Ana María Vidal Carrasco

"Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí."
Augusto Monterroso

Abril de 2009

En el proceso penal por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta en el cual se condenó a Fujimori a 25 años de cárcel, se comprobó de manera extensa y detallada que fue él quien, desde el alto mando, estuvo al tanto de la conformación del grupo Colina, supo sobre las acciones que realizaba y tuvo, desde un primer momento, el poder de decidir si este destacamento seguía en actividad o no. No hizo nada para detenerlo, dejó que sigan perpetrando crímenes. Fujimori está preso por ese motivo.

Luego de esta sentencia, en un encuentro de derechos humanos de organizaciones de víctimas, diversas asociaciones de familiares de víctimas de crímenes ocurridos en el conflicto armado interno, les dieron las gracias a los familiares y abogados de estos casos. Gracias por su lucha, porque parte de la justicia alcanzada en esta sentencia era también un poco parte de su justicia.

Dentro de estas asociaciones estaban las representantes de los familiares de nueve personas desaparecidas (hasta ese momento) de El Santa: Carmen Barrientos, hermana de Carlos Alberto y Roberto Barrientos, asesinados por el grupo Colina, y Silvia Alayo de la Diócesis de Chimbote y representante de los familiares. El crimen fue cometido por el mismo grupo que perpetró los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta y muchos más, un destacamento del Ejército Peruano: el grupo Colina.

Noviembre de 2011

Mientras el país, o mejor dicho la prensa en Lima, está pendiente de si Omar Chehade renuncia, da “un paso al costado” o “camina derecho”;  algunos miembros del Ejecutivo no saben qué hacer para distraer a la población de este importante tema; otros, como los seguidores de Fujimori, intentan “colgarse” de este gran escándalo de corrupción para buscar la libertad de su líder.

Lo peligroso es que en ambos casos, están jugando a la carta de la impunidad de Fujimori. Primero el Ministro de Vivienda, Rudecindo Vega,  a los 15 días de la denuncia contra Chehade, lanza una propuesta ilógica sobre una amnistía para violadores de derechos humanos, la cual incluye expresamente a Fujimori y a Abimael Guzmán, a cambio de “consolidar el crecimiento económico del país” y de “fortalecer la descentralización” (1). Y luego los fujimoristas sacan una denuncia contra Chehade (ex procurador anticorrupción para el caso Fujimori) según la cual, este habría canjeado información con Chile a cambio de la extradición (2) de Fujimori.

Lo señalado en ambos casos carece de toda lógica, no se entiende cómo la amnistía a violadores de derechos humanos aportaría al crecimiento económico del país o fortalecería la descentralización; tampoco nadie cree que los magistrados de la Corte Suprema de Chile hayan transado la extradición de Fujimori a cambio de información confidencial (o de repente les interesó la información sobre la artillería antiaérea que a la fecha tiene el Perú, la cual se compró en la época de Velasco).

Y mientras estos siguen el peligroso juego (3) de enfrascarse en si el ex dictador es indultado, o si su extradición fue producto de un canje. Lo concreto es que por lo que menos se preocupan es por los familiares y las víctimas de los crímenes de Fujimori.

Sobre ellos no hay declaraciones grandilocuentes en las entrevistas de los cien días de gobierno o discursos por televisión, ni declaraciones contundentes sobre su dignidad vulnerada, tampoco twits (que con este gobierno se ha puesto muy de moda) pidiendo que los perpetradores caminen derecho y paguen por sus crímenes.

Al parecer este gobierno sigue el camino de los anteriores. Se preocupa por el costo político de la condena a Fujimori, sin prestar importancia al hecho de que si él está preso por 25 años, es porque dirigió un aparato organizado de poder que asesinó y desapareció a personas.

En el crimen de El Santa, nueve personas permanecieron desaparecidas durante 19 años:   Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Roberto Barrientos Velásquez, Denis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Velásquez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Pedro Pablo López Gonzáles, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More y Jorge Luis Tarazona More, fueron llorados  y buscados incesantemente por sus familias, que recién encontraron sus cuerpos en agosto de este año. Su sepelio y entierro será el domingo 13 de noviembre. Hasta ahora no hemos escuchado al presidente decir nada al respecto, tampoco a su Ministro de Defensa.

Es importante repetir hasta el cansancio que, Fujimori cumple condena por estar en la cúpula de la organización de militares en actividad que perpetraron este crimen, bastaba una orden suya y estas nueve personas y otras tantas más no habrían muerto. Reparar y pedir perdón a las víctimas de El Santa demostraría un cambio real en la política de impunidad dada hasta ahora y el verdadero interés del gobierno de sanar las heridas del conflicto armado.

No es suficiente decir que no se otorgarán amnistías a violadores de derechos humanos, es necesario dignificar a las víctimas de estas.

Lamentablemente, creo que al sepelio -a lo mucho- irán los representantes de la secretarías ejecutivas de la CMAN y del Consejo Nacional de Derechos Humanos, no irá ningún ministro ni menos el presidente Ollanta Humala a decirle a los familiares de las nueve personas asesinadas que, a nombre del Estado peruano les piden perdón, porque fueron agentes del mismo Estado quienes asesinaron a sus seres queridos.

Tampoco la prensa, que demandó que la Ministra de la Mujer acuda a Cajamarca  por la muerte de los tres niños, exigirá ahora vaya el Ministro de Defensa al entierro de las víctimas. En el caso de los niños de Cajamarca se ha demostrado que no fueron alimentos envenenados en el PRONAA los que originaron este terrible y doloroso suceso. En el crimen de El Santa,  sí se ha demostrado que fueron militares en actividad los que perpetraron este crimen.

¿El gobierno dignificará ahora a las víctimas del conflicto armado seguirá solo preocupándose por Fujimori y los personajes políticos?

Demostrar que le interesa cada una de las víctimas del conflicto y sus familiares y no solo los perpetradores, pedirle perdón a personas como Carmen Barrientos y darle las gracias a Silvia Alayo por buscar incesablemente la justicia que el Estado debió dar y no la dio, nos mostrará si de verdad hay un cambio, si se trata a todas las personas por igual o si  es que el dinosaurio sigue allí.

Notas:

1) http://www.youtube.com/watch?v=QSdZIFMBjVo
2) http://www.frecuencialatina.com/APrimeraHora.php?not=4&idnot=2167
3) Peligroso, porque no por menos absurdo, en cualquier momento que la gente se descuide pueden lograr su objetivo.