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Abusos sexuales contra niños y niñas: conocer y prevenir, antes que punir

Enviado el 10/02/2018

Cada cierto tiempo y coincidentemente con noticias relacionadas con abusos sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes, se reitera el debate sobre las soluciones para evitarlos. Como también es costumbre, las propuestas de solución inmediatas se dan bajo el impulso que los medios demandan, que corresponden al discurso primario de incrementar el poder punitivo estatal: aumento de penas, en un afán desesperado de devolverle la tranquilidad a la población indignada o histérica, que empieza a sospechar de todo aquel que tiene contactos con sus hijos e hijas, sean maestros, sacerdotes, familiares o amigos, en un nuevo episodio de lo que los anglosajones llaman moral panic (pánico moral).

Pero si esto no es novedad tampoco lo es el hecho de que las propuestas de solución política surjan de la improvisación y la demagogia. Porque cuando la Primera Ministra Aráoz vincula la anemia con la violencia sexual en una relación de causa-efecto y la pretende encapsular en los sectores carenciados de la sociedad; y algunos congresistas proponen como solución ideal la restauración de la pena de muerte, sabiendo que ello es inaplicable, es claro que estamos ante un enorme nivel de desorientación para enfrentar este fenómeno criminal. Así, las propuestas de solución son tan perturbadoras como el crimen que pretenden extirpar.

Y es preocupante porque la situación se deriva de la ausencia de formulación de preguntas elementales que permitan conocer la realidad del delito: ¿por qué se abusa sexualmente tanto en el Perú? ¿Por qué en mayor medida a los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo es representada la sexualidad de la mujer? ¿Cómo lo es la del varón? ¿Cómo se construye su masculinidad? ¿Cuáles son las características psico sociales de los agresores? ¿Cuál era la relación que mantenían con sus víctimas?, y muchísimas interrogantes más.

Hay un presupuesto elemental para enfrentar cualquier problema social: su conocimiento previo para entenderlo y prevenirlo. Esto lo recomienda el Informe Mundial sobre la violencia contra los niños y niñas de Naciones Unidas. Pero sucede que nos manejamos desde la holgazanería que lleva al desconocimiento, desde el inmediatismo que imponen los medios de comunicación y que es asumido por las instancias de decisión política. Entonces, privilegiamos las respuestas espontáneas, inviables, simbólicas y hasta mágicas, tan tranquilizadoras como ineficaces como la castración química o la pena de muerte. Como si el derecho penal, siendo más duro y drástico, fuese la única fuente de solución.

Y en esa “huida al derecho penal” nos parapetamos detrás del sistema de justicia penal y le cargamos toda la culpa de la expansión del fenómeno. No es que no tenga su cuota de responsabilidad, pero todo se reduce a un asunto de policías, jueces y fiscales, y modificaciones del Código Penal (a estas alturas convertido en fetiche), y se invisibiliza toda propuesta que incluya la dimensión cultural, social y educativa preventiva que es tildada de desfasada, utópica, tardía, e irrealizable, propia de ingenuos, porque de lo que se trata es de encerrar a los “mounstros” y tirar la llave de las celdas para que no salgan nunca.

Insistir en el punitivismo radical ya parece contener cierta cuota de cinismo. Resulta difícil imaginar a un agresor sexual con las pulsaciones aceleradas pensando en el Código Penal. Es iluso. Hace más de 20 años que venimos incrementando las penas y el problema no disminuye, sino que aumenta.

Parecemos empecinados en no querer saber más. Pareciera que existe el temor social de enfrentarnos a nuestros propios demonios. Porque los agresores no surgen de una aislada incubadora, sino de un tejido social y cultural que los forma, los reproduce, los cobija, los empodera, los envalentona. No nos engañemos, algunos estudios afirman que no todos sufren una patología, no todos son “enfermos”, sino más bien son personas normales que cometen actos horribles en un determinado momento y en determinadas circunstancias.

Por ello, resulta indispensable repensar la política criminal sobre los delitos sexuales y replantearnos la eficacia real de la sanción penal, ineludible pero insuficiente, porque llega tarde (la víctima ya fue abusada); porque su imposición no resuelve el conflicto (el abuso sexual no desaparece); y, por las dificultades probatorias que apareja (su ejecución se produce en la clandestinidad y sus víctimas a veces no pueden relatar lo sucedido).

Y frente a este panorama sombrío ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? En primer lugar, incorporando sensatez y seriedad en el debate. Convocando a las entidades especializadas, a los especialistas de la conducta: sociólogos, psicólogos, criminólogos, etc., y, dejar de lado, los discursos populacheros, emitidos por lo general con notoria irresponsabilidad.

Urge privilegiar la prevención que apueste a la modificación de los patrones culturales, sociales y familiares que sirven de germen a las atrocidades que repudiamos.

Resulta insólito que nadie proponga activar el único mecanismo institucional existente en el país para diseñar y elaborar una verdadera política criminal, que es parte de la política social del Estado: el Consejo Nacional de Política Criminal. Realmente es inverosímil que no se convoque a la entidad encargada de estudiar todo fenómeno criminal, de elaborar un diagnóstico sobre sus causas y los factores que inciden en su expansión.

Es el Consejo Nacional de Política Criminal, conformado por 13 instituciones, que debe involucrar a las instancias comprometidas con la salud mental, lo social, lo educativo, el que debe impulsar, diseñar e implementar las políticas y acciones concretas para conocer seriamente, para enfrentar y sobre todo a prevenir la comisión de este delito. Y así abordar el problema desde la integralidad que su naturaleza y raíces exige, para así dejar de lado las propuestas disparatadas, descabelladas, perversas e ineficaces que solo consiguen, paradójicamente, ahondar más la situación de vulnerabilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Porque en definitiva, si el abuso sexual de menores de edad es un drama, su abordaje actual es una tragedia.

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Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Maestría en Ciencias Penales en la misma casa de estudios. Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica. Título propio de la Universidad de Alcalá de Henares (España). Experto en materia de Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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