Félix Palómino - Angela Acevedo

Revisando el portal institucional de Jurado Nacional de Elecciones encontramos publicados los planes de gobierno presentados por los candidatos al gobierno regional de Ayacucho. Una lectura nos muestra que en relación al proyecto Camisea existe por lo menos cierto consenso en cuatro de los diez candidatos en señalar como un tema el renegociar con el consorcio Camisea la posibilidad de que en la región la población pueda acceder al gas con tarifas económicas para el consumo doméstico así como ser utilizado para la industria regional.

El movimiento TUNA señala que “la defensa del gas de Camisea para el desarrollo de Ayacucho es vital, no se puede pensar en mejorar nuestra competitividad si no tenemos una matriz energética que responda al uso de energía barata para las familias ayacuchanas; el Partido Alianza para el Progreso indica “hacer uso equitativo de este recurso en la región (en relación al gas); el Movimiento Todos Con Ayacucho (TOCA) manifiesta que “el gasoducto al atravesar por territorio ayacuchano debe constituir una posibilidad para el desarrollo económico de la región”; por último, el movimiento Qatum Tarpuy menciona que “el apoyo y gestión a la inversión privada para una planta de distribución de gas en Ayacucho”.

Frente a ello, es oportuno preguntarnos: en el marco normativo actual, ¿los gobiernos regionales tienen algún tipo de competencia para intervenir en los procesos de negociación o renegociación de los contratos suscritos entre el gobierno nacional y las empresas extractivas, en este caso las relacionadas a la explotación de hidrocarburos? La respuesta, lamentablemente es ninguna. Basta con recordar las anteriores gestiones de los gobiernos regionales, presididos por Omar Quesada y Ernesto Molina, donde se les mantuvo al margen de los procesos de concesión y negociación en relación al proyecto Camisea.

Consideramos que, más allá de reflexionar acerca de las competencias de los gobiernos regionales para la renegociación de proyectos como el de Camisea, es fundamental poner como tema de agenda en el debate político nacional, y en especial en el marco de un proceso de descentralización que se viene impulsando por diversos actores públicos y privados, las competencias de los gobiernos regionales acerca de la gestión del territorio y de los recursos naturales. Más aún cuando actualmente, y sobre la base de la normativa actual, los gobiernos subnacionales vienen impulsando procesos de Zonificación Ecológica y Económica y Ordenamiento Territorial, los cuáles finalizarán en una serie de propuestas para la ocupación de los territorios y en el uso que se dé a los recursos naturales, lo cual serviría como referencia para las futuras decisiones políticas, económicas y sociales que se tomen.

Aunque no consideramos que sean sólo los gobiernos regionales los encargados de determinar si es que un proyecto extractivo deba desarrollarse en sus circunscripciones, sí nos parece importante redefinir el rol que cumplen éstos en este proceso, en especial cuando desde el propio Ejecutivo se les exige tener un papel más activo en la resolución de los conflictos socio ambientales. En ese sentido resulta necesario implementar espacios de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para discutir acerca de la planificación del territorio a partir de los instrumentos de gestión, tales como los planes de Ordenamiento Territorial o los Planes Concertados de Desarrollo; así como reformular el proceso de entrega de concesiones a las empresas, para asegurar que las inversiones que realizan no vayan al margen de los procesos políticos, sociales y económicos.

Finalmente, para tener un verdadero debate político en donde se vaya más allá de los insultos y las falsas promesas, es fundamental que los candidatos sean honestos y precisos en sus propuestas, pues de lo contrario generan falsas expectativas en los electores y de esta manera un mayor descrédito de la clase política.