En el 2008, poco después de la suscripción del Convenio de Integración Energética entre el Perú y Brasil, se dio inicio a los estudios para la construcción del megaproyecto de la hidroeléctrica del Inambari. Ubicada en la confluencia de los departamentos de Cusco, Puno y Madre de Dios, la hidroeléctrica inundará alrededor de 20,000 hectáreas y se estima que el número de desplazados será entre 3,200 y 8,000 pobladores. La empresa brasilera EGASUR es la encargada de su construcción y de los estudios de factibilidad requeridos.

En agosto de este año hice un viaje a la cuenca del Inambari para investigar las percepciones sociales de los pobladores en torno al megaproyecto. Lo que encontré fue una oposición masiva a la construcción de la hidroeléctrica, además de un desconcierto generalizado de la población frente a la indiferencia que muestra el gobierno nacional ante sus opiniones. En realidad, resulta francamente inexplicable que hasta la fecha no se hayan establecido los mecanismos necesarios de diálogo y de concertación entre los tres actores principales: los pobladores, EGASUR y el Estado peruano.

Quizás el problema de base esté en el discurso autoritario del gobierno actual que tiende a categorizar el mundo social dentro de oposiciones binarias según las cuales o se asume una posición de progreso y apertura a la inversión o de estancamiento y cierre a la misma en lo que sería una nueva versión de la tradicional oposición sarmentina de civilización o barbarie. De acuerdo a esta lógica, quienes se oponen a la construcción de la hidroeléctrica son simplemente perros del hortelano y poco importan los matices que esgriman en sus apenas audibles argumentos.

Sin embargo, desde el otro lado, los profundos trastornos sociales que en años recientes han transformado el rostro de las poblaciones de la zona –a los que me referiré más abajo- son percibidos como el funesto resultado de una imposición tras otra de las políticas del gobierno nacional. El resultado de ello es una cultura de desconfianza y temor, frente a un futuro de políticas neoliberales impositivas en las que parecería quedar poco espacio para el diálogo y la negociación entre las partes.

Coca y carreteras

Recordemos que en el 2004 el Estado decretó la erradicación de los cultivos de hoja coca. Para aquellos que en la cuenca dependían de la hoja de coca para sobrevivir, los resultados fueron desastrosos. No es raro que en sus testimonios algunos pobladores recuerden la imagen ominosa de unos helicópteros que sobrevolaban sus chacras, diseminando semillas de hongos que al poco tiempo se habrían devorado sus cultivos de coca. Para algunos aquello representó el principio del fin, el anuncio de una catástrofe mayor que todavía entonces no podían vislumbrar.

Al poco tiempo, y cuando todavía no se habían repuesto de las pérdidas en la economía familiar, se inició la construcción del tramo IV de la carretera Interoceánica Sur que atravesaría la mayor parte de las poblaciones de la cuenca. A cargo de su construcción estaba la empresa brasilera INTERSUR. Los pobladores no tardarían en comprender que la nueva carretera representaba la oportunidad de trabajo y de desarrollo económico que desde hacía tiempo estaban esperando, por lo que muy pronto aquella se convirtió en el símbolo de un futuro con oportunidades para la zona.

Es importante subrayar que la sección Puerto Maldonado-Azángaro de la carretera fue construida por la demanda de los pobladores, quienes exigieron al Estado la inclusión de su zona en el proyecto. Ello representó una victoria de resonancias épicas para los puneños porque habían logrado que el gobierno hiciera algo insólito: que los escuchara y que tomara en cuenta sus demandas.

Sin embargo, la carretera tiene también su lado oscuro. En el proceso de su construcción muchos han perdido partes de sus chacras, mientras que otros han sido desplazados de sus casas. Y son muy pocos los que han recibido la compensación por parte del Ministerio de Transporte, prometida por INTERSUR por los daños y pérdidas incurridos. En algunos pocos casos, los más afortunados han recibido una suma bastante menor a la anunciada. En este panorama de inestabilidad y zozobra cotidianos, la desconfianza hacia el Estado se ha extendido para incluir también al extranjero, al forastero, cuya presencia se siente amenazante, provocadora incluso.

