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El diálogo imposible

Enviado el 01/09/2010

Paulo Vilca

Hace un par de semanas, en una entrevista a una revista local (1), el politólogo Eduardo Dargent señalaba con agudeza, que la esfera pública de discusión política en el Perú era muy pobre porque se encontraba entre dos extremos: por un lado, una tendencia muy de derecha, violenta y optimista, y por el otro una izquierda que todo lo ve mal; lo que finalmente reduce todo a discusiones donde el diálogo es inexistente e impera la violencia verbal.

Traigo esto a colación a raíz del “debate” que se realiza desde hace un buen tiempo alrededor del derecho a la consulta, el cual parece estar adquiriendo ribetes inesperados con enfrentamientos y ataques que distan mucho del diálogo que supuestamente se pretende impulsar. Un ejemplo de ello es un artículo publicado por el especialista en derechos indígenas, Bartolomé Clavero (2), en el que éste acaba denunciando a la Defensoría del Pueblo como un actor sospechoso de atentar contra los derechos de los pueblos indígenas, y de paso deja sin piso cualquier decisión u opinión que pudieran emitir el Tribunal Constitucional peruano, la Organización Internacional del Trabajo y el mismo Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

Clavero empieza manifestando, con acierto, su preocupación ante la probable aprobación de un texto de ley de consulta que no esté acorde con lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, luego de las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo. Y a renglón seguido desarrolla una amplia argumentación en la que acusa enfáticamente a la Defensoría del Pueblo de suplantar, ignorar y despreciar la voz de quienes dice defender, es decir los pueblos indígenas, y por tanto es prácticamente la responsable de las vulneraciones a los derechos de dicha población así como de atentar contra la convivencia pacífica en el país.

La gravedad y tono de las acusaciones de Clavero sólo encuentran parangón en una manifestación surgida del otro lado de la orilla política hace poco más de un año, cuando Aldo Mariátegui, a raíz del conflicto en Bagua, acusaba peyorativamente a la Defensoría del Pueblo de obstaculizar la acción policial y ser incondicional de AIDESEP (3).

Volviendo al presente, no pretendo discutir los argumentos jurídicos de Clavero sobre los alcances del derecho a la consulta, tampoco las consecuencias que conllevaría para la institucionalidad democrática ignorar las resoluciones del Tribunal Constitucional y menos evaluar el rol de la Defensoría del Pueblo en este tema (derecho que corresponde a cualquier persona por lo demás); sólo quisiera manifestar cierta desazón ante la forma poco respetuosa en que se impugnan las opiniones diferentes, el “esencialismo” que acompaña la propia posición y el facilismo para desautorizar y atacar aquello que no compartimos.

Que Aldo Mariátegui incurra en tal actitud no me sorprende, pero encontrar posiciones igual de descalificadoras en quienes defienden el derecho a la consulta (que es precisamente la consagración del diálogo para llegar a un acuerdo), me hace pensar en un futuro sombrío para los procesos de consulta que deben iniciarse en el país, donde la confrontación será la marca que determine las negociaciones y en donde aquellos que no estén con nosotros, seguramente estarán contra nosotros.

Si en democracia, el objetivo del ejercicio político es la búsqueda de acuerdos que hagan posible una mejor convivencia y el respeto de los derechos ¿dónde quedan los principios que deben regir los procesos de diálogo y que la propia propuesta de ley de consulta señala?, ¿o es que éstos sólo son enunciados que sirven para rellenar una norma legal?

La ley de consulta aún no ha sido aprobada y el contexto político que se va generando alrededor de ésta se encuentra lejos del consenso mientras las posiciones parecen radicalizarse más cada día… en suma, entramos a un escenario de diálogo imposible. Eduardo Dargent tenía razón.

Notas:

(1) Revista Somos N° 1237, sábado 21 de agosto del 2010.

(2) Perú: Ley de Consulta, Defensoría del Pueblo, Voz Indígena. http://www.servindi.org/actualidad/30323

(3) Sobre el Baguazo
http://www.correoperu.com.pe/correo/columnistas.php?txtEdi_id=4&txtSecci...
 

Comentarios (2)

La Defensoría del Pueblo es

La Defensoría del Pueblo es una gran conquista de la democracia peruana, pero no es infalible ni intocable, puede criticársele.
Bartolomé Clavero hace dicha crítica sin concesiones, evidenciando la inconsecuencia del discurso de una institución que no debiera permitirse concesiones en cuanto a la vigencia de los derechos humanos, al menos en lo referido a este tema del derecho a la consulta.
Creo que su artículo crítico, Sr. Vilca, renuncia a entrar en el debate de fondo tal como usted mismo lo manifiesta al decir que no pretende discutir los puntos que Clavero critica en su artículo a la Defensoría del Pueblo.
Me pregunto entonces si es posible criticar la crítica de un tercero, sin entrar a explicitar las razones para ello, limitándose solo a una valoración subjetiva, respetable, pero finalmente subjetiva.
Léase el artículo de Clavero, y se encontrará buenos argumentos y un reconocimiento del papel positivo de la Defensoría: una crítica equilibrada pero crítica al fin y al cabo. Y con fundamentos, no con excusas.

Saludos cordiales,
Marco Huaco

Paulo, Me parece que tienes

Paulo,

Me parece que tienes razón en señalar formas de intolerancia en nuestra cultura política que trascienden las líneas ideológicas. Posiciones esencialistas, intentos de descalificación de voces discrepantes, desautorización de argumentos contrarios sin análisis real, son parte cotidiana de las "estrategias" que se consideran válidas en la "confrontación de ideas" (que es como preferimos pensar el diálogo) en nuestra cultura política. Personalmente pienso que aunque la gravedad de las acusaciones de Clavero y Mariátegui son comparables, el tono empleado por ambos sí presenta diferencias importantes; sin embargo concuerdo en que dentro de todo se trata de estilos que eligen la radicalización del discurso y terminan construyéndose de manera intolerante o cerrada.

Con lo que sí creo que discrepo más es con la tesis de Eduardo Dargent sobre una esfera pública empobrecida y polarizada. Mi punto no es afirmar lo contrario (que es más bien una esfera de buen nivel y consensuada hacia el medio) sino más bien que un análisis de la esfera pública no puede reducirse a lo que dicen algunos columnistas de diarios, líderes de partidos políticos que en general ya no tienen arrastre popular o siquiera los propios politólogos, sino que tiene que incluir también a los actores sociales y a los nuevos movimientos sociales y políticos que no necesariamente tienen una voz visible y privilegiada en los medios de comunicación, pero sí tienen poder de convocatoria. Por supuesto, no se trata de idealizar a los movimientos y asumir de plano que se trata de fuerzas necesariamente democratizadoras, pero no se puede ignorar que juegan un rol importantísimo en los procesos de toma de decisiones políticas por lo que sus demandas merecen ser escuchadas directamente y sin intermediarios. El análisis de Dargent olvida que no en la esfera pública no sólo hay candidatos y analistas, sino también y sobre todo actores sociales que hoy eligen intervenir directamente en los procesos de toma de decisiones.

En el caso del ejemplo que citas, el la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, creo entonces que más allá de lo que digan Clavero y Mariátegui, tenemos que hacer un esfuerzo por escuchar lo que dicen AIDESEP y las organizaciones sociales que defienden la Ley, así como lo que dice el gobierno en respuesta. Es decir, conviene escuchar en estos temas las voces de quienes actúan directamente y no sólo de sus intérpretes.

Saludos,

Carmen

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