Intento comprensivo del actual escenario político

Primer acto. El presidente Humala asume el gobierno dejando atrás años de ser el líder opositor al modelo neoliberal. Juramenta el cargo luego de una  campaña electoral donde se consolida como la opción de cambio y de una segunda vuelta donde modera su discurso para atraer los votos de un centro que siempre le fue esquivo. Los tres primeros meses la gestión presidencial discurre con alta aprobación ciudadana; promulga algunas leyes, emite gestos significativos y posiciona un estilo efectivo….Pero la función apenas empieza y los actores entran en movimiento, perfilándose escenarios de disputa política e intensa conflictividad social…¿Qué ha cambiado en el espectro político, se ha avanzado en las reformas anunciadas, ha variado el perfil “progresista” del gobierno? Van aquí algunas ideas que esperan aportar a la comprensión del actual momento político.

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Después de la suscripción de la Hoja de Ruta, la alianza con Toledo y la incorporación de técnicos abiertamente neoliberales en su gabinete, quedaba claro que el gobierno de Ollanta no realizaría grandes transformaciones. No se volvería a la Constitución del 79 ni habría Asamblea Constituyente. Aun así, lo que podía hacerse era sumamente significativo para un país que estuvo a punto de volver a ser gobernado por la mafia Fujimorista. No es desdeñable entonces que el gobierno empezara reivindicando a los pueblos indígenas aprobando la Ley de Consulta Previa o promulgando el nuevo gravamen minero pese a la  contra campaña mediática difundida por la Sociedad Nacional de Minería. En similar sentido, la designación de profesionales de indudable honestidad, como por ejemplo la ministra Trivelli al frente del MIDIS, hacían ver que no se caería fácilmente en la tentación clientelar. Con apenas cuatro meses, el gobierno podría verse como  coherente con sus promesas de campaña y cualitativamente distinto a los años del “perro del hortelano”, los muertos en cada protesta, los líderes sociales enjuiciados, los faenones y otras perlas a las que estamos demasiado acostumbrados.

Pero aunque significativos, estos avances resultaron insuficientes teniendo en cuenta la histórica postergación de una parte importante de peruanos y peruanas. Poblaciones afectadas por la minería, cocaleros, mineros informales entre otros actores más temprano que tarde exigen respuesta a sus problemas, más aun tratándose de un gobierno por el que mayoritariamente votaron. No era de extrañar tampoco que el principal foco de conflictividad se ubicara en torno a la actividad extractiva, dada la cantidad de territorio concesionado, la importancia de los proyectos pactados y el descrédito de los mecanismos de fiscalización y control ambiental vigentes. Un descontento explicable además tomando en cuenta la actitud prepotente de las empresas, la sumisión de los gobiernos anteriores, una inefectiva redistribución de los beneficios y la percepción de expolio de las poblaciones. Prevenir estas protestas demandaba implementar prontamente reformas sustanciales y emitir mensajes políticos claros en materia de inversión extractiva. Las últimas movilizaciones en Cajamarca por el proyecto minero Conga evidencian que las reformas aún no se han concretado y que existe una abierta disconformidad de la población con la presencia de proyectos mineros de gran envergadura.

Agrega complejidad el hecho de que durante el gobierno anterior el Partido Nacionalista fue la principal fuerza de oposición al modelo. Cuando Ollanta asume la presidencia, con la participación de algunas personalidades y grupos de izquierda, la mayor oposición al régimen viene de la derecha. Pero al estallar las últimas protestas, el conflicto delinea el escenario propicio para la constitución de una “oposición por izquierda”, algo por lo demás legítimo y hasta necesario. El tema es que al tratarse de una izquierda fragmentada, agrupada en reducidos partidos, golpeada ideológicamente y sin mayor base social, su accionar se presenta desordenado y sus criticas incapaces de superar la polarización facilista.

