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Patrimonio cultural: ¿quién se hace cargo?

Enviado el 13/09/2017

Nuevamente se pone en debate quién se hace cargo del patrimonio cultural. El actual Ministro de Cultura señala que el Perú posee unos 13 mil sitios arqueológicos, que el tesoro público no los puede mantener a todos, y que hacerlo implicaría hasta seis veces el presupuesto de la república. Culmina con lo que ya se conoce, que hay que dar paso a la inversión privada para permitir la puesta en valor de ese patrimonio. Son varios los antecedentes de normas dictadas en los últimos años que muestran con relativa coherencia la misma tendencia de sucesivos gobiernos respecto al patrimonio cultural, ya sea reduciendo el papel rector del Estado o considerando dicho patrimonio como una supuesta traba a la inversión privada o simplemente como una pesada carga de la que hay que librarse.

El año 2013 se aprobó el DS N°054-2013-PCM, que reduce los plazos de aprobación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) recurriendo inconstitucionalmente al recurso del silencio administrativo, ya que luego de 20 días hábiles de presentada una solicitud por parte de interesados privados o públicos, la ausencia de respuesta del sector Cultura deviene automáticamente en la aprobación y el permiso de ejecución de los proyectos presentados. En el año 2014, se aprueba la RM N°364-2014-MC  que elimina la posibilidad de anular la licencia municipal sobre proyectos de bienes culturales inmuebles, otorgados sin autorización previa del sector. El argumento para ambos casos es la simplificación de los procedimientos, y la promoción y dinamización de la inversión privada en el país. En el 2015 se modificó el Art. 6 de la Ley 28296 (Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación) permitiendo la suscripción de convenios de gestión con entidades públicas y privadas, para que estas administren el patrimonio cultural inmueble y asuman su protección y aprovechamiento (conservación, restauración, exhibición, difusión y/o puesta en valor).

También el año 2015, al amparo de facultades extraordinarias  el Gobierno promulga el DL N° 1198, que autorizaba a las empresas privadas para administrar el patrimonio cultural nacional hasta por un periodo de diez años, considerando excepciones y ciertos procedimientos. Dicha norma fue rápidamente derogada por el Congreso por presión de la población cusqueña. Y como correlato vale añadir la reciente resolución ministerial RM N° 165-2017-VMPCIC-MC, con la cual el Ministerio de Cultura retiró la condición de Patrimonio Cultural de la Nación a los yacimientos arqueológicos ubicados en la quebrada Linga, distrito de Yarabamba en Arequipa, para permitir que la empresa Cerro Verde convierta dicha zona en depósito de sus relaves mineros. Para el gobierno parece que es más fácil trasladar los bienes culturales de su lugar de origen que hacer que el gran capital minero, con grandes beneficios económicos busque otro lugar para sus desperdicios. La misma suerte de retiro de categoría parece correr otros 20 lugares arqueológicos de Arequipa.

Los argumentos que esgrimimos frente a las renovadas intenciones gubernamentales de privatizar los sitios arqueológicos son reiterativos. No se trata de estar en contra de la inversión privada, sino de crear las condiciones para el fortalecimiento institucional de las entidades competentes con la protección y puesta en valor social del patrimonio cultural, desde el ministerio como ente rector hasta los gobiernos regionales y locales, contando con las suficientes capacidades humanas, logísticas y económicas que, justamente, les permita gestionar adecuadamente dicho patrimonio, incluyendo las alianzas  con los sectores privados.

Tampoco se trata de recurrir al sector privado ante la debilidad económica del gobierno o el débil desempeño de las entidades públicas. Las alianzas del gobierno en sus diversos ámbitos, con las empresas privadas y con las organizaciones de la sociedad civil, son indicadores de la construcción de gobernanza de la cultura, generando para tal fin, acuerdos y compromisos interinstitucionales. Y es por tal concordancia de actores que se requiere de instituciones públicas solventes, eficientes y probas, que aseguren la protección y aprovechamiento social del patrimonio cultural.

Por lo tanto, el argumento esgrimido por el Ministro respecto a las buenas experiencias del sector privado en el manejo de sitios arqueológicos  es válido pero no suficiente para que el Gobierno renuncie a su rol. Menos aún si se trata de un sector que buscará rentabilidad por sus inversiones y no existe ninguna garantía que los 13,000 sitios arqueológicos a los que alude la autoridad ministerial (y cabe señalar que son muchos más) generen tal interés para los empresarios privados, acostumbrados a buscar réditos a corto plazo, a maximizar ganancias a costa de sostenibilidad de los recursos, a actuar dentro de la informalidad, entre otros. Menos garantía existe respecto a un ministerio cuya fragilidad institucional para controlar el comportamiento de operadores privados es evidente. Y en este caso el problema es mayor porque se trata de patrimonio cultural muy vulnerable que no puede ser renovado o restablecido una vez que es destruido,

Al respecto también cabría aclarar a que se refieren con lo privado, dado que en nuestra lógica no se trata solamente de empresas que esperan una renta de sus inversiones, sino de diversas instituciones como las universidades y centros de investigación, la cooperación internacional, las ONG, las organizaciones sociales locales, las organizaciones filantrópicas, entre otras, todas ellas cumpliendo diversos roles complementarios pero siempre con la garantía de una entidad pública capaz de asumir con eficiencia y confianza la rectoría de la protección del patrimonio cultural.

Si el gobierno actual desea fortalecer la gobernabilidad y generar confianza popular en sus medidas, lo más sensato sería poner en debate sus propuestas sobre los cambios de rol del Estado frente al patrimonio cultural, así como el papel que pueden cumplir las diversas instituciones y sectores en el marco de su conservación y puesta en valor social.

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E INDUDABLE QUE MENDOZA NUNCA HA APORTADO NADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NADIE ENTENDIO PORQUE EL CNM LO NOMBRO SI NO TENIA NI APTITUD ACADEMICA NI CAPACIDAD SOLVENTE PARA SER MAGISTRADO, SIN EMBARGO SE LE NOMBRÓ MAGISTRADO SUPREMO Y NUNCA A PODIDO REALIZAR UNA GESTION IMPERECEDERA, ES UN LASTRE QUE SE LE HAYA DESIGNADO MINISTRO DE JUSTICIA Leer más >>
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