Iván Mendoza

Desde los años 70-80, políticos, economistas ortodoxos y medios de comunicación de nuestro país se han encargado de difundir la imagen de Chile como un ejemplo a seguir, creando una suerte de sentido común al respecto. La derecha autoritaria convirtió a Pinochet en un paradigma del gobernante que impone un orden y disciplina juzgada necesaria para el Perú, mientras otros destacaban el modelo económico y la estabilidad institucional del país del sur, lo que constituía el camino por el que debíamos transitar.

Esto era hasta cierto punto comprensible; una economía de libre mercado en creciente expansión, un Estado eficiente, una sólida institucionalidad y un sistema de partidos operante como en Chile, eran fuertes y envidiables contrastes para un país como el Perú que, justo en ese período, se hallaba hundido en una profunda crisis económica, política y social. (1)

Los rankings internacionales se encargaban de confirmar este sentido común: Chile ocupa lugares expectantes en competitividad, en libertades económicas, transparencia y anticorrupción; incluso hoy que está sumido en un grave conflicto en torno a su sistema educativo, sus 2 principales universidades figuran en el ranking 2011 de las 5 mejores universidades de América Latina. (2)

¿Qué ha pasado en estos años para que un país paradigma de la estabilidad política se encuentre sumido en un grave conflicto? Es aún más difícil entender cómo un modelo tan exitoso, se encuentra hoy jaqueado por las masivas movilizaciones de estudiantes secundarios y universitarios que, por si fuera poco, cuentan con un respaldo de la población cercano al 80% y que, incluso, hayan surgido ya movimientos que piden un cambio de Constitución y hasta de modelo. Entender esto obliga a un breve repaso de su historia reciente.

Breve repaso de la historia política chilena

Desde la restauración de la democracia en 1990, y hasta el año 2010, Chile ha estado gobernado por una coalición de centro-izquierda (la “Concertación por la Democracia”), integrada por la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS), el  Partido por la Democracia (PPD) y el Partido radical (PR).  En los años 70-73, el PS, el PR y el grueso de la militancia del PPD habían integrado la Unidad Popular (UP), que llevó a Salvador Allende a la Presidencia, siendo éste derrocado y sus aliados perseguidos durante la dictadura de Pinochet.  En 1990, aliados a la DC, un antiguo rival de aquellos años, ascendieron al gobierno, manteniéndose allí por 4 administraciones consecutivas hasta el 2010.

La Concertación actuó pragmáticamente en esos años, asumiendo el modelo de libre mercado y aceptando las reglas de juego que le fueron impuestas por la constitución pinochetista y la derecha. Siendo la restauración de la democracia la prioridad principal, la Concertación se vio obligada a  tratar de avanzar “en la medida de lo posible”.

Esta aceptación del modelo vigente por parte de la Concertación redujo la tradicional polaridad ideológica izquierda-derecha en Chile, cambió los términos del debate y le permitió obtener una suerte de certificado de buena conducta ante la opinión pública, la derecha política y económica y los poderes fácticos en general (3), en el marco de una hegemonía casi absoluta del pensamiento neoliberal.

En el plano económico, la Concertación durante estos 20 años mostró capacidad para gerenciar con eficiencia el modelo, teniendo logros muy destacables, traducidos en altos índices macroeconómicos de crecimiento, la firma de Tratados de Libre Comercio con las principales economías del mundo (EE.UU, UE, Japón, Corea), su ingreso en la OECD (una suerte de club de países ricos), así como la reducción sustancial de la pobreza, en un marco de prolongada estabilidad económica y política.(4)

Uno de los grandes pasivos fue, sin embargo, la desigualdad. Una sociedad con altos niveles de integración y homogeneidad como era Chile hasta los 70s, se ha convertido hoy en una de las más inequitativas de Sudamérica. Como se sabe, estas brechas son política y socialmente más explosivas que la pobreza. (5)

De otro lado, y bajo la justificación de realismo político y “de avanzar en la medida de lo posible”, la Concertación convivió varios años con unos “enclaves autoritarios”, herencia del pinochetismo, que limitaban el pleno ejercicio de la democracia, entre ellos la inamovilidad de los jefes de las FF.AA. (el Presidente no podía nombrarlos o destituirlos), los senadores “designados” no elegidos por voto popular, el sistema binominal de elecciones, entre otros. (6)

Es recién en la gestión del Presidente Ricardo Lagos (2000-2006) que se comenzó a desarmar este tinglado, al eliminarse a los senadores designados y recuperar la Presidencia la facultad de nombrar a los jefes de las FF.AA. Persistió sin embargo el sistema binominal, al que los partidos de la derecha se negaron a reformar porque sin duda los favorecía, al igual que la organización de las circunscripciones electorales, que infla su representación.

