación integral y digna. Estas peruanas y peruanos aún no viven en una patria que los incluya y les tenga respeto.

Y de las personas registradas y acreditadas en el Registro Único de Víctimas (RUV), en la actualidad,  ya han fallecido muchas, casi el 10 %. Hombres y mujeres que murieron sin recibir una reparación, a quienes el Estado (y también el actual gobierno) les violentó sus derechos hasta el final. Lo que constituye una afrenta para con ellas y ellos, también es una afrenta a la dignidad de toda la sociedad peruana.

La violencia sexual

A este grave olvido se suma la reparación de las víctimas de violencia sexual inscritas en el RUV, pues, hasta el momento, el Estado solo reconoce el derecho a reparación a quienes fueron víctimas de violación sexual.

Desde el 2008 hay distintas iniciativas para que se reconozca este derecho. ¿Cómo el Estado puede negarle la reparación a económica a personas víctimas de prostitución forzada, de esclavitud sexual, de abortos forzados, de crímenes cometidos contra mujeres embarazadas?

Frente a un proyecto de Ley que proponía modificar esto, con el propósito de que estos hombres y mujeres accedan a su derecho a la reparación; el gobierno anterior se negó. La ex Ministra de Justicia, Rosario Fernández (la misma que firmó el ya mencionado Decreto 051) justificó esta exclusión alegando que, como ese crimen de lesa humanidad no estaba tipificado en el Código Penal, las personas victimadas no podían acceder a la reparación. Es decir, el gobierno anterior se justificó sobre la base de un vacío legal.

Este gobierno no ha dicho nada, pero mientras siga callando y negando este derecho, seguirá el camino del anterior y su política de vulneración a la dignidad de las víctimas será la misma.

La impunidad

En los últimos días de junio, Daniel Abugattas, ahora Presidente del Congreso, me dijo por teléfono, que su partido apenas asumiera el cargo derogaría el Decreto 051. Aún no lo hacen.

Al contrario, ahora dice que no le temblaría la mano para indultar a Fujimori. Le recordamos que a Fujimori tampoco le tembló la mano para mandar a matar gente, y el gobierno que indulte a Fujimori (que sería el primer gobierno en el mundo en indultar a un sentenciado por delitos de lesa humanidad por sufrir de depresión) será cómplice de cada una las muertes del grupo Colina.

También le recordamos que sería bueno que no le tiemble la mano para reconocer los derechos de la población peruana y reconozca la ciudadanía de las víctimas reconociendo su derecho a la reparación.

Un gobierno que no hace caso a las víctimas, hace caso a los perpetradores
El gobierno a la fecha no ha cumplido su palabra con las víctimas. No cumple con desembolsar los fondos necesarios para la reparación integral de las víctimas (parece que no tiene ánimo de hacerlo), ni ha reconocido el derecho a la reparación a quienes fueron víctimas de violencia sexual. Si sigue así, el gobierno de los “guardianes socráticos” que “están más allá del bien y del mal”, no solo no cumplirá su palabra, sino que seguirá el camino del gobierno de García y de la dictadura fujimorista. Y lo peor de todo será que condenarán a todo el país a no superar los traumas y el dolor tan grande que dejó la guerra. Nos condenarán a que la violencia se siga repitiendo.

Nota:

1) http://www.noticiasser.pe/17/06/2011/nacional/la-reparacion-no-es-un-regalo