Lo que faltaba: una represa

El caso de Carlos C. es elocuente. Hasta hace seis años, él y su familia vivían exclusivamente del cultivo de la coca por lo que tras la erradicación forzosa, sus hijos tuvieron que dejar el colegio y dedicarse a trabajar. Cuando poco después se inició la construcción de la carretera,  le informaron a Carlos que el sector de Cuesta Blanca donde él y cincuenta vecinos vivían, tendría que ser reubicado para la construcción de un puente. A pesar del estrés y la fatiga del desplazamiento y de la ausencia de garantías de compensación por parte del Estado, Carlos se entregó optimista a la faena pensando en las ventajas que la gran carretera Interoceánica supondría para él y para el resto del pueblo.

Pero lo que ni él ni sus vecinos podían saber entonces es que pocos meses después se anunciaría un nuevo proyecto, la hidroeléctrica del Inambari, que amenazaría con desplazarlo una vez más para volverlo a perder todo. Lo peor era que de un plumazo se esfumaban sus nuevos sueños de vivir al lado de la carretera. Porque lo cierto es que si se construye la hidroeléctrica, además de inundarse las viviendas de la zona, también se inundarán los 60 kilómetros del tramo de la carretera que atraviesa la cuenca media del Inambari; y con ello, aquel símbolo de esperanza que representa la carretera quedará sepultado para siempre junto con su nueva chacra y su nueva vivienda.

Demás está decir que EGASUR, al igual que INTERSUR antes que ellos, se ha comprometido a compensar y reparar a los damnificados, reconstruyendo sus casas al lado de la nueva ruta. Pero ahora Carlos y sus vecinos dudan de estas promesas. Si el Estado no garantiza el cumplimiento de estos procesos, ni el respeto a los derechos de los ciudadanos, y si son las empresas las que definen las reglas del juego en la zona, ¿por qué la gente confiaría en nuevas promesas?

No a Inambari

El NO de los pobladores a los planes de construir la represa ha sido contundente y sólido. Las pintas gritan su ‘No al Inambari’ desde cerros, paredes, autos y carteles a lo largo de toda la cuenca.

La invasión de un primer ejército de empleados y trabajadores de INTERSUR, unida ahora al de EGASUR, ha generado una profunda desconfianza entre los pobladores ante cualquier foráneo. En este contexto cualquier visitante o viajero resulta siendo un agente secreto en potencia. Muchos, por ejemplo, dudaban de mis intenciones y pensaban que los resultados del estudio para mi tesis serían usados como pábulo para sus “adversarios brasileros”, optando muchas veces por guardar distancia.

Lo que debe quedar claro es que esta actitud de desconfianza y temor, lejos de ser representativa del supuesto atraso e irracionalidad del ‘perro del hortelano’, tiene una lógica incuestionable dentro de la historia local reciente. Después de una cadena de intervenciones desordenadas en las que el Estado evita asumir sus responsabilidades fiscalizadoras, tiene mucho sentido sospechar de los que vienen de afuera de la cuenca. Porque lo cierto es que quienes erradicaron los cultivos de coca primero, y quienes causaron el caos y el desconcierto de los desplazamientos posteriores, fueron agencias del Estado y sus contratistas INTERSUR y, ahora, EGASUR ¿Cómo se puede esperar entonces que los pobladores no sientan nada sino una desconfianza profunda frente a quienes no conocen?

Lo que resulta milagroso es que esa mezcla tóxica de tensión, miedo y desconfianza que se respira tan densamente en los asentamientos de la zona no haya explosionado todavía. Muchos están dispuestos a enfrentarse, aún violentamente si fuera necesario, para defender lo que les queda. “Aquí no queremos un segundo Baguazo, pero tampoco retrocederemos si no nos dan ninguna alternativa”, dice Carlos preocupado y haciendo eco de la diversidad de voces que pude recoger. En esta, como en otras ocasiones, la política estatal parece ser la de dejar que el descontento se siga acumulando hasta que llegue el momento de su inevitable estallido. ¿Acaso los oídos sordos del gobierno a los clamores para que se establezcan mecanismos de un necesario diálogo no sea sino una estrategia para que en efecto una nueva Bagua vuelva a levantar su horrible cabeza? Es una posibilidad que, en todo caso, quedará abierta hasta que el gobierno demuestre lo contrario.