El resultado ha sido un sistema político altamente monopolizado (o duopolizado), excluyente y poco participativo, lo que se tradujo en la drástica reducción de la participación electoral de la población menor a los 30 años, que no se ve representada en ninguna de las coaliciones. (7)

La Concertación logró instalar en gran parte de la ciudadanía la idea de que la derecha y los poderes fácticos le bloqueaban las posibilidades de avanzar en la reforma del sistema político (lo que en gran medida era cierto), pero también es verdad que, cómodamente instalada en el sistema, importantes sectores de la coalición terminarían defendiendo los espacios que habían conquistado en el Estado y en su electorado, relegando la necesidad cambiar el escenario.

Pese a los grandes niveles de aprobación de la Presidenta Bachelet, la concertación llega desgastada a la elección presidencial del 2009, marcada por el evidente descontento y desafección de amplios sectores ciudadanos con el sistema político, lo que se expresa en la irrupción de un candidato extra-coaliciones (Marco Enríquez-Ominami), algo normal en el Perú pero hasta entonces impensable para la institucionalidad chilena.

Es la derecha la que triunfa en el 2010, con un discurso de eficiencia legitimado por el éxito empresarial de su candidato. La expectativa inicial por el nuevo gobierno fue debilitándose rápidamente, no obstante que acontecimientos como el terremoto y el rescate de los mineros aumentaron sus niveles de aprobación. En el 2011, comienzan a estallar los conflictos, siendo el estudiantil el más fuerte y prolongado.

Crisis política

¿Qué ha ocurrido para que, al año de gobierno, la derecha afronte una crisis política sin precedentes en los últimos 3 decenios? De alguna manera, gran parte de la población aceptaba que la Concertación no podía hacer más por el bloqueo de la derecha lo que, sumado a las lealtades políticas que esta tenía hacia los partidos integrantes de la coalición, ejercía una suerte de contención de los movimientos sociales. La nueva administración no tiene ya esos pretextos ni estos muros protectores, y recibe todo el descontento latente desde hace años. Una serie de decisiones y acciones desafortunadas del Presidente y su entorno agudizan los problemas.

La respuesta del gobierno y la derecha política en general muestra una defensa cerrada de la situación vigente, lo que es percibido como una defensa de privilegios. Se refugia sobre todo en un discurso ideológico (educación enfocada como servicio que se transa en el mercado y no como un derecho) y apuesta a la represión y desgaste del movimiento estudiantil, lo que quizás logre, pero sin resolver los temas de fondo. Los conflictos en torno a la construcción de una megacentral hidroeléctrica en la Patagonia y el problema mapuche son temas también irresueltos.

Se hace necesaria una respuesta global  y capaz de recoger el clamor ciudadano, pero una derecha aferrada a sus posiciones y una Concertación muy desgastada y con bajos niveles de aprobación ciudadana, no permiten vislumbrar una salida política definitiva en el horizonte inmediato.

Lecciones para mirarnos

La crisis política que agobia a Chile desde hace varios meses ha dejado enmudecidos en el Perú a los defensores a ultranza de su modelo. Prácticamente ninguno de ellos ha intentado una explicación razonada y convincente de lo que está pasando con su icono. Las continuas invitaciones a mirarnos en este espejo han desaparecido pudorosamente, pero es necesario intentar unas reflexiones con el objeto de sacar algunas lecciones para nuestro país.

Lo acontecido en Chile muestra que los caminos para la crisis de legitimidad del sistema político son muy diversos. No basta tener un sistema de partidos fuerte, con maquinarias eficaces y aceitadas, si éstos no logran ejercer la representación de importantes sectores de la sociedad.  No es suficiente tampoco crear y afianzar instituciones si no se abren al ciudadano de a pie.

La existencia de una elite cerrada y excluyente, poco o nada dispuesta a abrir el sistema de representación política, conduce a la desafección de amplios segmentos sociales, facilitada por el sistema de inscripción en la práctica voluntario vigente en Chile. De allí a la crisis de representación y de legitimidad del sistema hay pocos pasos. Esta es una lección para aquellos que en el Perú insisten en establecer el voto voluntario con la esperanza de reducir la participación de los sectores más pobres y marginales. No es difícil imaginar las dificultades que esto crearía para afianzar la democracia y consolidar el sistema político peruano; tampoco la crisis de representación y el caldo de cultivo para opciones autoritarias y radicales que puede generar.

