Alfredo Quintanilla

A raíz del descubrimiento de antecedentes no muy santos de algunos flamantes congresistas, el debate sobre la eliminación o no del voto preferencial en las elecciones legislativas ha arreciado. Los que están a favor de su eliminación empezaron ganando las simpatías de la prensa, lo que ya es bastante para ganar a los que no se hayan formado todavía una opinión, congresistas incluidos. Los argumentos son conocidos: el voto preferencial divide a los partidos que sobreviven precariamente alrededor de caudillos, adhesiones emocionales o expectativas concretas. Dicen, además, que el voto preferencial favorece a los que pueden reunir una gran bolsa y tener la suficiente publicidad para embaucar incautos. Que como se hacen congresistas con el favor de la publicidad, no guardan lealtad al partido y son fáciles presas de presiones y de apetitos. Que no hay nada mejor que fortalecer a los partidos respetando la lista de candidatos con el orden que éstos presenten, aprobado –se supone- por el órgano directivo de la formación.

Pero es aquí donde está el talón de Aquiles de la argumentación: nadie garantiza que la lista presentada por el partido sea producto de la decisión democrática del colectivo y no del libre albedrío del dirigente máximo (que como todo mortal puede equivocarse, hasta para escoger a su vicepresidente, según se ve). La Ley de Partidos si bien fue un avance en lo que a rendición de cuentas se refiere y en haber exigido la realización de elecciones primarias intrapartidarias, dejó muy laxos los controles, de manera que muchos comicios partidarios de los que se realizaron el año pasado se parecen a los que hacía la nomenclatura soviética. Otra cosa sería si siguiéramos el ejemplo argentino, donde las elecciones primarias de todos los partidos son organizadas en una misma fecha por el órgano electoral estatal, que resuelve todos los entuertos que pudiera haber entre facciones.

Es curioso observar que, como en el pasado, los congresistas primero se inclinan –o así parece- por poner fin al voto preferencial y manifiestan sus buenas intenciones de fortalecer el sistema de partidos, pero a la hora de votar,  el voto preferencial se mantiene invicto. La explicación está en que buena parte de los inquilinos de la Plaza Bolívar se vieron favorecidos por el voto preferencial del 20% de los electores de sus listas, que es la minoría activa que hace uso de él.

La eliminación del voto preferencial debiera ir acompañada tanto de mecanismos que garanticen que haya democracia interna a la hora de armar las listas (ya es más que suficiente que las cúpulas tenga libre disponibilidad sobre un quinto del total de la lista) y, además, del mandato de posición, para garantizar que las damas no sean invitadas a pasar al fondo, como suele suceder a la hora de presentarse las listas municipales, por ejemplo.

Para que no repitamos lo mismo que sucedió en las cuatro o cinco últimas legislaturas, en las que ambos sectores resultan derrotados y los partidos siguen débiles, me inclino porque los parlamentarios ensayen la solución colombiana. ¿En qué consiste? En que la ley determine que sean los partidos los que decidan si desean presentar listas abiertas o cerradas. Con voto preferencial para el primer caso y sin voto preferencial para el segundo caso. El Estado no obligaría a nada a ningún partido y cada partido decidiría si quiere que el elector escoja entre los candidatos que presenta o si prefiere que su lista sea inamovible conforme a los criterios que hayan primado a la hora de confeccionarla. Esto es perfectamente factible y la ONPE puede confeccionar cédulas de votación que combinen ambas alternativas e instruir, en consecuencia, a los electores sobre la manera nueva de ejercer su derecho. Esta solución permitiría, además, la libertad para que cada partido pueda presentar una lista cerrada en esta ocasión y una lista abierta –con voto preferencial- en la siguiente, o viceversa.