Por Jo-Marie Burt

La sentencia condentoria por los casos Barrios Altos-Santa-Pedro Yauri emitida el viernes pasado es —que duda cabe— un golpe contundente contra la impunidad. Con esa sentencia, ahora todos los principales líderes del Grupo Colina están condenados y purgarán largas y merecidas penas en prisión. Su líder máximo, el ex presidente Alberto Fujimori, ya fue sentenciado el año pasado por ser el autor mediato de la masacre de Barrios Altos y otros crímenes, entre ellos la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”.

Pero la sentencia es un golpe importante a los sectores pro-impunidad también por que hace poco, se rebatió el intento de imponer, desde los más altos esferas del poder, una amnistía encubierta (el ya infame Decreto Ley 1097) para beneficiar, entre otros, a los críminales hoy condenados: Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe, Juan Rivero Lazo, Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilungue, y Jesús Saavedra Sosa, entre otros. Gracias a la movilización de la sociedad civil, el activismo de los organismos de derechos humanos nacionels e internacionales, y la bien aputanda renuncia de Mario Vargas Llosa del Lugar de la Memoria en protesta del DL 1097, el gobierno se vio obligado a retroceder en su afán de consagrar la impunidad via un fiat ejecutivo.

Es más, como resultado directo de ese despropósito, el Ministro de Defensa y antiguo colaborador del fujimorismo, Rafael Rey Rey, el punto de lanza de aquella iniciativa —y de toda la campaña de desprestigio tanto a los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas en los procesos judiciales como el mismo Poder Judicial—, fue relevado de su cargo. La derrota del DL 1097 ha sido otro golpe fuerte al bloque pro-impunidad, liderado por el vice presidente, el Almirante Luis Giampetri, el ahora ex ministro Rey Rey, y el congresista fujimorista Rolando Sousa (con el apoyo explícito, claro está, del presidente de la República y el estrado mayor de las fuerzas armadas peruanas). De hecho hace tiempo ese bloque pro-impunidad reclama “solución política” a los procesos judiciales contra algunos efectivos militares por crímenes de lesa humanidad,(1) o sea, reclaman que cesan los juicios contra quienes “salvaron la patria” sin importar las violaciones a los derechos humanos que se hubiera cometido, incluyendo la matanza de niños, mujeres, ancianos, y de civiles en general, o la desaparición forzada de personas sin dejar rastro de su existencia y la práctica inhumana de negar a sus familiares información sobre dónde están o qué ha pasado con ellos, el uso sistemático de la tortura a los detenidos y sospechosos de pertenecer a los grupos alzados en armas, o la violación sexual de mujeres, una práctica extendida durante el conflicto armado peruano por ambos lados pero en particular por miembros de las fuerzas del orden….

Habría que reflexionar detenidamente sobre el significado de estas victorias concretas, que se han dado en el contexto muy particular de la emergencia (y probable victoria) de la candidatura a la alcaldía de Lima de Susana Villarán—una de las más destacadas defensoras de los derechos humanos en el Perú. ¿Estamos frente a un proceso de inversión en la balanza de fuerzas, en el cual los sectores progresistas están avanzando firmemente en sus propósitos de verdad, justicia y reparacieon, y el bloque pro-impunidad está en pleno retroceso? No creo que es así, pero sin embargo pienso que si se puede ir tejiendo mayor unidad y alianzas entre los sectores progresistas en base a estas batallas ganadas, sería un paso importante, necesario, para seguir dándole la lucha contra la impunidad en pro de los derechos humanos, y una real democratización del país.

