Ricardo Soberón

Hace pocos días apareció la noticia sobre la entrega en concesión de la construcción de un centro penitenciario en Huaral, a cargo de tres empresas españolas, las que recibirán la concesión del mismo por 25 años: Esta concesión comprende el diseño, la construcción, la implementación, puesta en funcionamiento y es para 1536 plazas.

Es conocida la magnitud de la crisis carcelaria que comprende las debilidades del INPE (corrupción fundamentalmente), la brecha entre demanda y oferta carcelaria (46,000 internos versus 25,000 plazas), la absoluta inseguridad existente en los 67 penales del país. Aunque la relación entre procesados/sentenciados ha mejorado levemente, aún es desfavorable al Estado: el 60% carece de sentencia, son formalmente inocentes y se encuentran bajo medidas de detención preventiva. Después de los delitos contra el patrimonio, son aproximadamente 11,000 y pico las personas que se encuentran presas por delitos de tráfico de drogas.

Cabe hacer una salvedad, desde el CIDDH nos encontramos diseñando un Consultorio Jurídico para atender 60 casos de internas en estado de indefensión y encontramos una serie de problemas como son acusaciones basadas en sindicación de terceros, la interpretación expansiva del concepto de organización criminal, el uso intensivo de las formas agravadas del artículo 297 del C. Penal.  

Por otra parte, la gran mayoría de candidatos presidenciales, durante la campaña reciente, han ofrecido políticas basadas esencialmente en “mano dura” para abordar el problema de la (in)seguridad ciudadana lo que significa que requerirán de más y mejor Policía Nacional, más y mejor Administración de Justicia incluido el nuevo Código procesal Penal, pero por sobre todo, un sistema carcelario que pueda albergar a lo que se prevé será una mayor cantidad de gente que ingresará a los penales, lo cual requiere de una acción inmediata del Estado.

Para los funcionarios de Pro Inversión y del Ministerio de Justicia, lo mejor ha sido entregar la concesión a este grupo de empresas españolas: Eulen, Montealto, Exeteco, quienes a cambio de la construcción y manejo del penal que se construya en Huaral, obtendrán el uso de la mano de obra de los 1,536 internos por los próximos 25 años (asumiendo 8 horas x día x 5 días a la semana x 52 semanas): un total de 3´194,880 horas hombre que serán manejadas y usufructuadas por la referido grupo de empresas. Incluso en los propios documentos de convocatoria se especifica que la característica de este establecimiento penitenciario será lograr la rehabilitación a través del trabajo (el problema es determinar ¿quien se gana con este trabajo gratuito?).

Otro aspecto del debate de este tema, es considerar la experiencia de otros países en donde se han reportado como principales falencias: la ausencia de mecanismos de control para impedir corrupción, malos tratos, uso abusivo de la mano de obra de los internos.  Ha ocurrido en Estados Unidos y en Canadá. (1)

¿Hasta qué punto, un Estado de Derecho puede abdicar de su responsabilidad de conducir su política criminal, que por supuesto incluye el sistema penitenciario, permitiendo el negocio para terceros? Desde el CIDDH (www.ciddh.com) creemos necesario que este tema sea analizado y revisado pues ha pasado (como suele hacerlo este gobierno) entre gallos y media noche. Total, nadie defiende a los presos en este país.  

Nota:

(1) NATHAN Steven, “Privatización de la Prisión: Acontecimientos y Temas Internacionales y sus Implicaciones para América Latina”, enCárcel y Justicia Penal en América Latina y el Caribe, página 281.