Javier Torres Seoane

Luego de varios meses en los que el debate central sobre la minería en Cajamarca había estado enfocado a la discusión entre el gremio empresarial y el gobierno regional sobre el proceso de Zonificación Económica Ecológica (ZEE), el eje del debate ha sufrido un cambio. Hemos ingresado a una dinámica de movilizaciones y protestas relacionadas al uso del agua que hace Minera Yanacocha y a los problemas de desabastecimiento y contaminación del recurso en la provincia de Cajamarca.

El tema no es nuevo, ha sido parte de la agenda de algunos actores críticos al sector minero, como Marco Arana de GRUFIDES, quien luego de su frustrado intento de intervenir en la arena electoral, ha regresado a Cajamarca con una postura crítica al presidente regional Gregorio Santos. Éste ha tenido señales poco claras frente al gremio minero, incluso retirando de su funciones al gerente de Recursos Naturales, Sergio Sánchez, quien había liderado el proceso de ZEE y que ahora, liberado de la función pública, se ha convertido en un protagonista habitual en las diferentes acciones de vigilancia de las comunidades y rondas campesinas en relación al recurso agua.

El problema y las denuncias por el tema del agua, también tienen a otro actor en el Congresista Jorge Rimarachín, que desde hace buen tiempo viene denunciando a la empresa pública de saneamiento SEDACAJ por irregularidades y acuerdos bajo la mesa con Minera Yanacocha.  Ante esta situación, el presidente regional ha tenido que reaccionar y ponerse a la cabeza de las movilizaciones por el agua, contando para ello además con la base del Sute-Cajamarca, siempre orgánica al mandato de su líder.

Sin embargo, además de esta competencia de carácter político por el liderazgo del movimiento social crítico a la minería, lo que reactivó el conflicto por el agua, fueron las diferentes señales que Minera Yanacocha ha venido dando desde el mes de abril: el Vicepresidente de Operaciones Newmont Sud América, Carlos Santa Cruz, anunció en una presentación fuera del país, que el 2016 el proyecto minero Cerro Quilish entraría en funcionamiento. Este hecho generó la inmediata reacción y rechazo de diversos actores, comenzando por el presidente regional, frente a lo cual la empresa sólo guardó silencio.

A esto se sumó el rumor sobre equipos de relaciones comunitarias de la empresa que venían acercándose a los pobladores de la zona para convencerlos de las bondades del proyecto, que siete años atrás generó el rechazo generalizado de la población del lugar y de la ciudad de Cajamarca.  Por último,  un grupo de activistas, pobladores y autoridades constató in situ -en las conmemoraciones de la defensa del cerro Quilish- la  presencia de la minera en la zona.

Algunas preguntas que surgen de inmediato son: ¿Tiene alguna viabilidad un proyecto frente al cual hubo un rechazo masivo? ¿Tanto ha cambiado la opinión de la población sobre Minera Yanacocha? ¿No era acaso el Cerro Quilish el límite simbólico que la población había puesto a la actividad minera en la región? Parecería ser que la evaluación de la empresa es bastante optimista, quizá pensando en el éxito que tuvo la empresa de comunicaciones Toronja en el logro de la licencia social y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que Yanacocha le encargó que hiciera para el proyecto Minas Conga, con el lema de “El agua primero, la mina después”.

Minas Conga: proyecto clave

Minas Conga, como lo ha afirmado Carlos Santa Cruz, es un proyecto clave para la continuidad de Minera Yanacocha, que cuenta con reservas aproximadas de 12 millones de onzas de oro y 3 mil millones de libras de cobre. Asimismo, su desarrollo es clave para las políticas de captación de nuevos ingresos para el tesoro público, en un contexto en el cual el gobierno nacional ha reafirmado la apuesta por la promoción de la gran inversión minera.

Pero Minas Conga tiene sus críticos y detractores, entre los cuales se cuentan Arana, Sánchez y la Plataforma Interinstitucional de Celendín, que viene cuestionando incluso las condiciones en las que se dio la aprobación del EIA. También cuestionan que la política de construcción de reservorios de agua funcione como una suerte de canje por las lagunas que desaparecerán con el desarrollo del proyecto, argumentando que no es suficiente compensación a los impactos que generará.

Frente a esta situación la empresa ha respondido, como es su costumbre, señalando que todo está en regla, que las acusaciones son falsas y deben ser probadas, y que cuentan con la aprobación de las comunidades realmente afectadas. Mientras tanto, la posición del gobierno regional ha sido, en un inicio, un tanto ambigua. Pero el presidente Gregorio Santos ha dado un giro -probablemente como una manera de mantener su liderazgo y opacar el creciente protagonismo de Sánchez y el retorno de Arana a la escena regional-, exigiendo que se revise el EIA y dando declaraciones que cuestionan los acuerdos a los que la empresa había llegado con las comunidades.

Nadie sabe para quién trabaja

Mientras esto ocurre en Cajamarca, en el gobierno nacional todavía no hay claridad sobre cómo se va a manejar los cuestionamientos a los diversos proyectos mineros. La negociación con las mineras para el cobro del gravamen ha mostrado que el Presidente Ollanta Humala tiene la iniciativa política frente a un gremio empresarial que no logra adecuarse del todo al nuevo contexto. Sus representantes pasan de expresar su voluntad para colaborar con las políticas de inclusión social, a buscar por todos los medios que no haya mayores cambios en la política del sector Energía y Minas. En este contexto, el Ministerio del Ambiente, con Ricardo Giesecke a la cabeza, y sus viceministros Hubo Cabieses y José De Echave están planteando la reforma del sistema de evaluación ambiental, que es percibida como una amenaza por el sector minero. Pero en Energía y Minas los vientos de cambio aún no han llegado. El ministro Carlos Herrera Descalzi anda más concentrado en temas energéticos mientras que la viceministra Susana Vilca, ex congresista por Puno, no ha planteado nada nuevo.

Con todo ello, cabe preguntarse, ¿qué sector será el que imponga la nueva política en dicha materia? Es algo que todavía está por verse. Sin embargo, un dato interesante es que en su  reciente viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Humala hizo explícita referencia a la decisión de promover un proceso de Ordenamiento Territorial (OT) donde los gobiernos regionales establezcan en qué zonas se haría agricultura y en cuáles minería.

Lo curioso es que en un contexto en el que el gobierno nacional es favorable a los procesos de ZEE y OT, el gobierno regional haya optado por el canal de la movilización social y no por el proceso institucional (la ZEE-OT de Cajamarca) que la anterior gestión promovió –y que el actual Consejo Regional ratificó a pesar de las presiones del gobierno de García y las críticas de su Ministro Brack-. Pero la ZEE-OT, luego de la salida de Sergio Sánchez, ha perdido el impulso con el que venía desarrollándose.  Quizá Gregorio Santos debería reevaluar el tema, ya que como bien sabemos, el conflicto llevado a las calles no lleva a soluciones. A la larga, ello genera un gran desgaste que las  empresas con gran poder como Yanacocha pueden soportar y enfrentar incluso revirtiendo las críticas, sobre todo cuando quienes atacan a la minería no plantean alternativa alguna.

Artículo publicado en la Revista VOCES Nro 37. Octubre 2011. Cajamarca. Asociación SER. La presente versión ha sido actualizada con algunas modificaciones.