También es importante reflexionar sobre la real dimensión de la sentencia en términos de la “verdad jurídica” que va asentando. (2) Es trascedental que a través de la sentencia las jueces han establecido la verdad jurídica de el escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina, una unidad compuesta de miembros del las fuerzas armadas, recibió apoyo económico y logístico de los altos mandos del Ejército y de la presidencia de la República.(3) También es importante que la sentencia resaltó que el Grupo Colina fue diseñado por Vladimiro Montesinos y jefes militares que eran sus amigos, con la aprobación del ex presidente Alberto Fujimori,(4) y que mientras su objetivo declarado era eliminar a terroristas, solo mató a personas civiles: 15 en Barrios Altos, incluido un niño, nueve en El Santa y al periodista Pedro Yauri. Las jueces resaltaron —como lo hicieron también los jueces en el caso Fujimori— que las víctimas no eran miembros de Sendero Luminoso, ni tenían vínculos con ese grupo.(5) Si hay algo que creo que hay que discutir más es la determinación de las jueces que los actos del Grupo Colina no fue política del Estado sino el resultado del accionar de un grupo que operaba al margen de la ley y que utilizó la institución militar para sus actividades, y que se beneficiaba con un manto de impunidad. Esa determinación parece contradecir lo dicho por el tribunal de César San Martin que sentenció a Fujimori y afirmó muy claramente que se trató de “crímenes del Estado” y de “lesa humanidad”. Si Fujimori y Montesinos, junto con los altos mandos de las fuerzas armadas habían copado el Estado, organizaron al Grupo Colina para asesinar a presuntos terroristas, y utilizaron todo el poder del Estado para encubrir sus actos y proteger a sus miembros, ¿por qué no decir que fue una política de Estado?

Pero más alla de las interpretacion jurídicas establecidas en la sentencia está el lado humano. Si bien la justicia es un reclamo válido y en cierto sentido reparador para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas,  no podemos olvidar que el daño hecho marca para siempre la vida de los que aún siguen con vida. Rosa Rojas, una de las sobrevivientes de la masacre de Barrios Altos, perdió a su esposo y su hijo, Javier, de ocho años el 3 de noviembre de 1991. “Mi hijo Javier recibió ocho balazos, uno por cada año que tenía,” dijo luego de la lectura de la sentencia. “Ese dolor no se puede borrar con una sentencia.”(6)

También vale recordar que Rosa Rojas y los demás afectados por el caso Barrios Altos y los casos de Santa y Pedro Yauri han esperado más de 18 años para que se haga justicia. Sólo el juicio oral duró mas de cinco años. Y, en el caso de Santa y Pedro Yauri, los familiares aún no conocen el paradero de sus seres queridos y por lo tanto no han podido darles sepultura. Maribel Barrientos Velásquez, hermana de dos de los desaparecidos en El Santa, imploró a los hoy condenados de decir la verdad sobre el paradero de las víctimas: “Que digan donde se encuentran los cuerpos de los desaparecidos y que nos los devuelvan”.(7) Como dice Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro-Derechos Humanos y representante de los afectados: “Sin duda, para los familiares la sentencia es un aliciente. Sin embargo, en los casos Pedro Yauri y Santa, los familiares continuarán en su lucha hasta que aparezcan los cuerpos de sus seres queridos”.(8)

Como señala la Dra. Cano, quedan pendientes varias tareas. Por un lado, está pendiente que el Estado impulse la búsqueda de los restos de los 15,000 desaparecidos durante el conflicto interno en el Perú, y que permite que la sociedad civil sea un actor activo en ese proceso. Hasta hoy día—siete años después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación— se han exhumado apenas 1,247 cuerpos y de ellos sólo 652 han sido identificados.(9) !O sea menos del 5% de las 15,000 personas desaparecidas han sido identificados en los últimos siete años! Los familiares tienen el derecho de la saber dónde están los cuerpos de sus seres queridos y que pasó con ellos, y el Estado tiene el deber, la obligación, de impulsar y agilizar ese proceso. El derecho internacional reconoce que la desaparición forzada es una violación que se sigue cometiendo mientras se sigue sin saber el paradero de los cuerpos de los desaparecidos. Es en parte por ello que estos casos no prescriben: sigue habiendo una injusticia muy grande para los afectados y para toda la sociedad.

