Hace justo un año, el 5 de junio 2009,  las Fuerzas Armadas hicieron irrupción en Bagua, en la región amazónica del norte del Perú. Ellos habían recibido la orden de desalojar a los millares de indígenas que bloqueaban las infraestructuras de las carreteras  y petroleras después de cerca dos meses. El balance fue terrible: al menos 33 muertos entre policías e indígenas así que numerosos heridos. Los hechos fueron condenados en todo el mundo.

Es necesario trasladarse  a diciembre 2007, para comprender mejor el conflicto. El Congreso otorgo al ejecutivo facultades especiales  para legislar adoptando decretos leyes para poner en marcha los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados algunos meses antes con los Estados Unidos. En junio 2008, une serie de decretos fueron presentados, especialmente en vista de permitir una instalación mas fácil de las multinacionales extranjeras extractivas en el país, rico en minerales e hidrocarburantes. Concretamente, estos decretos reducen  prácticamente a nada los derechos colectivos de las poblaciones indígenas, y van  incluso al encuentro de principios internaciones.

Las protestas se suceden des junio 2008 a junio 2009. Las mesas de concertación puestas en plaza los meses precedentes muestran la poca voluntad de dialogo de parte del gobierno. Igualmente, las demandas de examen de estos decretos por inconstitucionales  al Congreso  emitidos por la sociedad civil peruana (especialmente indígena) son continuamente postergadas. Estos decretos habían, sin embargo, sido declarados inconstitucionales por la Comisión Multipartidaria  del Congreso, la Defensoría del Pueblo, los grupos de trabajo del Ministerio de Agricultura y por los organismos especializados. La sola respuesta real que obtienen las poblaciones de la amazonía  a sus reclamaciones es el ataque armado del 5 de junio 2009 que lleva a un enfrentamiento violento tanto a manifestantes que policías.

La gestión hecha por el gobierno peruano después de estos hechos ha sido también  problemática.

La mayor parte de líderes de la amazonía presentes el 5 de junio a Bagua y en Lima fueron desacreditados o sufrieron campañas calumniosas. Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica  de Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP)  fue especialmente una victima. Ciertos dirigentes fueron capturados sobre base de acusaciones poco fiables. Además, la criminalización de los movimientos sociales y las protestas  adquirió  desde esos momentos una amplitud muy importante y se extendió igualmente a otros sectores de la sociedad como las ONG y los movimientos políticos alternativos.

La Comisión oficial a cargo de investigar los hechos emitió un informe ignorando la responsabilidad del Ejército y del gobierno de  la masacre que ellos imputan a los indígenas y diferentes actores de la sociedad civil (ONG, Iglesias, sindicatos, partidos políticos y organizaciones campesinas). Este informe fue cuestionado  por dos comisarios  que se negaron a firmarlo.  En efecto, según ellos, el informe no respeta el principio de objetividad y de imparcialidad. Ellos han publicado otro informe que modifica de manera determinante la visión de los hechos. Ellos concluyen que las razones del conflicto son las condiciones de inseguridad jurídica en los cuales son mantenidos los pueblos indígenas y la estrategia de confrontación del gobierno. Ellos afirman también que la manera por la cual el conflicto fue tratado ha profundamente dañado la confianza de los pueblos indígenas hacia su gobierno. Según ellos, es imperativo que éste responda de manera responsable a la situación, para que estos hechos no se repitan, que la verdad y la justicia puedan ser aseguradas. Las conclusiones del enviado especial por los pueblos indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, van en el mismo sentido.

Estas recomendaciones corresponden además a aquellas hechas, hace algunos años, por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación creada  para determinar las responsabilidades durante el periodo del terrorismo y la represión (1980-2000) y buscar las pistas “para que esto no se repita”. Este trabajo puso en evidencia el costoso tributo pagado por las poblaciones indígenas: 75% de victimas del conflicto armado interno hablaban quechua u otras lenguas autóctonas.   

La dimensión del problema de los recursos naturales es en realidad gigantesca, y depasa largamente a la región de Bagua, y es la primera fuente de conflictos sociales en el país.  En efecto, 72% de la Amazonía esta bajo concesión petrolera, 10% bajo concesión para la explotación de bosques y de proyectos para la construcción de carreteras  e hidroeléctricas (proyecto IIRSA) se realizan. En los Andes, se tiene la misma política de extracción masiva de recursos naturales si bien que en total, 19 millones de hectáreas se encuentran bajo concesiones mineras. Estas regiones están pobladas y habitadas en numerosos casos por poblaciones autóctonas o descendientes de poblaciones que habitan la región antes de la época colonial y son considerados lo mas seguido como ciudadanos de segunda zona.

Ellos son las primeras victimas de estas políticas de explotación. Promover un verdadero dialogo intercultural es esencial, pues, sin esto las poblaciones locales no tienen ninguna  palabra que decir en lo que concierne al desarrollo de megaproyectos en sus tierras. El solo aspecto legal a su disposición actualmente es la Convención 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y originarios que acuerda a estas poblaciones el derecho a ser consultadas. Su puesta en marcha efectiva debe ser una prioridad y tomar igualmente en cuenta a las poblaciones andinas.

Un avance notable ha tenido lugar estas semanas. Este 19 de mayo, el Congreso peruano a en efecto  adoptado   una ley sobre la consulta previa que confiere a los indígenas el derecho de ser consultados antes de la adopción de una ley o un reglamento administrativo que les afecte directamente, a ellos y a sus territorios. Numerosos ONG peruanas y asociaciones como AIDESEP solicitan que el Presidente promulgue, lo más rápidamente posible, la ley votada por el Congreso a pesar que ella no es perfecta y contiene ciertas ambigüedades que deberán ser mejoradas. Ella es un paso importante en vista de la seguridad y la estabilidad jurídica de las comunidades y de los pueblos indígenas.

Mas allá de los aspectos jurídicos, la consulta y el consentimiento explicito  de los pueblos ante toda explotación de su territorio, significa reconocer el derecho de las poblaciones a elegir su  modelo de desarrollo, sin que esto sea unilateralmente impuesto por el gobierno central. Este derecho a decidir ellos mismos sobre su futuro -con o sin explotación minera- es reivindicado justamente, de manera cada vez mas clara por los movimientos amazónicos y, en una cierta medida, andino.  

Estas alternativas, de parte de los pueblos que viven en regiones frágiles y de gran biodiversidad y que han aprendido a gerenciarla con cuidado para preservarla, son, muy generalmente, una oportunidad para repensar los modelos generales de desarrollo cuya  urgencia se hace cada día mas necesaria ( crisis económica y medio ambiente)  

Por estas diferentes razones, solicitamos  entonces, con los pueblos amazónicos y andinos: el respeto a la convención 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y originarios, la promulgación de la ley sobre la consulta previa, la revisión  de siete decretos legislativos todavía en vigor al origen de la protesta y la puesta en marcha de verdaderos procesos de dialogo donde las diferentes partes puedan ser escuchadas y respetadas al momento de la toma de decisiones. Una reforma profunda del Estado contribuiría a luchar contra la impunidad, la violación de derechos humanos  y la corrupción.

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