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La inconstitucionalidad de la “Ley anti tránsfuga”

Enviado el 13/09/2017

Sobre partidos, libertades y estado de derecho

De publicarse la sentencia que declara inconstitucional -en parte- la llamada “Ley anti tránsfuga” (Resolución Legislativa n°007-2016-2017), el Congreso no tendrá otra opción que acatarla. Así funcionan las reglas de nuestro estado de derecho. Ni siquiera cabe volver a presentarlo, como ha sugerido un congresista, pues se trataría de “cosa juzgada”.

Mal haría el fujimorismo en insinuar, como ya ha hecho el congresista Mulder, que el Congreso no está obligado a cumplir sus sentencias. Si lo hiciera, terminaría por echar al suelo sus esfuerzos por desmarcarse del auto golpe del 92, esa “sombra autoritaria” de origen que le persigue.

Mejor harían en abrir una reflexión seria sobre cómo hacer política en un Congreso plural. Por lo demás, cabría recordar que su aplastante mayoría fue producto de decisiones anómalas de la justicia electoral, en el 2016: haber sacado de carrera a dos candidatos presidenciales no es poca cosa; en el caso de Guzmán, por un asunto administrativo. En el de Acuña, por una infracción que también cometieron otros (que no fueron retirados de carrera). Si una reforma tiene sentido, a la luz de otros fallos de justicia en el país vinculados con políticos, es que habría de ver la manera de que ello no vuelva a ocurrir (y, en tanto, dejar de promover un reglamentarismo “hiper sancionador” que puede servir, como en el 2016, para decisiones arbitrarias, discrecionales, que afectan la democracia).

Por otro lado, volviendo a la decisión del Tribunal Constitucional, esta es perfectamente razonable, ajustada a la ley y a la defensa de derechos, acorde con los estándares democráticos  en América Latina y Europa.

En efecto, una regulación “anti tránsfuga” no es un mecanismo común en los sistemas políticos democráticos. En América Latina, apenas Panamá y Bolivia tienen una legislación tan rigurosa como la peruana. En Colombia hubo una ley con el mismo fin, pero fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional (similar interpretación que la dada por el Tribunal Constitucional de España). En Ecuador existió otra regulación “antitránsfuga” hasta el 2008, pero fue derogada. Finalmente, en Brasil está vigente una ley que, aunque permite a las bancadas dejar sin derechos al “tránsfuga”, tiene la restricción hecha por el Tribunal Superior Electoral (2007), de  sólo ser efectiva “siempre que no existiere razón legítima que justifique tal proceder”[1]. Es decir, distingue entre los que conocemos “tránsfugas” por intereses “particulares” (léase, por ejemplo, compra de conciencia, como en los años 90), de la “disidencia” por razones políticas legítimas.

Los demás países de la región no tienen regulación al respecto. En un sistema de partidos saludable, la lógica es que, si sales de la bancada, el primer y gran castigo es retirarte del partido. Así de simple.

Hubiera sido bueno que, antes de discutir esa Resolución Legislativa, se hubiera hecho un análisis comparado riguroso, para determinar cuán poco aconsejable es una norma de esa naturaleza. Ello hubiera ayudado, al menos, a que congresistas de bancadas minoritarias (incluyendo la oficialista y del Frente Amplio) no terminen avalando con su voto una regulación tan poco recomendable y que sólo ponía “candado” a las bancadas, vulnerando derechos y complicando el juego político. La norma aprobada no contiene una justificación sustentada en el análisis comparado. Sólo hemos encontrado un Informe temático, producido por el Congreso de la República, “Transfuguismo político en países de Iberoamérica” (2016). En él se cometen omisiones graves: no se explica que en los casos mencionados de Colombia y Ecuador, el primero fue declarado inconstitucional, y en el segundo, se derogó la ley.

Pretender que se “construye” partidos o bancadas con leyes restrictivas, no sólo constituye una ilusión, sino al vulnerar derechos que suele tener un efecto negativo. Miremos a la bancada oficialista: es un secreto a voces que varios congresistas se mantienen “fieles” por amenazas de sanción. 

Volviendo al Tribunal Constitucional, de tomar la decisión que aparentemente tomará, esta tendría sólidos antecedentes en sentencias dadas por la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional de España. Y mal se haría en desconocerla. Pondría a nuestra democracia en una situación aún más crítica.

La disidencia no es transfuguismo. Y las razones de la poca fidelidad habría que buscarlas en cómo se “seleccionan” candidatos: por “popularidad” (y dinero), y en el escaso comportamiento de partidos tienen nuestros partidos (a diferencia del APRA, incluso Acción Popular, todavía partidos “tradicionales”, en los que no solemos ver tránsfugas, y escasas disidencias).




[1]
                     “Transfuguismo político. Derecho comparado”, BCN Informe. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, p. 6.

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