Ricardo Soberón

En los últimos días, hemos sido testigos de varios de las paradojas de esta “guerra” que el próximo 17 de junio cumple 40 años desde que el Presidente Richard Nixon –si el mismo de Watergate- declaró que el narcotráfico constituía una amenaza para la seguridad de EE.UU. A partir de allí, hemos visto la cooperación con América Latina, el plan Colombia, la iniciativa Mérida y la actual estrategia de lucha contra el crimen organizado en América Central. Anualmente se gastan US$ 100,000 millones en represión y los resultados son inexistentes.

En una semana que está por definirse el futuro político del Perú, aparece el tema de las drogas, el narcotráfico, la cooperación internacional como temas pendientes, pero colaterales al debate político. Todas las evaluaciones (UNODC, Dpto de Estado, JIFE), parecen indicar que los 5 años del gobierno de Alan García no han sido positivos. ¿Qué problemas hay pendientes? Fijémonos en tres.

La actuación policial y administrativa. Somos testigos que existe un fuerte componente de distinto tipo de conductas incorrectas y corruptas, por parte de elementos de la PNP. Especialmente problemas de sindicación por terceros, sembrado de drogas, negociaciones antes de la llegada del fiscal a la sede policial. Por otro lado, DEVIDA nunca cumplió su papel de director de orquesta de la burocracia estatal, en la ejecución y seguimiento de la Estrategia Quinquenal de Control de Drogas.

En el Perú, existe un comportamiento jurisdiccional que pretende ser severo con el delito de TID, pero solamente con los eslabones más débiles de la cadena ilícita, mientras carece de las herramientas necesarias para combatir con eficacia al crimen organizado. Nos parece que una reforma procesal penal incompleta y carente de recursos, no garantiza resultados en materia de descongestión y reducción de los índices de detención preventiva. Hay la necesidad de poner recursos, obtener la voluntad de la magistratura para re conducir CERIAJUS y un buen manejo de la criminalidad organizada.

Cuando analizamos la composición de nuestras cárceles nos encontramos con el mismo perfil. Tenemos trabajando un Consultorio Jurídico en  el Anexo de Chorrillos y precisamente, la situación penitenciaria es calamitosa: hacinamiento, detenidos sin definir su situación. Es más, estamos viendo el caso de CRS (31), procesada por tráfico de 15 kilos de cocaína. Es natural de San Martín, madre de dos hijos menores y a quien se le ha diagnosticado un cáncer agresivo al estómago y solicitamos la acción inmediata del Ministerio de Justicia.

Finalmente, el próximo 2 de junio, se realiza la reunión en Nueva York de la Asamblea General de la ONU. Allí se aprovechará para que la Comisión Global de autoridades, presenta su informe sobre la situación, acompañada de 500,000 firmas que piden al Secretario General  un cambio: ¡Pongan fin a la Guerra contra las Drogas!

Si desea firmar la petición:

http://www.avaaz.org/es/end_the_war_on_drugs_la/?copy