Jacqueline Fowks

Al final de la campaña electoral Transparencia y El Comercio informaron que el presidente virtualmente electo Ollanta Humala gastó cerca de un millón de soles más que su contendora de Fuerza 2011. Luego de la segunda vuelta puede olvidarse lo gris del financiamiento de ambas campañas electorales: en ambos casos será importante exigir que la ONPE indague con cada organización política y sustente el origen de sus gastos. Quienes aportaron son y serán personajes significativos en el próximo período presidencial.

Otro ámbito de fiscalización necesaria -que también puede pasar desapercibido en medio de las inauguraciones y anuncios del presidente Alan García- es el gobierno que se va. Las comisiones de transición que debe formar el equipo de Gana Perú son vitales para exigir la documentación completa que dé cuenta de la gestión de las instituciones, especialmente en los ministerios, en los últimos cinco años.

Un caso que llegó al Ministerio Público y que ya lleva tres años de investigaciones preliminares es Petroaudios. Fue el principal hecho de corrupción del segundo período de García y el Ministerio Público y el Poder Judicial no han actuado como ameritaba la situación: la demora en la investigación y en el inicio del juicio oral  parecen mostrar un cronograma en el que el presidente García no resultará afectado pues ya no estará en ejercicio cuando por fin comiencen las audiencias del juicio oral y los acusados declaren. Hasta la fecha, las audiencias se han suspendido por motivos de salud de uno de los acusados.

También ha sido muy descuidada la gestión del Tribunal Constitucional. Desde mediados de marzo había rumores de que la sentencia a favor del habeas corpus solicitado por la defensa de Alberto Fujimori ya estaba preparada. El martes pasado debió realizarse una audiencia en la que se conociera la sentencia, pero fue suspendida a pedido de César Nakasaki debido a que podría ‘malentenderse’ en el contexto de la campaña electoral de Keiko Fujimori. No hay fecha definida para reprogramar la sentencia.

En la revisión de los organismos del Estado que pueden producir contrapesos, se cuenta también la Defensoría del Pueblo. Una mala noticia la semana pasada ha sido la poca calificación y méritos de quienes se han postulado.

Por otro lado, ya apuntando al próximo gobierno, tenemos que señalar los retos del plan  económico ‘parchado’ que Humala quiere aplicar. El líder de Gana Perú ha anunciado que invitará a empresas internacionales a invertir en asociaciones público-privadas en proyectos de infraestructura. Es decir, emprendimientos en los cuales también aporta el Estado (y éste suele pedir créditos internacionales con ese fin). Así, Humala parece ofrecer continuidad en la política que aplicó el presidente García para facilitar dichas operaciones en hidrocarburos, minería y megaproyectos de infraestructura. ¿Cómo hará para no seguir chocando con las comunidades que reclaman respeto a sus propiedades y territorios? ¿Seguirán entonces los grandes planes de infraestructura no consultados y cuyos estudios de impacto ambiental no tienen legitimidad ni sustento técnico?

La combinación de ‘respeto al Convenio 169’ y a la vez la invitación a las asociaciones público privadas suena bien, pero –como siempre– no hay indicación de cómo podrá lograrlo el nuevo gobierno.