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Populismo histórico

Enviado el 05/07/2017

Lo peligroso de las propuestas que se fundamentan en las necesidades reales de otros, aunque no tengan propuestas concretas para solucionarlas, es que siempre generan esperanzas. Los defensores de los proyectos de ley para la creación de un Colegio de Historiadores del Perú afirman que con esa institución mejorarán las oportunidades laborales de los historiadores, difundiendo una ilusión que no podrán cumplir. Las razones son varias. La primera, dan por hecho que el mercado reaccionará positivamente ante la colegiatura, lo cual es falso. Por ejemplo, actualmente son muchos los bachilleres y egresados que trabajan en puestos que solo ocuparían los licenciados en historia (por ejemplo en archivos privados y públicos). Si ahora su situación laboral es precaria, lo cual debe cambiar, con el Colegio su situación sería peor pues solo les quedaría ser practicantes y les facilitaría su explotación. Otra razón para que el mercado no reaccione favorablemente es que con la obligación de contratar licenciados no se asegura la incorporación de los más preparados para una labor de investigación, asesoramiento, planificación, etcétera. Lo más probable es que las instituciones, públicas y privadas evadan esa ley privilegiando perfiles que eviten a los historiadores. ¿La razón? Existen muchos licenciados sin tesis, solo por examen de titulación, lo cual es perfectamente válido, pero no los convierte en especialistas. Además, el título otorgado a nombre de la nación solo autoriza el ejercicio de una carrera públicamente, no avala especializaciones ni investigaciones y los colegios profesionales ratifican la validez de ese ejercicio para un espacio, región o país. Si se aprueba la norma de un colegio para una actividad académica, como lo es la historia, estaríamos corriendo el riesgo de limitar precisamente lo que hace que ella sea valiosa: la libertad de crítica.

Esta última razón es aún más importante. El Colegio supone el control de la actividad por licenciados en historia, quienes por medio de dispositivos legalmente permitidos, se atribuirán el derecho de juzgar la práctica profesional de todos los historiadores. En una disciplina que se nutre de la disidencia, del debate y la crítica, es muy riesgoso aceptar esta propuesta. Corremos el peligro de que en algún momento algún colega y sus investigaciones sean denunciados ante el tribunal, y que sea sancionado por opinar y escribir en contra de la tendencia de los directivos del colegio, seguramente acusado de no ser “científico” ni “objetivo”. Por otro lado, aunque los historiadores no solo se dedican a la docencia, establecer a la licenciatura como requisito para la colegiatura y el ejercicio de la actividad, va en contra de la actual Ley universitaria que exige la maestría para enseñar en las universidades. Además, estancaría a los profesionales en historia: ¿Si (supuestamente) tengo asegurado empleo como licenciado, por qué hacer maestrías o doctorados? Por lo tanto, en lugar de estimular la investigación, la estancaría.

Es evidente la ausencia de empleo adecuado para el historiador, situación mucho más lacerante en el interior del país. Pero el problema no se arreglará con una ley, dado que no se origina en la falta de reconocimiento del historiador, sino en los indebidos privilegios de otras disciplinas. Por ejemplo, en ciudades con alto flujo turístico los guías ejercen el monopolio de la actividad, desplazando a profesionales con igual o mayor capacidad como historiadores o arqueólogos. La respuesta de crear un monopolio para combatir a otro no es la solución. Se debe proponer que se eliminen esos privilegios creados por las universidades e institutos que ofrecen la carrera de turismo, abriendo el ejercicio a otras disciplinas, las cuales, además, son desde las cuales se forma a los guías.

La propuesta de restringir el ejercicio de la historia y la colegiatura a quienes cuentan con la licenciatura en historia es francamente inadmisible. Varios colegas han señalado las incongruencias de aceptar esta norma, la cual hubiera impedido el ejercicio de brillantes historiadores como Jorge Basadre o Raúl Porras. La respuesta de quienes impulsan el proyecto es que eso sucedía en otros tiempos, pero ahora no es posible permitirlo por la profesionalización existente. Entonces, de admitir esta idea, el Colegio no mira al futuro, solo al pasado, se estaría afirmando que en los tiempos venideros nadie que no provenga de la licenciatura será capaz de investigar y publicar como historiador. Así, en el futuro no contaríamos con estudiosos de la talla de Heraclio Bonilla, Nelson Manrique, John Murra, y muchos otros más, debido a que no serían admitidos en el Colegio por no ser historiadores de profesión, lo cual impediría que ejerzan como historiadores públicamente. Es cerrar la investigación para el futuro, de esta manera no se la promueve, por el contrario, se la empobrece. Incluso, el proyecto cierra las puertas en el futuro a los numerosos historiadores regionales y locales que son autodidactas como lo fue María Rostworowski. Muchos conocemos infinidad de trabajos de intelectuales de provincia, quienes han presentado valiosas investigaciones publicadas como historias locales de gran importancia. Sus autores no podrían participar en eventos dirigidos a los historiadores ni dialogar con ellos.

Un último punto. Se afirma que en las convocatorias para concursos públicos los historiadores pierden las plazas por no estar colegiados. Esto es cierto, pero porque quienes convocan aplican indebidamente los requisitos. Las disposiciones actuales exoneran a los historiadores de la colegiatura porque no contamos con  ella. Lo que hay que hacer es exigir el cumplimiento de la ley y no proponer la creación de esta instancia. El colegio de historiadores promovería la exclusión porque no es necesario tener el título de licenciado para obtener maestría y doctorado en historia. Así, lo que ocurriría es que un licenciado en historia (quizá por examen) le ganaría una plaza de trabajo a un magister o doctorado. No hay que olvidar que la licenciatura es un título, no un grado, es la licencia para ejercer validada por el estado. Los grados son: bachiller, maestría y doctorado, y en una carrera académica como la historia, los dos últimos permiten la especialización y la investigación. Todo lo demás es populismo histórico.

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