Aldo Santos*

Hasta antes de que estallaran los conflictos mineros de este año, Puno era el segundo departamento del país con el mayor número de hectáreas concesionadas. De las 433,321 en el año 2002, se pasó a 1’643,746 en el 2010, lo que representa casi el 25% del territorio puneño (1). Es en ese marco que se inician diversas protestas hasta en ocho provincias del departamento, cobrando mayor notoriedad las de Chucuito-Juli y Yunguyo en el sur, así como Azángaro, Carabaya y Melgar en el norte.

Chucuito-Juli y la mediana minería

El 21 de octubre se eligió al nuevo presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, Hermes Cauna, que reemplaza al mediático Walter Aduviri, heredando de paso algunos pasivos de la anterior dirigencia como la supuesta intención de Aduviri de apropiarse de los terrenos que la empresa minera había adquirido en Huacullani. Lo que también evidencia que, luego de concluidas las movilizaciones y protestas en contra de la actividad minera, las alianzas y relaciones entre sus integrantes, se quebraron.

En parte, el Frente de Defensa, sufre las consecuencias de la precariedad con la que se conformó, a pesar de haberse convertido coyunturalmente en la organización que lideró las protestas del sur. Sin una propuesta clara ni intereses definidos, los promotores del discurso antiminero no han conseguido plantear una alternativa coherente al extractivismo que criticaron durante las semanas que duraron las movilizaciones.

Una publicitada “agenda aymara” que incluía pedidos como la construcción de un aeropuerto, la creación de una universidad aymara o la exigencia de aprobación de la Ley de Consulta Previa, resultó insuficiente para mantener a las comunidades y organizaciones de la zona sur movilizadas, más aún cuando las principales demandas que los llevaron a protestar, fueron resueltas.

Ahora, sin bases sólidas y sin una agenda que pueda aglutinar a otros sectores de las dirigencias de la zona sur y de la región, el Frente de Defensa busca recobrar el protagonismo. En efecto, la cobertura mediática y el sentido de oportunidad no lo son todo, sino que se requiere del establecimiento de alianzas y de trabajo político sostenido, si lo que busca es convertirse en una organización representativa en la región.

Por su parte, la empresa minera Santa Ana, de propiedad de la canadiense Bear Creek Mining Company ha presentado un recurso legal, a fin de recuperar la concesión que tenía en el distrito de Huacullani. Dicho recurso se hace en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-Canadá y de los derechos que el Estado peruano le otorgó a la compañía. Mientras una parte de la población local, incluido el Frente de Defensa, mantiene la posición de impedir las actividades.

Azángaro y la contaminación del Ramis

Las provincias de Azángaro, Melgar y Carabaya también levantaron una agenda contraria a la presencia de la minería y exigieron la anulación de las concesiones que existían en sus territorios. Hay que recordar que dicha información fue conocida en Lima mientras se realizaban las negociaciones con el gobierno, lo que habla de la ineficacia de los canales informativos relativos al tema, así como de los alcances del derecho de concesión, dejándose el espacio para la especulación o el rumor.

Sin embargo, la protesta que causó la muerte de seis personas y decenas de heridos en el aeropuerto de Juliaca, fue el resultado de la larga lucha contra la contaminación de la cuenca del río Ramis por parte de los mineros ilegales de Ananea y La Rinconada. Luego de cerca de diez años de protestas, comisiones de alto nivel y un Plan de Recuperación de la cuenca de por medio, se ha avanzado muy poco en el tema y sobre todo en el retorno de la ley al ámbito de las cuencas del río Ramis y Suches.

Por el contrario, los altos precios de los metales y la ausencia de control estatal han permitido la expansión de estas actividades a otras provincias de la amazonía puneña, mientras que Azángaro sigue llorando a sus muertos y la cuenca del Ramis, contaminándose impunemente.

Carabaya, de la exploración de uranio a Inambari

Finalizada la concesión temporal para el proyecto hidroeléctrico de Inambari, ratificada por la Resolución Ministerial RM Nº 265-2011-MEM/DM, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas, declaró en abandono el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. Con esto se ha obtenido una solución temporal para los dirigentes del Frente de Defensa de San Gabán-Inambari, quienes se oponen radicalmente al proyecto.

Inambari se inscribe dentro del polémico Acuerdo Energético firmado entre Perú y Brasil, que espera la ratificación del Congreso de la República. Sin embargo, existen varias voces críticas que cuestionan la firma del Acuerdo, por lo que aún se espera que sea revisado. Asimismo, a nivel local diversas organizaciones también se han opuesto a la firma del mismo.

En el caso de Inambari, las Rondas Campesinas han renovado recientemente su dirigencia provincial y desde el Frente de Defensa de los Intereses de San Gabán-Inambari, se han convertido en la columna vertebral de la oposición a dicho megaproyecto. El actual presidente, Hernán Vilca junto a Olga Cutipa, son los dirigentes más visibles. Por su parte, la empresa EGASUR S.A.C., cuenta con oficinas en Mazuko y sigue realizando actividades de difusión del proyecto en la zona, con lo que ha logrado obtener cierto apoyo, lo que podría provocar mayores conflictos y enfrentamientos entre la propia población, lo cual deja serias dudas sobre la responsabilidad de la empresa.

Lo pendiente

¿Cuál es el rol de los actores que estuvieron vinculados a los conflictos en Puno? El Gobierno Regional y su presidente Mauricio Rodríguez han vuelto a las actividades diarias de la política local intentando “reconciliarse” con la zona sur de Puno. Mariano Portugal, líder del movimiento RAICES -cuyos consejeros y alcaldes tuvieron una activa participación durante el conflicto para bloquear al presidente regional- enfrenta un proceso judicial por peculado que pone en peligro su investidura congresal; Francisco Ccama denunciado por cometer delitos ambientales cuando dirigía una cooperativa minera en Ananea, será juzgado en la Comisión de Ética del Congreso y un diligente Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), busca ganarse un espacio en la política local. Es lo que ha quedado hoy.

Como se observa, los conflictos no han encontrado una solución definitiva y de no existir una atención adecuada por parte de las instancias estatales, podríamos asistir a un nuevo escenario de confrontaciones. En ese sentido, el gobierno de Ollanta Humala tiene una tarea pendiente, ya que el abandono del ámbito rural no puede seguir siendo una característica del gobierno.

Se necesita ordenamiento, formalización y descontaminación de las cuencas afectadas por actividades mineras ilegales y mayor presencia del trabajo del Estado, tanto para acercar servicios y promover políticas de tributación diferenciadas, como para el retorno del imperio de la ley y frenar actividades como el narcotráfico, contrabando y minería ilegal que, en el largo plazo, pueden convertirse en problemas mucho más complicados.

Nota:

(1) http://www.politicayeconomia.com/2011/05/peru-el-conflicto-minero-en-puno/

*El autor agradece los comentarios de Paulo Vilca.

Artículo publicado en Revista CABILDO ABIERTO Nro. 61. Asociación SER. Puno, noviembre 2011.