Jairo Rivas Belloso

Al final, siempre se vuelve sobre los trabajos bien hechos, fundamentados, solventes.

Llego a esta conclusión al revisar el debate de las últimas semanas sobre la necesidad de recordar el período de violencia sufrido por el país, y de modo particular, la brutal violencia e insania de Sendero Luminoso, todo ello ante el intento de esta organización de reciclarse legalmente a través del MOVADEF.

Para enfrentar los vacíos en la memoria de las generaciones jóvenes, varios han planteado la necesidad de contar la historia, recordarla, transmitirla, y para ello diversos actores políticos han propuesto recurrir al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Incluso quienes no comulgan con la totalidad de sus conclusiones la han señalado como un documento valioso. Y es que, a la fecha, no existe mejor fuente de información sobre el conflicto interno.

Solamente se oponen a esta propuesta quienes, en forma malintencionada, mienten en forma impune sobre el contenido del Informe de la CVR. Rafael Rey es el principal vocero de esta corriente, aunque no el único. Sin embargo, no tienen historia alternativa, sino apenas balbuceos que intentan, sin ningún éxito, imponer la versión que el fujimorismo pretendió hegemonizar y que hoy casi nadie se atreve a pregonar pues se cae de inexacta y tendenciosa.

Por ello, repito, se vuelve sobre lo bueno, sobre lo que intenta mostrar una verdad construida a base de los testimonios de quienes sufrieron el horror en carne propia, y que por ello mismo tienen las voces más indicadas para habitar en nuestro recuerdo personal y en la memoria histórica del país: las propias víctimas.

Algo parecido, creo, ocurre con el Registro Único de Víctimas (RUV). Con el estilo maledicente que caracteriza a los mediocres, algunos intentaron en el quinquenio anterior cuestionar el trabajo realizado con medias verdades y ninguna prueba. Ese discurso, a la larga, cae en saco roto.

Lo muestra, por ejemplo, que se tome como referencia el RUV como parte de la estrategia de defensa de los casos que el Estado peruano tiene ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y es que se considera al RUV como un instrumento que permite el reconocimiento oficial de las víctimas de la violencia. Así lo expresó el Embajador peruano ante la OEA en reciente discurso:

“En contextos democráticos, los Estados nos encontramos empeñados en superar los desencuentros y las heridas heredadas del pasado. En el caso peruano, un instrumento de particular funcionalidad para ese propósito, lo constituye el Registro Único de Víctimas y la implementación de un Plan Integral de Reparaciones a través de una ley especial, aprobada por el Congreso de la República”.

Y lo muestra también que, hasta sus propios críticos, hayan empleado la información del RUV para el diseño e implementación de los programas de reparaciones que se encuentran en curso.

La conclusión sigue siendo la misma. Ningún trabajo es perfecto, y estos que he mencionado no lo son, pero en última instancia el Estado termina recurriendo a lo que se ha elaborado con seriedad y dedicación. Lo demás es grito destemplado (o sean nada) de quienes no muestran más argumentos que el insulto o la mentira.