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Récord revocatorio

Enviado el 14/06/2017

La Consulta Popular de Revocatoria realizada en 27 distritos rurales de 12 departamentos el domingo pasado, concluyó con un sorpresivo final, pues 13 de los 26 alcaldes cuestionados, fueron revocados. Sorpresivo y contundente, sobre todo, para quienes propiciaron el cambio de sus reglas de juego a través de la Ley 30315, promulgada el 6 de abril del 2015, que cerró el gran debate que se suscitó con la convocatoria a la Consulta contra la alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán en octubre del 2012.

Entre los académicos, la politóloga argentina Yanina Welp, estudiando la excepcional frecuencia y cantidad de consultas en el Perú (calificaba de “dudoso triunfo” el que fuera “campeón mundial en revocatorias”) y comparándola con las convocadas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, evaluó diversos factores como posibles explicaciones: la cultura política, el diseño institucional, los incentivos político-partidarios y las garantías institucionales. Su conclusión fue la siguiente:

“En definitiva, paradójicamente, la fortaleza de ciertas instituciones básicas para el buen funcionamiento de la democracia representativa (el organismo electoral), en un contexto de baja institucionalización del sistema de partidos, escasa responsabilidad política de las autoridades y mal diseño de las reglas del juego ha promovido la utilización intensiva de un mecanismo que atenta contra la gobernabilidad planteando, en el mediano plazo, un reto a la misma democracia”[1]

Para Steve Levitsky, el interés de las organizaciones políticas perdedoras por romper la regla no escrita de no adelantar las elecciones sino dejar gobernar al ganador, era el motor de las revocatorias. María Isabel Remy llamó la atención sobre la frecuencia de consultas en los distritos que recibían canon minero y Fernando Tuesta vio como el gran incentivo para los promotores, a las nuevas elecciones para reemplazar a los revocados.

Como se recuerda, en el bienio 2012-2013 se creó primero un clima adverso contra los revocadores de Villarán, luego, una opinión pública desfavorable a la revocatoria en general y se exigió la reforma de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Los políticos aprobaron con la Ley 30315 reducir a sólo una Consulta durante el período de mandato de las autoridades, acortar el plazo para el recojo de firmas de  adherentes para solicitarla, cerraron la posibilidad de sustituir a las autoridades revocadas mediante nuevas elecciones y exigieron que los comités promotores rindan cuentas de sus gastos.

Los efectos de la ley se hicieron sentir el año pasado: la compra de kits para el recojo de firmas bajó de 2,247 -del bienio 2012-2013- a sólo 938 el año pasado. También bajó el número de expedientes con firmas de adherentes validadas por RENIEC (incluidos los de cuatro provincias –fuera de Lima- en las que se cuestionó a sus autoridades) que pasó de 405 en las convocatorias de 2012-2013, a sólo 27 el año pasado. Se puede decir concluyentemente que, junto a la presión mediática, en el año de elecciones generales, la ley logró su propósito: disminuir el número de solicitudes de revocatorias, pero no ha conseguido que el número de revocatorias aprobadas baje en la misma proporción.

Por el contrario, cuando se cumplen 20 años de ejercicio de este derecho de control de los electores sobre sus elegidos, la sorpresa para analistas e interesados en el tema (pues para periodistas y políticos es absolutamente irrelevante lo sucedido en 27 pueblos de provincias) es que se ha producido un récord en el número de alcaldes revocados. La mitad de los cuestionados, pero también 13 de los 19 alcaldes criticados en los distritos donde no fueron anuladas las Consultas por ausencia de electores. Ese 50% de revocados tuerce la tendencia a la baja que observamos desde el 2008 en que fueron revocados el 39.6% de los alcaldes cuestionados; el 32% en la CPR del 2009; el 25.5% en la del 2012 y 21% en la del 2013.

¿Qué significa esto? En primer lugar, que fue errado el diagnóstico de que los que votan por la revocación de las autoridades lo hacen buscando una nueva elección. No, la revocatoria es una sanción a las autoridades que los electores evalúan que están haciendo una mala gestión, como lo expresaron en los motivos presentados con la solicitud. Y ese afán justiciero se abre paso en contra de lo que diga la prensa, los políticos y los intelectuales. Como ha sido el caso del alcalde y los regidores del distrito de San Pedro, cerca de Sicuani, en Cusco, con prisión preventiva dictada por un juez, acusados de haber violado a una trabajadora bajo sus órdenes, cuya revocación del mandato fue aprobada con más del 83% de los votos válidos.

