Enrique Herrera Sarmiento

Quisiera reflexionar sobre las posibles consecuencias políticas que tendría una de las conclusiones a la que se arriba en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentado el 2003 y que ha sido profusamente divulgada: “[…] Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno” Interesa detenerme en dicha afirmación, en el caso que sea retomada tal cual en el Museo de la Memoria que está en vías de construcción.

El punto de partida de mi reflexión tiene que ver con una interrogante de orden metodológica: ¿cuál es la validez estadística de la cifra que la CVR da sobre la lengua de las víctimas del conflicto armado?

Me planteo esta pregunta, porque en las últimas dos décadas en la mayoría de países latinoamericanos se difunden profusamente datos estadísticos vinculados a indicadores étnicos, entre los cuales la lengua aparece como uno de los mas recurrentes. Es suficiente que estos datos los divulgue un organismo que goce de cierto reconocimiento académico o que se halle avalado por una institución estadística nacional o una entidad internacional multilateral, para que se vuelvan incuestionables.

No obstante, se sabe que las estadísticas sobre indicadores étnicos están bastante influenciadas por intereses políticos o - sin quererlo - sirven a tales propósitos. Por lo general, la finalidad de cuantificar la etnicidad se explica por la necesidad de identificar la realidad sociodemográfica de poblaciones indígenas, donde se busca intervenir a través de programas de desarrollo implementadas por entidades estatales o agencias no-gubernamentales. Entonces, muchas veces las instituciones involucradas en la gestión de estos programas buscan influir en el conteo de indicadores étnicos, puesto que a mayor número de indígenas registrados, consiguientemente, se aseguran una incidencia laboral y política más amplia. Este mismo interés, va de la mano con los beneficiarios potenciales de tales programas; es decir, con aquellos individuos que pueden reivindicar alguna cualidad étnica particular y, entonces reclamar la aplicación de una legislación específica y el respeto de derechos exclusivos, en consonancia con tratados internacionales auspiciados por las Naciones Unidas. En la otra orilla se encuentran, casi siempre, sectores empresariales, o a veces los propios estados, que cuando se sienten – o perciben pueden ser - afectados por tales iniciativas, tienden a minimizar o a desconocer las estadísticas que contabilizan indígenas.

Por tanto, mensurar la etnicidad a través de censos étnicos dista mucho de ser una forma neutra de acercarse a la realidad que se pretende registrar y, por el contrario, ha devenido en una labor enteramente subjetiva, condicionada por las tensiones y los intereses de los actores involucrados. De ahí, si se comparan dos censos, efectuados en un mismo periodo por instituciones diferentes, las cifras que indican el número de indígenas y los idiomas que hablan pueden cambiar de forma drástica.

Es posible que, sin proponérselo, la conclusión de la CVR a la que he hecho mención nos haga ingresar al centro de esta discusión.

Y es que al poner en relevancia la lengua de las victimas de nuestro conflicto interno, la CVR incide sobre uno de los marcadores aparentemente más “objetivos” que los censos étnicos tienden a registrar. No obstante, mensurar las competencias lingüísticas de locutores de un idioma determinado siempre será un acto revestido de una gran complejidad. A continuación, me detengo en dos elementos que son centrales para entender la dimensión de este hecho.

El primero tiene que ver con la medición del grado de fidelidad lingüística. Por ejemplo, en los países andinos el uso de una lengua indígena es alternada, casi siempre con el castellano. El dominio y los espacios de uso son múltiples y dependerán de muchos factores: el contexto de interacción, la edad, el género, el nivel de educación o el estrato social. Entonces, ¿cómo medir el uso de una lengua de un entrevistado, cuando se le aplica un cuestionario? De hecho, a través de un censo -donde el encuestado que afirma hablar un idioma indígena, no es evaluado sobre el dominio del mismo o sobre las circunstancias de uso- resulta bastante difícil establecerlo. Se requieren aproximaciones más precisas, ya sean etnografías lingüísticas o evaluaciones socio-lingüísticas. Solo así, se podrá conocer con detalle las particularidades del uso de una lengua. Acercarse a través de un censo, es hacerlo de una manera extremadamente superficial. Si eso es así, es factible imaginar lo complicado –por no decir, imposible- que es establecer la pertinencia lingüística de personas que ya no existen. Por ello, suponer el grado de fidelidad lingüística de quienes fallecieron en nuestra guerra interna, es ingresar a un campo tan incierto que cualquier afirmación que se haga en ese sentido, no tendrá validez estadística.