También está pendiente que el Estado asume plenamente su obligación de investigar, procesar y sancionar estos casos de graves violaciones de derechos humanos. Esa obligación convella a que el Estado provee recursos y demuestre voluntad política para agilizar los procesos judiciales para que los otros casos de violaciones a los derechos humanos pendientes no demoren tanto –casos como Accomarca, Cabitos, y Frontón. Está pendiente que el Ministerio Público siga avanzando con sus investigaciones en estos casos y formalizan las acusaciones para que se pueda proceder a los juicios orales. Está pendiente que el Poder Judicial actue con mayor celeridad y como poder independiente del Estado en los procesos judiciales. No puede seguir esperando abrir juicio oral en casos, como Cabitos, donde ya ha sido formulado la acusación fiscal. Detrás de cada caso hay decenas, tal vez cientas, de personas esperando saber qué pasó con sus seres queridos y esperando que el Estado reconozca su deber ciudadano de conocer la verdad y recibir justicia en sus casos. El tema de reparaciones es otro tarea pendiente en donde se ha visto algunos avances, sobre todo a nivel de las reparaciones colectivas, pero aún falta mucho por avanzar especialmente en relación a las reparaciones individuales. (10) A pesar de que el Concejo de Reparaciones tiene hasta hoy día un registro de casi 77,000 víctimas que serían eligibles para recibir reparaciones individuales, hasta el día de hoy el Estado no ha entregado ninguna reparación individual.(11)

Si bien debemos celebrar la condena por los casos Barrios Altos-Santa-Pedro Yauri, y también por la derrota del DL 1097, porque en ambos casos representan un golpe contundente contra la impunidad, no podemos ignorar que sigue habiendo problemas muy graves en los temas relacionados con el conflicto interno. El Estado tiene que asumir su obligaciones en los temas de verdad, justicia y reparaciones. Y toca a la sociedad civil y los sectores progresistas de la política seguir movilizándose para que eso ocurre.

Notas:

(1) Ver mi columna anterior al respecto: “Solución política = impunidad,” A contracorriente: Noticias Ser (7 de julio de 2010), http://www.noticiasser.pe/07/07/2010/contracorriente/solucion-politica-i... .

(2) Jo-Marie Burt, “Las verdades jurídicas del juicio a Fujimori” Revista Memoria No. 5 (2009) www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2009/junio/04/0b.pdf .

(3) Para un breve recuento del proceso judicial que ha seguido el caso Barrios Altos, véase: Carlos Rivera, “La sentencia Barrios Altos: El largo y difícil camino de la justicia,” Justicia Viva (6 de octubre de 2010) http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=387 .

(4) César Romero, “Así operó el criminal Grupo Colina,” La República (3 de octubre de 2010) http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20101003/13/pagina/15 .

(5) Se puede ver la sentencia en su integridad, Sentencia que condena al Grupo Colina por los Crímenes de Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa Exp. N° 028-2001 en la sección “Documentos de Interés” de la página web de Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe ).

(6) Angel Páez, “Condena por masacres no borra el horror,: IPS (2 de octubre de 2010), http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96561.

(7) Citado por Beatriz Jiménez, “Montesinos, ex asesor presidencial peruano, recibe 25 años de cárcel,” El Mundo (2 de octubre de 2010) http://www.elmundo.es/america/2010/10/02/argentina/1285981388.html .

(8) Citado por César Romero, “Así operó el criminal Grupo Colina,” La República (3 de octubre de 2010) http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20101003/13/pagina/15 .

(9) Información proveniente del Equipo Peruano de Antropología Forense via comunicación personal, 6 de octubre de 2010.

(10) Nota de prensa, “Consejo de Reparaciones entrega información actualizada sobre beneficiarios de distintos programas de reparación” (27 de septiembre de 2010).

(11) Presidencia del Concejo de Ministros y el Concejo Nacional de Reparaciones, “Reporte: Información sobre víctimas y beneficiarios del Programa de Reparaciones,” s/f. Este informe circuló en agosto de 2010.