En segundo lugar, estos resultados significan que los electores votan con información de primera mano y juzgan con prudencia. Por ejemplo, se ha escrito que los revocadores van tras el botín del canon minero. Esta vez, en departamentos mineros como Ancash, Arequipa, Cajamarca y Tacna se cuestionaron a 12 alcaldes: de ellos sólo cuatro fueron revocados, los de Coris y Santa Cruz en Áncash, y Ocoña y Ayo de Arequipa. Se dijo también que irresponsablemente los revocadores sacaban una y otra vez a los alcaldes atentando contra la gobernabilidad local. Veamos: en Huacllán de Áncash, que hizo por quinta vez una Consulta, y donde en una sola ocasión se revocó al alcalde, fue a votar menos de la mitad de los convocados; en Pamparomás y en Madeán, ambos con su cuarta Consulta y sin ningún revocado, la gente respondió revocando a dos regidoras en el primer caso y con el ausentismo en el segundo.

Se confirma, también, que sólo un tercio de los promotores (esta vez, nueve de 27) eran ex autoridades o ex candidatos, situación que el suscrito observó en los casos de los promotores triunfantes del 2008 y los del 2012, en los que sólo el 27.4% y el 24.6% del total, respectivamente, habían sido candidatos perdedores.

Yendo al análisis de los factores mencionados por Welp debo decir que tenemos todavía una cultura política autoritaria dominante en la mente de la mayoría de peruanas y peruanos. Esta cultura ve el abuso de poder como natural y no como algo que debe ser rechazado y castigado y que se resume en la frase “roba, pero hace obra” con la que se juzga la gestión de los alcaldes corruptos. Esta cultura educa electores sumisos que buscan un salvador, un enviado desde lo alto a hacer milagros. Electores sumisos que no se ven iguales a los gobernantes nacionales, y que viven sometidos al destino, al racismo, al machismo que nos clasifican, nos separan y nos mantienen divididos en un proceso trunco de construcción de la nación. Cultura autoritaria alimentada por la Iglesia y el ejército y también por su supuesto cuestionador, el senderismo, que  buscaba implantar la dictadura del partido y de su caricatura de mesías. En ese contexto cultural, pedir la revocatoria es una muestra de madurez ciudadana, pero a la vez es una apuesta por la ONPE como institución neutral. La alternativa puede ser –y lamentablemente se recurre a ella con frecuencia- usar la fuerza para tratar de resolver las controversias.

Por el lado del diseño institucional los críticos se fijaron en las reglas laxas –como el plazo para el recojo de las firmas- y no en la laxitud del control sobre el manejo de las finanzas municipales. Con las amplísimas atribuciones y capacidades que la ley les otorga, los alcaldes manejaron –y siguen manejando- el presupuesto municipal a su antojo, sin control alguno por parte de otros entes estatales, cogobernando con sus parientes, en una reedición andina del patrimonialismo que Weber había estudiado en Europa. Sin mencionar el hecho de que 14 de 25 ex gobernadores regionales están enjuiciados por delitos de corrupción.

Por tanto, si la adhesión al sistema democrático es débil como lo prueban todos los estudios, si la vida política es casi inexistente en las aldeas, si la desconfianza en los partidos es mayúscula porque son grupos de oportunistas sin principios, el que pequeños grupos de ciudadanos,  decidan cuestionar la gestión de un alcalde, transmitir esos cuestionamientos al resto de sus vecinos, dedicar tiempo y dinero a juntar firmas usando argumentos y no la violencia como en el caso de Ilave en el 2004, para que finalmente todos decidan si ratifican o revocan a los elegidos ¿puede ser negativo para fortalecer nuestra débil institucionalidad democrática?, ¿no es, más bien, un pequeño antídoto contra la corrupción hormiga en tiempos de Odebrecht?




[1]
WELP, Yanina “¿Por qué Perú? Análisis de la revocatoria del mandato en perspectiva comparada”. En: Elecciones 2013, enero-diciembre, vol. 12, N° 13. Se lo puede ver y descargar gratuitamente desde: https://www.web.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/L-0085.pdf

Comentarios (1)

Estimado Alfred, una vez mas,

Estimado Alfred, una vez mas, gracias por su excelente análisis con relación a la última Consulta Electoral. Siendo así, sin desmerecer la importancia de los resultados a favor de los Ratificados en el Cargo; los Revocados, recibieron lo justo.

La voz del pueblo, es la voz de Dios (Art. 45° de la Constitución) .

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