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Los conflictos vistos por la PCM

Enviado el 12/12/2012

Fernando Romero Bolaños

Se acaba de publicar “Willaqniki” (El que avisa), informe mensual de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM,  en el que esta oficina reporta, a partir de su enfoque de lo que son los conflictos sociales, los casos ocurridos en los últimos meses  y la acciones realizadas desde la PCM y otras dependencias públicas, para su gestión.

La elaboración de este reporte y su publicación merece un reconocimiento a la ONDS ya que, más allá de las diferencias que puedan existir respecto a algunos aspectos de su enfoque y tipología,   sobre el número de casos registrados o la ausencia de algunos conflictos, resulta un documento que permite conocer dónde está puesta la atención del Ejecutivo en lo referido a la conflictividad social, así como acceder a la labor que esta oficina realiza respecto a cada uno de los casos que son reportados.

La publicación regular de este informe se convertirá en un instrumento muy útil para conocer con más detalle la visión de la PCM sobre el devenir de los conflictos, como también será una suerte de rendición de cuentas sobre el desempeño de la ONDS en la prevención y tratamiento de los mismos. En ese sentido esperamos  que se asegure la regularidad de su elaboración y difusión oportuna.

Uno de los  aspectos que merece ser resaltado, es que la manera como son analizados los conflictos da muestra de un esfuerzo por dejar de lado una mirada conspirativa de los conflictos, enfoque que predominó en la PCM durante la gestión de Óscar Valdés.  No queremos decir que este giro involucra al conjunto del Ejecutivo, sin embargo, pensamos que puede influir para que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones tan críticas-como la acontecida en Cajamarca a raíz del Proyecto Conga-  en las que la PCM cumplió un triste papel.

Sin embargo, a la vez, llama la atención la manera como el informe ubica el rol del Estado en los conflictos.  Para la ONDS el Estado aparece en los conflictos como “mediador, negociador o garante”, roles que sin duda le corresponden, pero como la experiencia reciente nos ha mostrado más de una vez, han sido instituciones del Estado parte activa en la generación de una serie de conflictos.  El reconocimiento de este doble rol (parte activa en el conflicto/ actor negociador-garante) consideramos que es fundamental para  avanzar en la manera como se realiza la prevención y la gestión de los conflictos, ya que se trata no sólo de seguir el desempeño de los actores sociales o privados, sino también el desempeño de los organismos públicos vinculados a los temas directamente relacionados con la conflictividad social.

Este asunto se ve con claridad en el caso de la conflictividad en torno a la actividad hidrocarburífera. El reporte reconoce que en la mayoría de los casos las comunidades involucradas rechazan abiertamente esta actividad en sus territorios (9 de 10 casos),  afirma que le corresponde  a las empresas atenderla (1),  sin preguntarse sobre las políticas públicas relacionadas con el sector, limitándose a una alusión a los futuros procesos de consulta.    

Un segundo aspecto a resaltar es que, si bien se extraña un mayor detalle sobre los temas  y actores que se hallan al centro de los conflictos (2),  se brinda información sobre las actividades cumplidas por la ONDS y las relaciones establecidas con los sectores para la gestión de los mismos.  Además, la información brindada permite ver que el seguimiento de algunos de los casos se realiza dando continuidad al trabajo y a la metodología utilizada por la anterior oficina de gestión de conflictos. En otras palabras, se recuperan aspectos positivos de gestiones anteriores. (3)

Hay otros asuntos que afinar, uno de los más necesarios en términos de la calidad de la información es la actualidad de la misma. El informe, publicado en diciembre, reúne información que es recogida en el mejor de los casos hasta finales del mes de octubre. En algunos casos como el de Conga la información no está actualizada ni siquiera para ese mes. No creemos que sea un serio problema conseguir que esto se resuelva en los siguientes informes, posiblemente afecte el diseño de la publicación pero, a cambio podremos acceder a un informe de mucho mayor utilidad.

La existencia del reporte de la Defensoría del Pueblo, como el producido por el Observatorio de Conflictos Mineros, junto al que comienza a entregarnos la ONDS,  ayudará a tener un panorama más complejo de la realidad. La discusión sobre los contenidos de estos reportes servirá también a que enfoques, criterios e indicadores vayan afinándose.

Notas:

1)   “El desafío para las empresas es lograr revertir esta situación y ganar el apoyo de los grupos indígenas de la Amazonía, diseñando cuidadosas políticas que permitan a estos acceder a los beneficios y preservar sus derechos, en el marco de una gestión sostenible de los recursos” (p. 28).
2)  Eso ayudaría a evaluar mejor los conflictos en curso y la pertinencia de las estrategias de diálogo o gestión implementadas.
3)  Por ejemplo el trabajo realizado en Moquegua relacionado al proyecto Quellaveco.
 

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