Iván Mendoza

El discurso inaugural del Presidente Ollanta Humala muestra su decisión de orientar la acción de su gobierno hacia programas sociales y reforzar el papel del estado en la economía. Esto es en sí un cambio importante respecto a lo que otras administraciones han venido haciendo en los últimos 20 años, pero para que éste sea sustantivo (y sustentable), falta dibujar con claridad la visión del desarrollo que el nuevo Presidente tiene para el Perú. El pensamiento políticamente hegemónico en el Perú ha logrado formar un consenso amplio respecto a la necesidad de mantener una economía de libre mercado y abierta al exterior, cuidar los equilibrios macroeconómicos y asignarle al estado un rol subsidiario.

El Presidente Humala ha expresado su deseo de respetar estas premisas, aun cuando desde las filas del mismo pensamiento liberal se pone en duda la capacidad del mercado para producir inclusión y, a raíz de la última crisis financiera internacional, para autorregularse. A través del Presidente y diversos voceros, Gana Perú ha declarado su intención de aplicar políticas en favor de la inclusión y la redistribución social, principalmente a través de programas sociales “estrella” como “Pensión 65”, “Cuna más”, “Beca 18”, entre otros, negociando además un impuesto a las sobreganancias de las empresas mineras, con el cual se espera incrementar los recursos fiscales para la ejecución de las mismas. Los ofrecimientos de la campaña electoral y el discurso del 28 de julio presentan estas medidas como las metas principales, lo que podría dejar la impresión de que para el nuevo gobierno, el desarrollo incluyente se logra casi exclusivamente a través de políticas sociales.

Es obvio sin embargo, que los cambios que el país requiere para ello no pueden limitarse a la aplicación de programas sociales, por más justos y masivos que éstos sean. En el mejor de los casos, éstos servirían de paliativo a los efectos excluyentes del estilo de desarrollo vigente. El problema reside quizás en considerar que el modelo de libre mercado sólo puede basarse en las grandes empresas (nacionales y extranjeras) y las megainversiones en el sector extractivo, las comunicaciones, la gran industria, infraestructura, las finanzas y la construcción. En el marco de las reglas de juego que el Presidente Humala se ha comprometido a respetar, puede apostarse sin embargo a un estilo de desarrollo distinto, que brinde mayores oportunidades a la población, reduzca la pobreza y las desigualdades. Para ello, deberían abordarse asuntos clave acerca de los cuales se ha escrito con profusión, como es el caso de la educación, la salud, la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, con cuyas reformas es difícil estar en desacuerdo.

Es necesario sin embargo pensar también en otros temas estratégicos, directamente relacionados con la esfera económica: 1) el desarrollo rural y; 2) el impulso a las microempresas. Como se sabe, el grueso de las personas en situación de extrema pobreza del Perú está en el campo, especialmente en los departamentos del sur andino (1). Es acertado priorizar los 800 distritos más pobres del país para aplicar allí los programas sociales ofrecidos; una visión integral debería incluir un componente que incentive el desarrollo de las economías campesinas, facilitando su inserción exitosa al mercado, difundiendo innovaciones tecnológicas sencillas y ambientalmente sostenibles, que permitan incrementar la productividad.

Al respecto, existen una serie de propuestas, entre las que cabe destacar las presentadas por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) en marzo del presente año. La implementación de planteamientos como los que éste propone elevaría el gasto público en áreas rurales en un 43% anual para el período 2011-2016, lo que se considera factible, pues los montos absolutos, en el mejor de los casos, representan un 10% del presupuesto público anual. De este modo, y sin perjuicio de darle continuidad a las reglas que incentivan las grandes inversiones en los valles costeños, se apostaría también a un desarrollo basado en la pequeña agricultura y las economías campesinas con ventajas comparativas en distintas áreas de la costa, de la sierra y de la amazonía, lo cual involucraría a decenas de miles de productores.

El otro eje que permitiría reorientar el estilo de desarrollo imperante sin violentar las reglas del mercado, sería la promoción del sector de la micro y pequeña empresa. De acuerdo a cifras del IV Censo Nacional Económico del 2008, los establecimientos censados con menos de 10 trabajadores, donde están sin duda las microempresas, constituían el 97% del total, representando el 12.4% del valor de la producción estimada(2). Se estima que prácticamente un 20% de la PEA ocupada se encuentra en el sector microempresa, con un ingreso promedio que representa un tercio del trabajador de la mediana y gran empresa (3). Es aquí sin duda en donde se encuentra un fuerte componente de la PEA subempleada y de los pobres urbanos del país. Es en estas unidades económicas donde habría que brindar alternativas de mejoramiento, innovando el estilo de desarrollo nacional. Promover un desarrollo donde las pequeñas inversiones constituyan uno de sus soportes fundamentales, no necesita introducir grandes transformaciones en las reglas de juego que el nuevo gobierno se ha comprometido a respetar. Las ventajas serían evidentes: se dinamizaría y se integraría competitivamente un importante sector, con el consiguiente incremento en los ingresos de grupos sociales mayormente empobrecidos y subempleados.

Al igual que en el caso del desarrollo rural, en este existe también una comunidad de expertos que han desarrollado interesantes propuestas. En síntesis, la visión de un país más inclusivo y con oportunidades para todos, pasa por cambiar un estilo de desarrollo basado fundamentalmente en megainversiones y en grandes empresas, el cual se ha erigido de hecho en el paradigma único de la economía de libre mercado. Por el contrario, las reglas de éste pueden continuar vigentes aun cuando se introduzcan ciertos cambios que promuevan un fuerte sector de pequeños productores rurales y urbanos dinámicos y activamente integrados al mercado, lo que tendría un gran efecto multiplicador en las economías locales y un impacto positivo y sostenible en los niveles de ingreso y capitalización, contribuyendo a reducir la pobreza e inequidad.

Los programas sociales ofrecidos en la campaña electoral son sin duda necesarios, pero no suficientes para una transformación que permita construir una sociedad próspera, igualitaria y socialmente estable. Para ello, es necesaria una visión integral del desarrollo nacional, que articule las políticas económicas y las políticas sociales, que respete el libre mercado, pero sin olvidar que éste, tal cual ha existido en los últimos 20 años en nuestro país, no produjo la equidad deseada y ha mostrado además serias limitaciones para autoregularse. Ha llegado la hora de pensar en impulsar un estilo alternativo que pueda lograrlo. Es de esperar que la próxima presentación en el Congreso del Presidente del Consejo de Ministros y las subsecuentes medidas que se vayan adoptando, contribuyan a aclarar este panorama.

Notas:

(1) Se estima que, en el 2010, un 14% de la población urbana es pobre (incluyendo el 1% en situación de extrema pobreza), frente al 49% de la población rural (20% en pobreza extrema). Cfr. Webb, Richard y otros: “Políticas de Desarrollo Rural”, CIES – Universidad San Martín de Porres, Lima, marzo del 2011, p. 15, cuadro N° 2.

(2) INEI: “Perú: IV Censo Nacional Económico 2008. Resultados Definitivos”, cuadro N° 21, p. 45. (3) Amat y León, Carlos: “El Perú nuestro de cada día”. Universidad del Pacífico, Lima, 2006, p. 177.