En Cajamarca, donde meses atrás poco le importaba a Gregorio Santos y el Gobierno Regional la suerte de las lagunas, Patria Roja espera superar su habitual marginalidad sumándose a  las demandas de la población y criticando al mismo Ollanta al que solicitaron con fervor un lugarcito en Gana Perú. Es cierto que también existen nuevos esfuerzos que se declaran socialistas y apuestan por transformar radicalmente las relaciones sociales y con la naturaleza pero se han escuchado poco y de no engarzar sus propuestas con actores sociales concretos corren el riesgo de quedar a la saga de este “izquierdismo” tradicional.

Con estos elementos el escenario se delinea complicado. Desde el Ejecutivo, hay promesas de campaña incumplidas y reticencias a realizar reformas más profundas en temas de política económica e inversión extractiva. Desde el Legislativo no se evidencia aún una bancada nacionalista consolidada que apuntale las medidas y refuerce el horizonte progresista del régimen, quedando debilitada tras la sanción a Omar Chehade y otros congresistas. Desde los gobiernos regionales hay pugnas de poder en un marco de posibles revocatorias que llevan a las autoridades a plegarse a las protestas y trasladar demandas maximalistas al Ejecutivo. A esto se agrega la necesidad de  hablar más fuerte al reconocer los conflictos como expresión de una disconformidad real de la gente con  la actividad energético extractiva, con la forma en que se entregaron las concesiones, con la contaminación que generan, con los pocos beneficios económicos que traen, con el mal trato de las empresas  y sobre todo con la indiferencia de los anteriores gobiernos para escuchar sus reclamos.

En este marco y a la luz del conflicto por el proyecto Conga se presentan algunos elementos a tener en cuenta para entender el escenario. Primero respetar los contratos con las empresas no implica que no puedan hacerse modificaciones, suspenderse las operaciones e incluso cancelar los proyectos cuando no han respetado debidamente los procedimientos. Segundo, los conflictos van a continuar y afrontarlos requiere concretar medidas destinadas a un manejo cualitativamente distinto de la  política extractiva ambiental, incluyendo rediseños institucionales para la fiscalización  y reformulación de mecanismos hoy deslegitimados como los estudios de impacto ambiental (EIA). Tercero, pese a los casi quince años de oposición al modelo extractivo los actores sociales no superan la fragmentación y no cuentan con instancias nacionales que aporten a salidas programáticas del problema. Cuarto, contamos con una “oposición por izquierda” que ojala enriquezca el debate y presione por el respeto efectivo de derechos  y no enturbie el panorama con posturas intransigentes. Quinto, el gobierno no cuenta con una base partidaria que acompañe y refuerce las iniciativas pues no existen instancias, cuadros y/o  operadores que refuercen sus decisiones y disputen posiciones en el campo popular y la opinión pública.

Finalmente, más allá de la exacerbación de los ánimos por la conflictividad de las últimas semanas, debe tenerse en cuenta a) que las posibilidades reformadoras de la gestión siempre fueron un escenario de disputa y b) que los sectores conservadores, con todo el poder del capital y el control de los medios de comunicación, anhelan que el gobierno pierda  apoyo social para imponer sus términos en mejores condiciones. Probablemente el desafío radica en cómo, sin perder la perspectiva crítica no se cae en la acusación fácil, el deslinde “cívico” o la exacerbación opositora, aspectos que poco o nada contribuyen a afianzar una orientación democratizadora a nivel social y también desde el poder político. Es cierto El campo de posibilidades aún no se ha cerrado; el gobierno puede aún ensanchar los límites de lo posible; presentar una nueva política frente a la inversión extractiva y desarrollar una manera distinta de relacionarse con el capital transnacional. Puede también promulgar nuevos  mecanismos de consulta y monitoreo ambiental que renueven la confianza de la población, los gobiernos locales y regionales y avanzar en la superación de la matriz primario exportadora. Queda mucha función por delante pero lo que se haga o no -en los meses que vienen- marcará la pauta de los siguientes actos y será decisivo para quienes queremos aún construir un país más justo y emancipado