Juan Manuel Torres

Es conocido que la problemática del tráfico ilícito de drogas representa un fenómeno de carácter internacional, y que, para brindarle una solución efectiva, se hace imperiosa la necesidad de contar con respuestas consensuadas entre los distintos Estados y actores que tengan algún grado de responsabilidad frente a este reto. Así, el concepto de responsabilidad compartida hace alusión a aquellos esfuerzos realizados en conjunto para mitigar el fenómeno en cuestión e involucra actividades concretas como intercambio de inteligencia entre Estados, operativos conjuntos, ayuda financiera por concepto de cooperación internacional no reembolsable, entre otros.

Actualmente enfrentamos un crecimiento inminente del narcotráfico en el Perú, y muchos medios nacionales e internacionales se han empeñado en mostrarlo, y están en lo cierto. Las cifras de área de cultivo, la producción potencial de cocaína, los montos de dinero sospechoso reportados por entidades financieras, etc., van en aumento cada año y parecen no tener un límite a largo plazo.

Frente a esto, no todos los gobiernos de los Estados miembros de la Convención Única de Estupefacientes tienen la voluntad política suficiente para hacer, o ser protagonistas de, algún cambio significativo que conduzca a resultados efectivos, comprobables y mesurables. Es por eso que, cada cierto tiempo, algunos organismos internacionales especializados en esta materia plantean reuniones que no pasan de ser meros encuentros formales: una cena, un almuerzo, una presentación (y a veces exageración) de “logros” institucionales, un reconocimiento de aquellos logros y algunos compromisos que son, o desproporcionalmente inalcanzables, o incapaces de ser medidos.

El Perú, habiéndose dado cuenta de la gravedad del problema que representa el narcotráfico para su población y su seguridad nacional, ha tomado la iniciativa para establecer una reunión que involucre a representantes gubernamentales con la finalidad de establecer mecanismos medibles y reales, a corto y mediano plazo, para lograr outputs satisfactorios y que reviertan las tendencias actuales de crecimiento del narcotráfico a nivel global.

Hay dos pilares fundamentales sobre los cuales tendría que basarse una reunión de tal magnitud: interdicción y desarrollo alternativo. Si bien es cierto, las cuestiones de prevención y rehabilitación son muy importantes, representan una responsabilidad más local que puede ser llevada por los Estados mismos en su territorio, previo debate general global para pensar en las alternativas más eficientes para estas cuestiones. El caso de la interdicción es importante pues constituye la herramienta más utilizada para combatir el tráfico ilícito de drogas. Temas como inteligencia, tecnología, recursos humanos, tácticas, fuerzas policiales, logística, entre otros deben ser puestos en discusión para su análisis actual de operatividad y resultados, los cuales, de no generar éxito, lleven a plantear la necesidad de reorientarlos con un nuevo enfoque, estableciendo prioridades como hacia  los grandes narcotraficantes y cabecillas de organizaciones criminales.

En cuanto a desarrollo alternativo, se tendría que ver el problema como una cuestión social, económica y cultural. La cuestión de los nuevos cultivos lícitos que pretenden ser impuestos a los campesinos dedicados a la siembra de hoja de coca, y es el principal problema de todos estos programas, es que nunca se les brinda el empuje suficiente para que esos productos lícitos entren al mercado internacional y sean tan competitivos como el resto. Es por eso que, por lógica de mercado, los productos de cultivo lícito alternativo terminan estancando su producción y los campesinos cultivadores pierden tiempo y dinero. Ni qué decir de los gastos gubernamentales.

Por otro lado, la cuestión de inclusión social y de que el Estado forme parte de sus vidas teniendo presencia en zonas lejanas y de difícil acceso también es un factor importante que haría frente al tráfico ilícito de drogas. Estas cuestiones no sólo pasan en el Perú, sino que también suceden en otros lugares como en Colombia o en Bolivia, y el resto de países que tienen algún grado de responsabilidad en el fenómeno están obligados a conocer este factor para así establecer consensos para buscar la mejor alternativa posible.

A esto nos orientamos en la próxima cumbre del 2012. A buscar soluciones consensuadas y establecer pautas y metas que sean realistas, medibles y efectivas. La voluntad la tenemos ¿la tendrá el resto?