Hildebrando Castro Pozo Díaz

De cómo el incumplimiento o infracción por las empresas concesionarias de telecomunicaciones en lugar de aplicar la consiguiente rescisión conlleva un premio y su renovación.

Debemos convenir que para conocer de donde cojean nuestros gobernantes hay que tener mucho cuidado con estudiar sus mandatos y normas sobre todo durante el primer y el último año de gobierno, dado que en esos tiempos es cuando se pone en toda evidencia las verdaderas y reales intenciones de los señores gobernantes.

Propongo que se ponga bajo la lupa el Decreto Supremo Nº 036-2010-MTC del 26.07.2010 que suscribe Alan García Pérez, por el que -en el último año de su gobierno “inocentemente” o “técnicamente” cambia las reglas para la renovación de concesiones del sector transportes y telecomunicaciones (y que “casualmente” tienen que ver con sus amigotes de Telefónica SAA) norma que ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano, del 27 de julio de 2010.

Según dicho decreto de marras, Alan García  y su ministro de transportes, modifican el Art. 196º del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por el D.S. Nº 020-2007-MTC, que fija el procedimiento aplicable nada más y nada menos que para la renovación de las concesiones en materia de telecomunicaciones. El Art. 2º del referido Decreto es la carnecita de la nueva norma pues aprueba el "Método para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones".

Claro que dicha nueva norma se presenta con ropaje “técnico” con el fraseo que tiene por objetivo definir la metodología que se utilizará  para evaluar el cumplimiento de las obligaciones incluidas en los contratos de concesión, en las disposiciones normativas del sector telecomunicaciones y otras que resulten aplicables según el contrato de concesión respectivo.

El numeral V del Informe de Evaluación del "Método para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones" se instituye como el instrumento clave para la renovación de estas “preciadas” concesiones.  Por lo mismo, extraña sobremanera el criterio establecido en el numeral 78 en el sentido que en dicho procedimiento y evaluación "no se debe calificar como incumplimiento, situaciones que se encuentren en litigio en sede administrativa, judicial o arbitral", (sic) proponiendo más bien que "si en un procedimiento para la última renovación gradual o para la renovación total, existieran incumplimientos en litigio, el número de meses o años que implicaría el considerar estas infracciones como incumplimientos, será  otorgado en renovación provisionalmente hasta que se concluyan estos procesos".

Los extraños criterios que se aprueban por el D.S. Nº 020-2007-MTC de marras, resultan inclusive más laxos que los aplicables a los procedimientos que se sigue para tramitar una simple licencia de conducir, y consideramos que: i. colisionan con la naturaleza, el propio concepto y alcances del contrato de concesión según el cual se trata de un acto administrativo por el cual el Estado otorga el aprovechamiento de un servicio público, por un plazo establecido. ii. Asimismo, se aparta de la regla según la cual cuando en la vía administrativa surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, se suspende aquel por la autoridad que conoce el mismo a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio; iii. Por lo demás, se tergiversa el concepto de ejecutoriedad del acto administrativo –en este caso del contrato de concesión, para que no se cumplan los términos y el plazo estipulado en el contrato de concesión, añadiendo y otorgando graciosamente nuevos plazos al concesionario.

Todo ello podría directa y francamente denominarse: "De como un incumplimiento o infracción por las empresas concesionarias de telecomunicaciones en lugar de su rescisión conlleva un premio y su renovación de la concesiones por el gobierno aprista de Alan García Pérez".