El día lunes 30 de agosto miles de personas se congregaron -como ya es tradición- en el convento de Santa Rosa de Lima, con estampitas de colores, vestimentas religiosas y con presentes dedicados a dicha Santa. Un objeto común entre los asistentes era una carta, donde muchos de ellos plasmaban sus pedidos y deseos, como por ejemplo, el saber dónde está algún hermano desaparecido. Ello, porque también el 30 de agosto, el mundo conmemora y recuerda a todas las personas desaparecidas forzadamente durante dictaduras, conflictos armados o violencias políticas.

Actualmente en el Perú se calcula que hay 15 mil desaparecidos, cifra que sobrepasa a la establecida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Carmen Rosa Cardoza, miembro del Equipo Peruano de Antropología Forense EPAF, señala que esta cifra se ha obtenido “en base a trabajos de investigación de campo, lo cual nos coloca después de Guatemala y El Salvador, como uno de los países con mayor cantidad de personas desaparecidas a nivel de Latinoamérica, antes que Chile y Argentina, que son los casos más conocidos a nivel internacional.”

La tipificación de la desaparición forzada es que ésta es realizada por el Estado, lo que explica la poca o casi nula voluntad política de los gobiernos para apoyar este tema. Esto se refleja en que el Perú si bien ha firmado la Convención de Desaparición Forzada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha firmado ni ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas., En ese sentido, Cardoza informó que “según la Coalición Internacional contra Desapariciones Forzadas ICAED, el Perú a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado como respuesta que no la firmará”.

La realidad es que el tema, en este contexto post Comisión de la Verdad y Reconciliación, no ha sido tomado en cuenta como país ni apoyado por el Estado. “En la parte legal hay mucho atraso, por ejemplo el Ministerio Público no tiene por qué quedarse con los restos óseos, es absurdo, eso debe seguir su curso de investigación en el proceso judicial”, nos dice Cardozo.

Trabajar el caso de las personas desaparecidas no implica “dejar recuerdo sólo de nombre y DNI, sino de devolverle su calidad ciudadana y humana, demostrar que esa persona existió, los familiares buscan respuestas y el Estado no puede dar esa respuesta porque no ha elaborado una búsqueda sistemática de los cuerpos, llevamos 13 años buscando que se lleve a cabo un proceso integral para devolver el cuerpo a sus familiares”, enfatizó Cardoza.

Por tal motivo, dentro de las estrategias de campaña para concientizar y sensibilizar a la sociedad con respecto a los desaparecidos, EPAF maneja un Área de Memoria Histórica, donde se realiza trabajos para contactar a los familiares de casos específicos para obtener relatos y brindar a la fiscalía casos elaborados y aportar en el avance del proceso judicial. También participa junto a otras instituciones en proyectos de solidaridad como la “Chalina de la esperanza” y “Paraguas de la Humanidad”, que permite a las personas involucrarse e informarse sobre el tema.

En nuestros días, existen muchas familias incompletas esperando alguna respuesta sobre el paradero final de sus seres queridos que hace varios años no han vuelto a ver, y muchos fallecen esperando respuestas sobre dónde está su hermano, donde está su madre, dónde está su hijo. Y así como miles se acercan a llevarle cartas a la tumba de Santa Rosa, otros miles quisieran poder llevarle rosas a la tumba de sus seres queridos desaparecidos.