La crisis chilena deja también una lección importante relacionada con las coaliciones o conglomerados de izquierda o centro-izquierda que terminan administrando el sistema económico y político. Transar sin parar (8) con el objeto de conseguir certificados de buena conducta de parte de la derecha económica y política, así como de los poderes fácticos, no sólo termina con su desprestigio y deslegitimación, sino que también las liquida como alternativas políticas futuras.  La firmeza en la defensa de ciertos principios, medidas o políticas estratégicas para mostrarse como una opción cualitativamente distinta es sin duda una actitud que no debe descuidarse.

La crisis chilena enseña que las Constituciones y las leyes no están escritas en piedra, y que aferrarse a un orden legal de orígenes autoritarios, diseñado con una serie de “trincheras y casamatas” para la defensa de minorías excluyentes, puede poner a un país al borde de un incierto desenlace político. La estabilidad y viabilidad del Perú (y de cualquier otro país) no pasa por convertir a su constitución en un instrumento intocable y sagrado.

Finalmente, las brechas y desigualdades sociales (reales o imaginadas) son un poderoso factor de deslegitimación política, más aún cuando las sociedades han experimentado avances sustanciales en mejorar la calidad de vida de su población. La realidad muestra que es ingenuo pretender que la reducción de la pobreza o la masificación de programas de compensación social, son suficientes por sí solas para darle estabilidad a un país y desaparecer las “amenazas antisistema”. Esa es probablemente la gran lección que el espejo chileno pone ante nuestros ojos.

Notas:

1. El modelo de libre mercado en Chile fue implantado en los años 70 por la dictadura; en su primera fase (1974-82) logró restablecer los equilibrios de la economía e iniciar un ciclo expansivo,  que colapsó en 1982 debido a la crisis internacional. En una segunda fase, se retomó la senda del crecimiento, aplicándose algunas medidas poco ortodoxas como la protección selectiva y transitoria de algunos sectores y ramas de la economía, lo que no suele divulgarse mucho en nuestro medio, como tampoco que el tipo de cambio y la tasa de interés nunca estuvieron plenamente liberados, menos aún que el estado conservara una gran empresa  pública (Codelco) creada por el gobierno socialista luego de la nacionalización del cobre.  

2. Al respecto, ver el siguiente link http://www.topuniversities.com/

3. Tomás Moulián, analista político, sostiene que el sistema de partidos chileno en los 90 eliminó la polaridad ideológica de períodos anteriores, debido a la corrida de una parte de su ala izquierda marxista clásica (el Partido Socialista) hacia un centro socialdemócrata. Ver al respecto Moulián, T. “El sistema de Partidos en Chile 1990-2009”, en Veredas, Revista del Pensamiento Sociológico N° 20, Santiago, marzo del 2010, pp. 151-175.

4. En 1990, la pobreza afectaba a alrededor del 35%  de la población; al dejar el gobierno la concertación, ésta se había reducido a alrededor del  11.5% en el 2009

5. En el año 2009, el quintil más rico de Chile concentraba el 57.9% del ingreso nacional, frente al 4.2% del quintil más pobre. En comparación, en ese mismo año, el quintil superior en el Perú concentraba el 51.8%, frente al 4.2% del más pobre. Sólo Brasil y Colombia, entre los países más grandes, exhibían una brecha mayor (ver: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2010, Santiago de Chile, diciembre 2010. Cuadro 1.6.3.
 
6. En Chile, cada circunscripción electoral elige 2 representantes, lo que en la práctica obliga a formar coaliciones para aumentar las posibilidades de ganar al menos un escaño. Las fuerzas minoritarias no tienen representación en este sistema. Adicionalmente, para que una fuerza política se haga de los 2 escaños, tiene que duplicar en votación a la siguiente lista, lo que genera la sobrerrepresentación de las minorías, que en los 20 años de la Concertación fueron, evidentemente, la derecha a través de sus 2 partidos (UDI y RN).
 
7. A diferencia del Perú, para ejercer su derecho al voto, los ciudadanos chilenos se inscriben de manera prácticamente voluntaria en el registro electoral. Una vez cumplido este trámite, el voto se convierte en obligatorio. El año 2008, apenas el 19.3% de la población entre los 18 y 29 años lo había hecho, lo que muestra un envejecimiento del padrón electoral (Rene Jofré: La elección presidencial del bicentenario. Dilemas y contexto. Informe 709 de Política. asuntospúblicos.ced.cl., 18 de mayo del 2009, pág. 5)
 
8. Frase tomada del título de un libro del historiador chileno Alfredo Jocelyn-Holt, que hacía un juego de palabras con la consigna de la izquierda chilena de los 70 (“avanzar sin transar”) y su conducta en el marco de la concertación (“transar sin parar”).