Ricardo Soberón

El 17 de junio de 1971, mientras se iniciaba el ciclo que terminaría con la derrota militar y posterior salida del ejército norteamericano de Vietnam, el entonces presidente Richard Nixon daba su discurso que declaraba al narcotráfico como una amenaza a la Seguridad Nacional de los EE.UU, dando inicio a un largo ciclo de 40 años de errores, fracasos y efectos colaterales de esta guerra contra las drogas.

A partir de ese momento, los esfuerzos políticos presupuestales, policiales y militares de los diversos organismos de los EE.UU. (FBI, DEA, Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, Comando Sur, Consejo Nacional de Seguridad, entre los más importantes), han estado dirigidos a pelear una guerra falsa (citando el libro de Michael Levine, un ex agente de la DEA decepcionado de los fracasos y contradicciones de la labor de su organización). Esta escalada ha estado sustentada en la aplicación de políticas domésticas, pero sobretodo en la aplicación de la guerra en aproximadamente 40 países productores, entre ellos, Laos, Afganistán, México, Colombia y Perú.

Para ello sucesivos gobiernos norteamericanos republicanos y demócratas- han solicitado y obtenido de sus Congresos, una creciente cantidad de fondos aplicados en la Reducción de la Oferta (de cultivos de coca, amapola y cannabis), bajo el concepto que “es más fácil matar a las abejas en el panal”. Un promedio de US$ 20,000 millones anuales, se han venido entregando para librar una guerra basada en la interdicción, y solo posteriormente, en el desarrollo rural alternativo.

Desde 1989, con el advenimiento de la Iniciativa Andina promovida por George Bush padre, hemos atestiguado la erradicación de cultivos de forma forzosa, mediante la fumigación química (con glifosato) y biológica (con el hongo fusarium oxysporum), la represión de miles de campesinos cocaleros en Colombia, Perú y Bolivia –en este último país fue esta represión indiscriminada y sus efectos en materia de violaciones a los DD.HH que permitieron la ascensión al poder de Evo Morales-. Las Cumbres de Cartagena en 1990 y San Antonio en 1991, fueron meros ejercicios discursivos, pero que permitieron a Washington concentrar el interés de los países andinos para librar una guerra no deseada ni promovida desde los Andes. A partir  de 1988 la ONU se convirtió en el paraguas de esta guerra a través de los mecanismos de las convenciones internacionales de 1961, 1971 y 1988. A propósito, en los próximos meses, se cumplen 50 años de la primera de tales convenciones.

Conforme pasaron los años, los presidentes y los intereses fundamentales de los EE.UU., particularmente en el caso de América Latina, la Guerra contra las Drogas desatada por Nixon pasó por el “Plan Colombia” (2000-2005), mayor instrumento de apoyo económico para emprender al mismo tiempo la guerra contra los cultivos y la guerra contra la guerrilla de las FARC. En ambos cados, y a pesar de algunos éxitos cosméticos de los gobiernos colombianos de turno (Uribe y Santos), el “Plan Colombia” ha sido un fracaso, ha permitido la modificaciones de los otrora carteles de Cali y Medellín en nuevas bandas organizadas que hoy se llaman BANCRIM (más de 400 de ellas, mayormente integradas por paramilitares desmovilizados en el 2006) que hacen inútiles los esfuerzos de la fuerza pública colombiana, a pesar de las incautaciones, capturas y decomisos.

Mientras tanto, la economía de las drogas declaradas ilícitas se mueve bajo códigos y ciclos muy distintos, que le permiten modificarse permanentemente, para responder a los esfuerzos que hace la comunidad internacional para atenuar la oferta y demandas ilícitas. La existencia de entre 15 y 19 millones de personas que usan cocaína en el mundo occidental, así como los niveles de pobreza rural existentes en las laderas orientales de los Andes amazónicos, se convierte en los factores estructurales que hacen inútiles los esfuerzos de los guerreros de la lucha antidrogas, desde William Bennett en los inicios de los 90, Barry Mc Caffrey  y hora Gil Kerlikowsky, en su momento zares antidrogas norteamericanos conductores de la cruzada contra inmigrantes, población afro, indígenas. En paralelo, la economía y el sistema financiero occidentales han permitido la inserción de una economía que moviliza US$ 400,000 millones anuales, y que usa el sistema financiero para lavar sus activos.

¿Qué tenemos en la actualidad? El mayor consenso que puede tener el mundo es que esta guerra ha sido un fracaso y requiere cambios estructurales. Para empezar que EE.UU. deje a cada país adoptar decisiones autónomas e independientes en la materia, evitando costos colaterales en materia de derechos humanos (salud, desarrollo para citar dos ejemplos).El principio de corresponsabilidad debe ser revisado, pues el peso de la guerra es soportado por países pobres mientras la cooperación internacional sigue retrocediendo a cambio de políticas neoliberales que han ayudado (ver www.ciddh.com) a cimentar las bases de la concentración de la tierra, apertura de mercados de materias primas, la desregulación del sistema financiero, elementos todos que han favorecido el narcotráfico. Así pues, aunque Nixon sea reconocido por el escándalo de Watergate, debemos recordarlo tristemente como el promotor de una guerra sin sentido que exige un fin cercano, al menos en el Perú a partir del 5 de junio próximo.