El segundo elemento se relaciona con el hecho que los locutores de una lengua con escaso valor social, no siempre tienen una ubicación subalterna, ni siempre conforman un sector homogéneo. Ese, es el caso de quienes usan el quechua en la región andina o en las grandes ciudades del país. Los quechua-hablantes forman parte de diferentes estratos sociales, siendo que entre ellos también se articulan entre si, a través de relaciones asimétricas. Todo dependerá de su ubicación en las relaciones sociales y en los contextos donde interactúan. Ya J. M. Arguedas mostraba episodios en los que hacendados de la región donde se desarrolló una parte de la guerra – Ayacucho y Apurimac - recurrían al quechua como una forma de expresión intensa. En circunstancias festivas y rituales, los fieros hacendados se comunicaban con sus peones solo en quechua, con quienes cantaban y festejaban. El quechua, en esta región, es una lengua que ha atravesado a distintos sectores sociales. Ello existe hasta la actualidad y, por ejemplo, se puede distinguir en ciudades andinas como Abancay, Andahuaylas o Huamanga quechua-hablantes citadinos que también usan el castellano y que se colocan en un estatus superior, frente a aquellos que hablan la misma lengua, pero que provienen de comunidades rurales y que su uso del castellano es mas limitado. De forma precisa, se puede ver esta realidad a través del General Adrián Huamán Centeno, ayacuchano y quechua-hablante, Jefe Político Militar de ayacucho en 1984, año que la CVR identificó el mayor número de muertos en todo el periodo que duró el conflicto armado. Entonces, sostener que los quechua-hablantes fueron las principales victimas de la violencia, puede llevar a imaginar que este es un sector enteramente subordinado y excluido, dejando de lado las múltiples fracciones sociales, económicas y políticas que existen entre quienes utilizan este idioma y sus relaciones no siempre subalternas con otros sectores de la sociedad.

En realidad, esta reflexión no tendría sentido, si no supiéramos que el dato estadístico sobre un idioma indígena, casi siempre, abre las puertas para la etiquetación de un rotulo étnico, y este hecho es la antesala para el nacimiento o la formalización de una colectividad étnica. Este proceso se halla sustentado en una idea bastante extendida que supone que un área lingüística determinada, delimita una colectividad étnica (Lavaud, 2008:2). Tomando en cuenta ello y extrapolando la conclusión de la CVR entonces, se podría sostener que el 75 por ciento de las victimas de la violencia interna fueron “indígenas quechuas”, aseveración que – además - se encuentra deslizada en el Informe de la CVR (2003, 163). Y sobre esa base, también se deja expedito el camino para inferir otra más precisa: el 75 por ciento de las victimas de la guerra pertenecieron al grupo étnico Quechua.

Pero, ¿cuál es el riesgo de provocar este tipo de inferencias?
No hay que perder de vista que vivimos una época en la que han irrumpido movimientos indígenas en los países andinos, y en donde la acción política que desarrollan se sustenta en demandas étnicas. Bolivia es un ejemplo de ello. Lamentablemente aquí, el reconocimiento de derechos indígenas auspiciados por organismos internacionales como las Naciones Unidas, ha sido rebasado y, lejos de promover la inclusión (social y política) de sectores que reclaman ser indígenas o de resolver la postergación económica en la que viven, ha originado una mayor fragmentación social, ha dañado seriamente la gobernabilidad de este país y la intolerancia frente a la alteridad se ha extendido de forma alarmante. Un clima de revanchismo frente a lo considerado no-indígena ahoga en estos momentos a esta sociedad.

Entonces, incidir en la referida conclusión de la CVR brinda argumentos a quienes en el Perú promueven discursos étnicos, basados en la confrontación y la intolerancia. Y además, no solo podría incitar a la creación de una colectividad étnica, en este caso Quechua, sino que, en su acta de nacimiento, se afirmaría que ellos fueron las principales víctimas de nuestra conflagración interna. Al mirar a Bolivia, debería observarse que su nueva constitución política (promulgada el 2009) reconoce la existencia de 36 naciones indígenas (con competencias jurídicas, administrativas y territoriales propias), siendo las más importantes las naciones Quechua y Aymara. Traigo a colación este hecho, porque históricamente muchos movimientos políticos peruanos y bolivianos se han influido mutuamente, con la particularidad, en este caso, que el discurso étnico quechua y aymara del país vecino, desconoce las fronteras nacionales.

Por tanto, para dejar constancia en nuestra sociedad sobre la cruenta guerra que nos envolvió, no es necesario poner de relieve en el Museo de la Memoria una suposición estadística, vinculada al dominio de una lengua. Especificar que las víctimas hayan hablado un idioma u otro no aporta ni resta dimensión a la enorme tragedia que vivió el Perú. Además, no tiene sentido destacar un valor estadístico que no está sustentado de forma rigurosa y que por el contrario, lejos de ayudar a entender lo que fue esa conflagración, confunde y, con el riesgo adicional que alentaría la construcción de discursos y acciones políticas que podrían promover la confrontación y la intolerancia étnica.
 
Bibliografía

LAVAUD Jean Pierre, 2008. La multiplication des indigènes. A propos de trois ouvrages boliviens récents traitant de la question ethnique.
http://www.aportescriticos.com.ar/docs/Lavaud-Albo-esp.pdf

COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, 2003. Informe Final. Conclusiones generales. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php